Mientras se propaga el anuncio de que el Gobierno va a reprimir, el juez federal Martín Cormick se prepara para ir a supervisar personalmente cómo Patricia Bullrich desplegará el operativo para impedir la marcha en apoyo a los jubilados.

El lunes, Cormick resolvió que monitoreará en terreno lo que pase en la zona del Congreso. En su despacho no precisan en qué horario se hará presente. Si bien la convocatoria está prevista para las 17, la presencia de las fuerzas de seguridad comenzó desde muy temprano.

“Irá con tiempo”, aseguran en los tribunales. Todo indica que lo hará acompañado por un funcionario de su juzgado. Cormick no es un juez penal. Es el magistrado que debe fallar sobre la constitucionalidad de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, popularmente conocida como el protocolo antipiquetes.

El domingo a la noche, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional (AI) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) le pidieron a Cormick que suspendiera el protocolo antimovilizaciones. 

“Que ordene al Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud, la libertad de expresión de quienes participen en protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos”, reclamaron.

En su escrito detallaron que la situación era crítica. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos 672 personas resultaron heridas el miércoles pasado. El caso más extremo es el del fotógrafo Pablo Grillo, que recibió un disparo de un lanzagases y está en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía.

Las marchas de los miércoles comenzaron en agosto pasado con la amenaza –cumplida– de Javier Milei de que vetaría la ley de movilidad jubilatoria. La semana pasada, la movilización fue más nutrida, especialmente después de que las hinchadas y la Coordinadora de Derechos Humanos de los clubes anunciaron que acompañarían a los jubilados, que venían siendo apaleados por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, Bullrich buscó presentar la protesta como una movida de las barras y un acto de sedición.

El viernes, Bullrich presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Como no aportó pruebas de sus acusaciones, el fiscal Franco Picardi le pidió que remitiera pruebas. El martes, el Ministerio de Seguridad informó que lo había hecho. Dijo, por ejemplo, que remitía imágenes de personas yendo a la marcha “portando camisetas”.  Participar de una protesta vistiendo una casaca de un club de fútbol no es delito, más allá de lo que estime la ministra de Seguridad.

Con su protocolo antipiquetes, Bullrich derogó la resolución 210/2011, que había impulsado Nilda Garré para proteger el derecho a la protesta y limitar el accionar de las fuerzas de seguridad. Garré había prohibido, tal como señaló el CELS, el uso de lanzadores de gas –sobre todo después de la experiencia que dejó el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén, donde quedó claro que las armas menos letales pueden convertirse en letales si son mal empleadas.

Si bien Cormick no aceptó suspender el protocolo porque, a su entender, sería adentrarse en el fondo, avisó que iría a monitorear la marcha. “El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”, afirmó el juez después de las escenas que dejó la represión de la semana pasada. Concurrirá, explicó en su fallo, para observar cómo se aplica el protocolo e incorporar de oficio prueba. 

"Nos parece sumamente importante su decisión para tomar registro de lo que suceda", opina Diego Morales, director de Litigio del CELS.

En las últimas horas, las organizaciones sugieron que la supervisión se apoyara en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura --que recorren todas las movilizaciones. 

La semana pasada, hubo pronunciamientos tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno de Milei respete el derecho a la protesta. Desde la oficina regional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, reclamaron, además, una investigación diligente sobre el ataque que sufrió Grillo.