El Gobierno prohibió el uso de drones sobre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos como parte de una estrategia de control cada vez más explícita. Aunque las zonas de exclusión se formalizaron el 11 de marzo, la medida se conoció recién dos días después, tras la brutal represión frente al Congreso que dejó en estado crítico al reportero gráfico Pablo Grillo. Desde el oficialismo no explicaron la demora en el anuncio ni precisaron cómo se determinarán las excepciones a la norma. El punto clave, sin embargo, no es solo el área restringida: es cómo se impide que los drones vuelen.
Las restricciones fueron establecidas mediante dos NOTAM —avisos que regulan el espacio aéreo— emitidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a pedido de la Policía Federal y del Comando Aeroespacial. Según los documentos, las zonas prohibidas abarcan un radio de 926 metros desde el centro de cada punto y una altura de hasta 600 metros. Estarán vigentes hasta el 9 de junio.
- Casa Rosada: coordenadas 34°36'29" S / 058°22'15" W
- Quinta de Olivos: coordenadas 34°30'54" S / 058°28'46" W
- Altura máxima: 2000 pies (600 metros)
- NOTAM: C0364/2025 y C0365/2025
Además, se especifica la implementación de sistemas antidrones, aunque no se detalló ni el tipo de equipamiento ni su alcance. Las autorizaciones fueron tramitadas por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que coordina el espacio aéreo nacional.
Cómo se inhiben los drones
La medida no es nueva. Desde hace meses, el Gobierno comenzó a utilizar inhibidores de señal en eventos y zonas sensibles. Expertos en aeronaves no tripuladas consultados por este medio explicaron que estos sistemas consisten en dispositivos que emiten una señal de alta potencia sobre las mismas frecuencias utilizadas por los drones para comunicarse con su control remoto o con los satélites GPS.
El inhibidor actúa como un generador de ruido. Anula la señal de radiofrecuencia o la señal de posicionamiento, dependiendo del tipo de interferencia que se aplique. Si se corta el enlace con el control remoto, el dron entra en modo de emergencia: puede aterrizar automáticamente, desviarse o directamente estrellarse. Y si pierde la conexión con los satélites, ya no sabe dónde está.
También existen zonas de no vuelo (NFZ, por su sigla en inglés), predefinidas por la ANAC, que impiden siquiera el despegue. Estas áreas se cargan en los sistemas de geolocalización que utilizan los drones y pueden actualizarse ante eventos o decisiones de seguridad.
En el caso de la protesta de la semana pasada en plaza Congreso, la instalación de los inhibidores no estaba activa antes del ataque a Grillo. De todas maneras, la política de limitar los vuelos responde a una lógica previa: es una forma de bloquear imágenes que podrían demostrar el uso excesivo de la fuerza.
Control y relato único
Las zonas de exclusión para drones, combinadas con los inhibidores de celulares ya utilizados por el Ministerio de Seguridad, configuran un blindaje informativo. Este miércoles, antes de la marcha, circularon en redes pedidos para que los vecinos liberaran sus redes Wi-Fi ante la posible falta de señal.
La estrategia, inspirada en modelos de control como los de Estados Unidos o Israel, va más allá del argumento de seguridad. En un contexto de creciente violencia institucional, limitar la mirada aérea también limita la posibilidad de registrar abusos. En otras palabras: lo que no se ve, no se denuncia.
