La Policía de la Ciudad ha intensificado, incluso más, la violencia contra trabajadoras sexuales. Tres detenciones por día registró en el barrio de Constitución el Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina (Ammar) durante el mes de febrero.

Desde el año pasado, el sindicato viene denunciando cómo un grupo de vecinos acosa a las trabajadoras sexuales con el apoyo del jefe de la Comisaría 1C, Sergio Gigena. Las persiguen, las graban y amenazan. Hasta el año pasado, difundían en redes vídeos y fotografías de las detenciones como una nueva forma de intimidación.

Pero a pesar de las múltiples denuncias, el hostigamiento ha empeorado. “Desde inicio de este año, estamos viendo un incremento muy alarmante en las detenciones en el espacio público, tanto en frecuencia como en violencia”, explica Georgina Orellano, secretaria general de Ammar. “Todos los días recibimos avisos y denuncias de compañarxs que son testigo o víctimas directas de operativos muy graves por parte de la policía, en los que son requisadas, golpeadas y robadas”.

Los efectivos argumentan que responden a los avisos que emite el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) sobre la sospecha de un eventual delito. La excusa predilecta es la supuesta venta o tenencia de drogas. “Esto le da el poder a la policía para que puedan detener en cualquier momento a las compañeras. En estas actuaciones, no participa ninguna fiscalía. Son detenciones completamente arbitrarias”, agrega Orellano.

Los operativos son altamente ultrajantes y humillantes. Las requisas las realizan en plena vía pública. “Nos hacen desnudar. Nos revisan entre las nalgas, en los genitales… Nos obligan a hacer cuclillas, nos manosean todo el cuerpo para ver si llevamos algo encima”, cuenta Yokari Márquez, trabajadora sexual trans. En una sola semana, ha sido detenida hasta cuatro veces.

Ammar registró en video cómo un grupo de cinco policías sometió a una mujer trans en Constitución el pasado 28 de febrero. La mujer aparece tirada en el piso boca abajo, en el medio de la vereda, con las manos atadas en su espalda y semidesnuda. Mientras, se escucha a sus compañeras gritar desesperadas en un intento para frenar el ataque. Los funcionarios igual la golpearon, la revisaron y luego la trasladaron a la comisaría, denunció la organización.

Aparte de los avisos emitidos por CMU, la policía se excusa en el Código Contravencional de la Ciudad. Este tipo de normativas se siguen usando en Argentina para criminalizar el trabajo sexual. El de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 96, considera una contravención la oferta o demanda “ostentosa” de servicios sexuales. Por ejemplo, la negociación en vía pública con un cliente.

Pero la policía las aborda y las detiene en cualquier momento, con cualquier pretexto. Muchas veces, ni dan explicaciones. “Están detrás de nosotras todo el tiempo. No solo cuando estamos trabajando. No podemos ir al chino a comprar, pararnos hablar con una amiga en la calle, pasear al perro, porque corremos riesgo de un nuevo ataque”, dice Yokari. “Te paran por cómo estás vestida, por tu color de piel, porque somos trans… Te hacen la vida imposible. No solo quieren que no trabajemos: ¡no quieren dejarnos vivir!”.

Ammar registró en 2023 a cerca de 220 trabajadoras sexuales en Constitución. El 60% de ellas son mujeres trans y muchas de ellas son migrantes. Del total, 200 son vecinas del barrio. Viven y trabajan en Constitución. “Nos arruinan la vida, nos arruinan el trabajo, nos arruinan todo”, insiste Yokari.