Los 16 militares implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de un niño y tres adolescentes en Guayaquil, Ecuador, participaron en la reconstrucción de la escena del crimen junto con autoridades judiciales y con la presencia de familiares de las víctimas.

Esposados y vestidos con su traje de camuflaje y chalecos naranjas, los uniformados regresaron al lugar donde el 8 de diciembre Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos en una operación militar tras jugar un partido de fútbol.

La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada. Sus cuerpos calcinados y con signos de tortura fueron hallados el 24 de diciembre cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Los militares están en prisión preventiva, pero aún no hay condenados por este caso.

Las autoridades realizaron bajo un fuerte operativo de seguridad la reconstrucción de las actividades de los militares, desde que detuvieron a los niños hasta que presuntamente los dejaron en un camino en la localidad vecina de Taura.

Usando chalecos antibalas, los familiares de los menores también asistieron a la reconstrucción en medio de calles cerradas con una cinta amarilla en la que se leía "escena del crimen".

"Queremos saber sinceramente qué pasó, por qué ellos actuaron así con los niños", dijo Ronny Medina, padre de Steven, el más pequeño del grupo. "¿Por qué se los llevaron, por qué no los llevaron a la policía, a las autoridades?", cuestionó.

Para participar en la reconstrucción de los hechos, los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana implicados fueron trasladados desde la cárcel de Latacunga hasta Guayaquil.

"Uno de los 16 es el que está narrando lo que ha pasado, una versión" de la desaparición, explicó Billy Navarrete, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).

Ubicado en el Pacífico y con una economía dolarizada, Ecuador se convirtió hace años en una de las rutas del narcotráfico. La fuga del líder de uno de los principales grupos criminales llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno, que permite el despliegue de las fuerzas armadas en operativos anticrimen.

La medida fue duramente criticada por organismos de derechos humanos. El CDH reportó al menos 27 presuntas desapariciones a manos de militares en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.