Los vecinos de la localidad de Conesa, ubicada sobre la ruta 188, a 35 kilómetros de la rotonda de ingreso a San Nicolás y a 40 del centro, realizaron multitudinarias protestas durante los últimos días que lograron torcer la voluntad del jefe comunal, Manuel Passaglia. 

El objetivo de los pobladores era impedir el cierre del centro de salud, que el municipio intentó hacer de facto, sin que mediara ningún acto administrativo ni orden escrita. Todo comenzó cuando el viernes se llevaron la ambulancia, sin mediar ningún anuncio previo. 

Tras dos movilizaciones masivas, una de las organizadora de las protestas, Marilina Gabrielli, recibió un llamado de la municipalidad donde le anunciaron la marcha atrás de la medida. Pero en la tarde del miércoles, ya entregado el petitorio con varios centenares de firmas, aún no la habían devuelto. 

El jueves durante el día fueron devolviendo los tubos de oxígeno y el desfibrilador, los mismos que se habían llevado y por la noche llegó la ambulancia. 

El centro de salud, refieren los locales, es mucho más que una salita. Hay médicos de guardia y atienden varios especialistas, desde los indispensables como pediatra y ginecólogo hasta odontólogos, nutricionistas y profesionales de la salud mental. También hay o había un defibrilador, el único disponible en muchos kilómetros a la redonda.

La primera señal para los pobladores fue el año pasado, cuando algunos de los trabajadores que cumplen funciones allí alcanzaron la edad jubilatoria y no se designó a nadie para cubrir esas vacantes.

El viernes pasado, ante el llamado desesperado de vecinos y trabajadores municipales, concurrieron conjuntamente el concejal Pablo Del Litto (UxP) y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Rodolfo Cecchi. Comprobaron, como primera irregularidad, que el dispensario estaba vacío, a pesar de  lo medicamentos que reparte la provincia, incorporados en el plan Remediar.

En el petitorio ingresado por mesa de entradas, que lleva el número de expediente 9151/2025, los vecinos advierten que “es deber del municipio ocuparse de la atención primaria de la salud, y desde hace algunos años, la gestión viene suprimiendo cada vez más los servicios municipales en esta área, reduciéndolos al presente a su mínima expresión, con prestaciones limitadas y escasas”. 

También reclaman ser recibidos por el intendente, que en los cinco días que lleva este conflicto, no se pronunció públicamente al respecto. El malestar en Conesa, una localidad de poco más de trescientos habitantes donde todos se conocen, obedece a varios factores. 

Por un lado, es la localidad con mayor porcentaje de pago de tasas municipales, y menor  morosidad, de todo el partido de San Nicolás. A la vez, los habitantes de Conesa, en la última elección, optaron por los Passaglia en un porcentaje superior al sesenta. 

Por otro lado, la decisión implicaba la partida del pueblo tanto de Pedro Avendaño, chofer de la ambulancia y técnico radiólogo, y del médico Sergio Fleita, conocido por cubrir guardias más extensas que lo que exige su convenio. Se trata de dos personas queridas y respetadas por los conesenses.

Celia es una vecina conocida en el pueblo y dice que "todo lo que da plata, los Passaglia lo privatizan y lo que no, lo cierran. Ya pasó con el cementerio y con el registro civil, por ejemplo. Ahora es la ambulancia: nadie avisó, nadie consultó ni dio explicaciones. Se la llevaron de una", lamenta. "El pueblo ahora está tranquilo, porque decidimos darle plazo hasta el viernes, a ver si cumplen sus promesas. Si no, volveremos a movilizarnos".

Celia comenta un episodio reciente. "Justo en la manifestación del otro día, a una señora le dio un ACV. Tuvimos suerte porque la ambulancia estaba en General Rojo, pero si hubiera estado en viaje con un paciente, la señora no llegaba viva. Cuatro pueblos dependen de nuestra ambulancia".

Antecedentes

Dos años atrás, en plena campaña electoral de 2023, el anterior intendente y hermano del actual, Manuel Passaglia, hizo aprobar por ordenanza municipal, la denuncia del convenio que unía a los trabajadores municipales con IOMA. 

Como señaló entonces Buenos Aires/12, ese convenio tiene rango de ley, de manera que sólo podía deshacerse con otra ley. El año pasado, San Nicolás volvió a firmar con IOMA.

En ese momento, la movida perseguía dos objetivos. Uno  de caracter político, dañar a la figura del gobernador Axel Kicillof, que entonces buscaba su reelección e instalar a Passaglia en el escenario nacional, y otro económico, que consistía en privatizar el servicio.

Algunas fuentes señalaban al Grupo Oroño, pero luego, el servicio quedó transitoriamente en manos de la prepaga Avalian.