Este jueves los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) se manifestaron sobre el peaje del puente Rosario-Victoria, reclamando garantías sobre la continuidad laboral de unos 500 trabajadores, ante el vencimiento del contrato de concesión que mantiene la empresa Caminos Río Uruguay (Crusa) sobre tres rutas nacionales. Desde el gremio piden que se prorrogue el contrato, o que sea el Estado nacional quien se haga cargo de la tarea, manteniendo los puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores advierten que la intención del gobierno es liberar los peajes, hasta que se adjudique la explotación a otra empresa. “A pocos días de que finalice el contrato el gobierno no garantiza de que vaya a haber una continuidad laboral y la empresa tampoco garantiza el pago de las indemnizaciones”, cuestionó Cristian Pallé, el secretario general del gremio en la seccional Santa Fe.

La fecha límite es el 8 de abril. Ese día finaliza el contrato de concesión que la firma Crusa mantiene sobre las rutas nacionales 12, 14 y 172. Sobre esta última se encuentra el peaje de la estación Isla La Deseada, sobre el puente Rosario-Victoria, donde trabajan unas 60 personas. Pero entre las tres rutas, la situación mantiene en vilo a un total de 500 trabajadores de peajes. En ese marco, desde Sutpa se declararon en estado de alerta y movilización, e iniciaron una serie de asambleas por turnos, donde mantienen las barreras del peaje levantadas por tres horas durante la mañana, la tarde y la noche.

“Tomamos la decisión de manifestarnos para hacer visible el conflicto, porque no tenemos ninguna respuesta”, explicó Pallé en declaraciones a Rosario/12. “La empresa al día de hoy no nos puede garantizar el pago de indemnizaciones a los compañeros. Y el Estado nacional, con Vialidad Nacional como cara visible, no garantizan la continuidad laboral de los 500 trabajadores que hoy estamos en una situación de incertidumbre absoluta”, sostuvo el referente santafesino del Sutpa.

Este mismo jueves los representantes del gremio mantuvieron un encuentro vía zoom con autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación para hacer oír su reclamo. La reunión pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene, con la intención de que también puedan participar representantes del Ministerio de Transporte y de Vialidad Nacional. “Necesitamos que estén presentes estos actores, que son quienes pueden incidir sobre la continuidad laboral de los trabajadores”, detalló el dirigente. El próximo jueves 27 habrá otra protesta, esta vez convocada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Sutracovi).

A su vez, el conflicto tiene como telón de fondo el proceso de privatización de rutas nacionales anunciado por el gobierno nacional a principios de este año, con el llamado a licitación del corredor vial 18 que atraviesa las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Según el decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial el la intención es licitar unos 700 kilómetros de rutas nacionales en el plazo de un año. Por eso, desde el gremio entienden que el gobierno busca desentenderse del problema, ante la nueva licitación que se avecina.

En ese marco, desde Sutpa tienen en claro las alternativas que podrían tomarse para solucionar el conflicto. Uno de los pedidos es que el gobierno prorrogue el contrato de concesión a la empresa Crusa, hasta la toma de posesión de quien resulte adjudicatario. La otra opción es que los empleados continúen realizando el mismo trabajo para el Estado durante el tiempo que dure el proceso licitatorio, con la posibilidad de que el pliego contemple su incorporación dentro de la empresa que gane la licitación.

Sin embargo, los trabajadores denuncian una “falta de voluntad” por parte del gobierno nacional para resolver el tema. “Lo que están refiriendo desde el gobierno es que durante el proceso licitatorio, que va a llevar de ocho meses a un año, las trazas queden sin explotación por parte del Estado. Nosotros necesitamos que en esa transición los compañeros sigan trabajando hasta que venga la nueva empresa. Ya sea por medio de una prórroga a Crusa o que sea el propio Estado el que se haga cargo de los trabajadores”, evaluó Pallé.

“También creemos que en la licitación a la que llama el Estado nacional se debe tomar la decisión de incorporar a los compañeros dentro del pliego, para garantizar su continuidad laboral”, consideró el dirigente gremial. Y agregó: “Hoy el panorama es incierto porque recién empezó el proceso administrativo. Hubo dos audiencias públicas para hacer la presentación de los pliegos preliminares, pero aún no se sabe quiénes van a ser los oferentes y es un proceso que sabemos que lleva sus tiempos”.

 

Por último, además de la cuestión laboral, desde Sutpa plantean que la situación también puede traer otro tipo de consecuencias: “Como están las cosas hoy, a partir del 9 de abril no habría más explotación de la traza, lo que implica que no se va a cobrar peaje. Pero tampoco va a haber servicios sobre la ruta, por lo que el gobierno no está pensando en la vida de los usuarios. Rosario-Victoria es una traza de muchos kilómetros, con muchos puentes que deben ser atendidos y revisados. Lo mismo pasa con las crecidas o los animales que cruzan la ruta, y representan un peligro. Hay otros trabajos que se realizan y, si esto sigue así, van a dejar de hacerse”.