El Gobierno quería evitar que el juez Alejo Ramos Padilla fuera quien revise los nombramientos en comisión en la Corte, pero la jugada salió mal. A contramano del deseo de la Casa Rosada, los tribunales federales en lo contencioso administrativo rechazaron reclamar la causa.

El flamante procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, desplegó una estrategia para correr de la cancha a Ramos Padilla. Planteó que debía ser la justicia federal en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires la que debería revisar el decreto 137/2025 a través del cual Javier Milei designó a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en comisión en la Corte pese a no contar con el aval del Senado.

Un día después de que Elisa “Lilita” Carrió fue a La Plata para pedirle a Ramos Padilla que la admitiera como amicus curiae (amiga del tribunal), el gobierno planteó una inhibitoria para intentar que el expediente saliera de la órbita del juez. Sin embargo, Castro Videla no tuvo éxito con la maniobra.

El fiscal Miguel Ángel Gilligan desestimó el argumento del gobierno de La Libertad Avanza, que insiste que, como el decreto se firmó en la Ciudad de Buenos Aires, debe ser la justicia federal porteña la que revise su constitucionalidad.

Según explicó el representante del Ministerio Público, “la ley 16.989 prohíbe la articulación de cuestiones de competencia en las acciones de amparo, carácter que corresponde atribuir en el caso a la pretensión inhibitoria, cuyo objeto consiste precisamente en el desplazamiento de la aptitud para conocer en el amparo”.

El fiscal Gilligan, además, resaltó que son solo el juez y el fiscal de la causa quienes pueden plantear cuestiones de competencia, “estando vedada a las partes tal posibilidad”. En esa línea y remitiéndose al dictamen del fiscal, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre rechazó el pedido del gobierno.

Para la Casa Rosada, la resolución es un baldazo de agua fría. El lunes, Ramos Padilla había notificado directamente a Milei que estaba revisando los nombramientos de García-Mansilla, quien ya está en la Corte desde el 27 de febrero, y de Lijo, quien se quedó en su juzgado a la espera de una resolución del Senado después de que la Corte le rechazara la licencia que había pedido. Lijo no quiere renunciar a su puesto en Comodoro Py por una comisión en la Corte que se extingue a finales de noviembre.

En realidad, no es el primer mal trago que tiene Milei en esta materia. En la Casa de Gobierno habían celebrado la rapidez con la que los cortesanos le tomaron juramento a García-Mansilla en una ceremonia exprés y secreta. Sin embargo, en la primera decisión, García-Mansilla, mostrando que ya se había aclimatado al ecosistema de traiciones y puñaladas por la espalda del cuarto piso del Palacio de Justicia, votó en contra de la inclusión de Lijo –su consorte de decreto– en la Corte. Se sumó a la dupla que conforman Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para manejar el máximo tribunal.

El Gobierno no es el único preocupado por el hecho de que Ramos Padilla esté revisando los nombramientos. Las versiones indicaban que la jura de García-Mansilla fue a las apuradas porque los supremos temían que llegara antes una cautelar del juez federal de La Plata impidiendo la austera ceremonia.

En diciembre de 2015, Ramos Padilla, mientras era juez federal de Dolores, frenó la designación de Rosatti y Rosenkrantz que había hecho Mauricio Macri por decreto. También suspendió el tarifazo y, hacia el final del gobierno de Cambiemos, destapó el escándalo de espionaje que tenía como personaje central a Marcelo Sebastián D’Alessio. Esas acciones le aseguraron la antipatía eterna del líder del PRO. Milei no debe sentir mayor estima por el juez después de que, días atrás, dictara una cautelar para frenar la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima.

El 28 de febrero pasado, Ramos Padilla se declaró competente para analizar las designaciones de García-Mansilla y Lijo a partir de unas presentaciones que habían hecho el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) –con las firmas de Mariano y Emanuel Lovelli–, Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) y María Eva Koutsovitis (La Ciudad Somos Quienes la habitamos).

Días después fueron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP) a solicitar que declare la inconstitucionalidad del decreto 137. En la misma línea se pronunció Carrió, que no será parte en el caso pero podrá aportar argumentos en carácter de experta.

Ramos Padilla ya inscribió el litigio en el registro público de procesos colectivos y explicó que los afectados podrían ser los "ciudadanos del país que, como destinatarios del servicio de justicia, tienen derecho al acceso a una justicia independiente e imparcial y a que se respete la Constitución nacional".

El lunes, Ramos Padilla le dio un plazo de diez días hábiles al Gobierno para que defienda los nombramientos. También les otorgó cinco días a García-Mansilla y a Lijo para que se presenten si quieren en el expediente para defender sus lugares en la cima del Poder Judicial de la Argentina. En la Corte cuentan, con un dejo de malicia, que García-Mansilla tuvo que firmar él mismo la recepción del oficio que le había enviado Ramos Padilla.