Siempre consideré desproporcionada la intención inicial del actual gobierno de materializar mediante el trámite legislativo más de una treintena de propuestas de cambios constitucionales y legales: reformas en los ámbitos de la salud, educación, política, tributario, justicia, carcelario, penal, laboral, pensional, minero, aduanero, electoral; entre otros. Aunque todas muy necesarias por la inequidad e injusticia que se presenta en esas áreas, no era políticamente factible que esas transformaciones se concretaran en un cuatrienio ni bajo la égida del Congreso de la República.
Un factor adicional que jugó en contra del avance de las iniciativas legislativas del Gobierno Nacional fue su incapacidad inicial de concitar un dialogo amplio y vinculante con otros sectores. Los proyectos de ley son absolutamente tangibles y las líneas rojas solo pueden ser el núcleo de la garantía de los derechos que ellos pretenden establecer. Políticamente, no era esperable que las propuestas del Gobierno Petro o de su coalición se aprobaran en comisiones y plenarias sin introducirles los cambios naturales del debate parlamentario.
Los gobiernos de periodo corto, como es el caso de Colombia, deben tener la capacidad de priorizar la acción gubernamental para que los cuatro años no se agoten en discurrir en todas las dolencias de la nación, sin la posibilidad de encontrar soluciones efectivas a algunas de ellas. Actuar en sentido contrario, indudablemente genera frustraciones o acciones que pueden ser tardías para enmendar la imposibilidad de avanzar en los asuntos fundamentales de la propuesta de Gobierno.
No se requería ser un vidente político para anticipar que el Congreso de la República, históricamente aliado del statu quo, y no del sentir popular se opondría a cualquier propuesta que amenazare darle más poder a los sectores excluidos y violentados por la desigualdad de este país. Por tal razón; las conclusiones que deja el sucesivo hundimiento de las reformas del actual gobierno en el Congreso de la República, eran completamente previsibles desde el día uno de este cuatrienio presidencial.
Cualquier mecanismo de participación popular que se proponga ahora para que el pueblo defina sobre las reformas es necesario, aunque puede ser tardío. Ese protagonismo que tuvo el Congreso de la República durante estos más de dos años para definir sobre las principales transformaciones de la nación, debió haberlo tenido el Pueblo mediante los instrumentos que la propia Constitución asigna.
El Congreso de la República no puede ser el cementerio de las reformas sociales que tanto necesita el país. Un gobierno nacido en un despertar popular no puede pretender avanzar en las transformaciones dejando de lado los múltiples mecanismos de participación social y de incidencia política contempladas en el ordenamiento jurídico y en el derecho de todas las naciones de construir sus propios caminos de dignidad.
Peco el Gobierno Nacional de ingenuidad política, y de no hacer uso de la principal estrategia para avanzar en su Plan Nacional de Desarrollo, la misma que lo llevo al poder: la movilización popular y la concreción de la voluntad mayoritaria de colombianos y colombianas de transitar por una ruta institucional distinta que permitiera golpear las estructuras de desigualdad imperantes aquí por décadas y ya siglos.
*Abogado y Magíster en Educación. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
