Grupos ambientalistas, que componen el movimiento 'Panamá vale más sin minería', anunciaron "acciones" ante los posibles diálogos entre el Gobierno panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), si esta suspende los arbitrajes, pues consideran que es un intento de reabrir la mina de cobre, cerrada en 2023.

"Nos preocupa esto (los diálogos) y por supuesto vamos a accionar en lo legal, en la incidencia ciudadana, la parte educativa y también vamos a ir a las calles", explicó la defensora ambiental Lilian Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Entre esas acciones destacan volver a las protestas callejeras, después de que ya en 2023 ese grupo ambiental movilizó a centenares de personas en contra del contrato minero con FQM, declarado finalmente inconstitucional por el Supremo panameño (máximo órgano de justicia) y que llevó al cierre de la gran mina de cobre, en lo que se consideraron las mayores manifestaciones en décadas en el país.

La primera vigilia se llevará a cabo este próximo domingo en Ciudad de Panamá, en el marco del Día Mundial del Agua a celebrarse en la víspera, según informaron los ambientalistas durante una rueda de prensa.

"El pueblo panameño va a ir a las calles, incluso aunque nosotros no fuéramos. Creo que hay bastante indignación en la gente de que de nuevo toda esta lucha que ha dejado muertos redunde en una nueva transgresión de la ley de la justicia y de los derechos humanos", agregó Guevara. Además, el movimiento ambiental mantendrá encuentros con comunidades rurales e indígenas así como "volanteos" y "movilización".

Mulino: "Definitivamente tendrá que haber una conversación con FQM"

FQM anunció el pasado viernes que trabajará en la suspensión de los arbitrajes interpuestos contra Panamá para abrir un diálogo con el Gobierno panameño sobre el futuro de la inhabilitada mina, después de que el Gobierno panameño señalara horas antes que solo entablará una "conversación formal" con la minera FQM cuando esta suspenda los arbitrajes.

Según el presidente panameño, José Raúl Mulino, el Estado enfrenta "6 o 7 arbitrajes internacionales (...) que suman decenas de miles de millones de dólares en pretensiones por daños y perjuicios" por el cierre de la mina. Pero ninguna fuente ha dado una cifra concreta del monto que involucran estos procesos.

Sin embargo, hasta el momento "no se ha concretizado" ni el Gobierno ha sido "notificado" de dicha suspensión, según destacó este jueves el presidente panameño, que reconoció que "conoce" esos "trámites" y que "toman un tiempo prudencial".

"Son seis, siete demandas de arbitraje que se tienen que suspender. Por supuesto que hasta que no seamos notificados no habrá conversaciones formales. El lunes comienza a tener definitivamente la primera reunión de nuestro equipo ya para ir abordando más concretamente algunas ideas que hemos venido discutiendo en el tiempo con relación al tema mina (...) Definitivamente tendrá que haber una conversación con First Quantum", dijo Mulino.

Inclusive, el presidente panameño anunció que solicitó preparar "los protocolos rápidos para la planta termo" que hay dentro de la mina con una capacidad de "300" megavatios así como una reunión con la Cámara Minera.

La mina cerrada

La mina, que tenía una nómina de alrededor de 7.000 trabajadores y un impacto en cerca de 40.000 empleos indirectos, fue inhabilitada por un fallo en noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el contrato de concesión violaba 25 artículos constitucionales tras una oleada de protestas callejeras.

La mina de cobre, que en 2022 se ubicó como la decimocuarta mina más grande del mundo en producción de acuerdo con los datos aportado por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés), se encuentra en fase de mantenimiento y preservación a un costo de 12 millones de dólares mensuales, según la información disponible.

El actual Gobierno panameño alude un enorme golpe económico por el cierre de esa gran mina de cobre, lo que los ambientalistas consideran una "falacia de la dependencia económica".