La Comisión de Legislación General del Senado de Salta comenzó esta semana el análisis de un proyecto de ley para prohibir el autodespacho de combustible en estaciones de servicio de la provincia. 

La iniciativa, del senador Miguel Calabró (Evita), representante del departamento La Caldera, va en sentido contrario al decreto 46/2025, por el que en enero último el Gobierno nacional autorizó en todo el territorio nacional el autodespacho como modalidad optativa. 

Como suele ser de su práctica, el Senado convocó el miércoles último a los actores del despacho de combustibles, directivos de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta (CESECA) y dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE).

Los encuentros fueron encabezados por el presidente de la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, Javier Mónico. 

En la apertura del encuentro Calabró planteó su preocupación por la seguridad de quienes intervienen en el proceso de autodespacho y por las fuentes laborales de los trabajadores de estaciones de servicio y dijo que su proyecto busca ser un disparador para conversar sobre el tema. 

El gerente de CESECA, Edgardo Romero, precisó que hoy la provincia cuenta con 225 puestos de abastecimiento de combustible de distinto tipo, de los cuales 102 son estaciones servicio, que contemplan 1.250 puestos de trabajo, con dotaciones de entre 8 y 30 personas en cada una. También dijo que existen tres módulos de abastecimiento, que consisten en un contenedor con un tanque aéreo de nafta y gasoil, instalados en parajes lejanos de Iruya, Rivadavia y Los Andes y a cargo de los municipios.

Romero habló asimismo de los estrictos controles de seguridad que deben atravesar las estaciones de servicio y que hacen que el índice de siniestralidad sea casi nulo, con personal altamente capacitado para afrontar incendios.

Sobre la posibilidad de implementar el autodespacho en Salta, consideró que hoy es muy difícil, y que no podría hacerse en lo inmediato, entre otras razones, porque se deben acondicionar los surtidores a un método de preventa. “Todo lleva su tiempo de implementación, no creemos que sea sencillo de implementarlo de un día al otro, hay que ver la idiosincrasia de las personas de nuestro país”, sostuvo. 

Desde su perspectiva, en cuanto a lo operativo van a seguir necesitando empleados para que realicen la tarea de instrucción, docencia y control del usuario y solo sería probable que lo utilicen los taxistas, remiseros y camioneros, que cargan combustible con más asiduidad.

Añadió que no se pueden arriesgar grandes inversiones en manos de los usuarios, poniendo como ejemplo el costo de cada surtidor, del orden de los 40 mil dólares.En cambio, “los empleados de las estaciones de servicio están altamente calificados para cubrir cualquier tipo de contingencia que se pudiera dar, sobre todo con el fuego”, afirmó.

No obstante, el empresario consideró que el sistema puede funcionar en los módulos de abastecimiento social, aclarando que hoy se permite instalar módulos privados bajo esa modalidad.

Por su parte, el asesor legal de CESECA, Dardo Ossola, alertó sobre la eventual inconstitucionalidad de una ley provincial que vaya contra la legislación nacional que cambió el paradigma en la materia.

El Sindicato de estacioneros, representados por el secretario gremial Fabricio Pintado y el tesorero Manuel Albornoz, respaldaron el proyecto de prohibición de autodespacho. Afirmaron que en el país hay 70 mil trabajadores que temen por la continuidad de sus fuentes laborales.

Asimismo, subrayaron que ya existen antecedentes a nivel nacional, con tres provincias que prohibieron el autodespacho, Jujuy, La Pampa y Buenos Aires, y hay otras que están estudiando iniciativas en este sentido. 

Pintado y Albornos consideraron que el sistema autorizado por el decreto libertario no trae beneficios para los usuarios, y pusieron reparos en la seguridad de la manipulación de combustibles por parte de quienes no están capacitados para ello.

También indicaron que para implementar el autodespacho se deben instalar surtidores distintos a los actuales, por lo que en un primer momento podría haber estaciones de servicio mixtas, que con el paso del tiempo terminarán siendo de autodespacho, con el consiguiente riesgo laboral para más de dos mil familias salteñas.

Pintado advirtió que con el autodespacho los puestos de trabajo se podrían reducir "a un 30%”. El rol que quedaría sería solo de control, “porque al playero lo van a cambiar por una tablet”, afirmó. 

Al término de la reunión el autor del proyecto sostuvo que se funda en la seguridad. “Creemos que en la provincia de Salta, nosotros, la Legislatura, tenemos la potestad de cuidar a los salteños". En ese marco, entienden que por razones de seguridad, "no puede cualquier usuario pararse en la estación de servicio, manipular gas natural comprimido o cargar gasoil o nafta. La siniestralidad que existe en Salta en las 200 y pico de bocas de expendio de combustible es casi de cero. Y el personal está preparado, los casi 2 mil empleados y empleadas que hay, están preparados para actuar en consecuencia”, aseguró antes de ratificar que se prohibirá el autoexpendio, al menos "por ahora".