La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que si no se alcanza un acuerdo salarial el próximo miércoles habrá paro de colectivos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes 28 de marzo. Detrás del conflicto, emerge una disputa más amplia: el ajuste que impulsa el Gobierno nacional sobre el sistema de subsidios y el trato desigual entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Con el título "Obligados a parar", el gremio de choferes expresó su malestar ante la falta de una oferta concreta en la mesa paritaria. En tres audiencias consecutivas, las cámaras empresarias evitaron cualquier compromiso de actualización salarial.
El argumento: la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que congela los aumentos del sector hasta junio. Para la UTA, se trata de una maniobra política que busca disciplinar a los trabajadores, en un contexto de tarifazos y recortes.
Subsidios para unos, ajuste para otros
El comunicado, firmado por el secretario general, Roberto Fernández, subraya la responsabilidad del Ejecutivo. “Los funcionarios se esconden y nos llevan al conflicto”, planteó el gremio. Pero más allá de la pulseada salarial, lo que subyace es el nuevo esquema de subsidios que diseñó la Casa Rosada: mientras mantiene el financiamiento de las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires, cortó de cuajo la asistencia a los servicios que circulan en territorio bonaerense.
Ese desbalance no solo golpea a las empresas, que advierten sobre la imposibilidad de sostener los recorridos, sino también a los trabajadores, que ven postergadas sus paritarias y expuestas sus condiciones laborales. En la provincia gobernada por Axel Kicillof, la medida ya generó fricciones y obligó a buscar fondos propios para evitar un colapso del sistema.
Un conflicto que se nacionaliza
Si no hay acuerdo este miércoles, el paro del viernes 28 de marzo será la primera señal de meses cargados de tensión. La UTA ya confirmó su adhesión al paro general de la CGT previsto para el 10 de abril, lo que suma presión al tablero sindical. En paralelo, crece el malestar entre usuarios, choferes y empresarios por la falta de una política de transporte coherente y federal.
