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Desde Lima
Cayó un ministro del círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte. Este viernes el Congreso censuró al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en medio de una creciente ola de delincuencia -extorsión y asesinato son los crímenes dominantes- y denuncias de corrupción y obstrucción a la justicia en su contra. Santiváñez, que tenía 10 meses en el cargo, ha sido una figura clave en las operaciones manejadas por Palacio de Gobierno para obstruir las investigaciones fiscales por corrupción a la presidenta y su entorno. Boluarte ha recibido un duro golpe con su caída, pierde una pieza importante en las maniobras para asegurarse impunidad. Con esta censura se resquebraja la alianza de Boluarte con la mayoría parlamentaria que la sostiene, pero no es una ruptura.
Fueron 78 de los 130 congresistas los que votaron a favor de la censura. Se necesitaban 66 para aprobarla. Esto obliga al ministro a dejar el cargo. Sale un ministro que ha dado reiteradas muestras de incapacidad, pero por los antecedentes del gobierno nada asegura que su reemplazante sea mejor. Después de la votación en el Congreso, hubo una movilización ciudadana, desafiando el estado de emergencia, convocada por artistas víctimas de las extorsiones, en protesta contra la creciente inseguridad ciudadana. Hasta ahora el gobierno ha tenido como única respuesta un populismo autoritario decretando el estado de emergencia, algo que antes ya ha fracasado, y proponiendo la pena de muerte, entre otras medidas de ese corte.
El fujimorismo le dio la espalda al gobierno
La oposición de izquierda y de centro ha venido demandando la salida de Santiváñez desde hace buen tiempo, pero la mayoría parlamentaria dominada por el fujimorismo lo había sostenido. Luego del impacto en la opinión pública del asesinato el fin de semana de un popular cantante -atribuido a extorsionadores que piden cupos a los artistas, comerciantes, transportistas y otros-, que disparó más la indignación por la inseguridad ciudadana, un importante sector de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno -bloque en el que el fujimorismo es la bancada más fuerte-, calculando el pesado costo de seguir respaldando al ministro más cuestionado de un gobierno con más de 90 por ciento de rechazo ciudadano, decidió quitarle el piso y votar, por primera vez, contra el gobierno en un asunto crucial.
La mayoría parlamentaria que sostiene a Boluarte está formada por bancadas de derecha y ultraderecha capitaneadas por el fujimorismo, y por el partido Perú Libre (PL) que llevó a Pedro Castillo al gobierno, y a Boluarte a la vicepresidencia, y después rompió con el expresidente ahora detenido, que tiene un discurso de izquierda radical pero juega a favor de la ultraderecha. A este bloque parlamentario los une el interés por tumbarse los procesos anticorrupción. Objetivo que comparten con el gobierno.
La presidenta Boluarte tiene varias causas por corrupción, además de una acusación fiscal por la muerte de medio centenar de personas en la represión a protestas sociales, Keiko Fujimori está procesada por organización criminal y lavado de activos, Vladimir Cerrón, secretario general de PL, está condenado por corrupción y se encuentra prófugo. La lista de investigados y procesados por corrupción entre los congresistas y dirigentes de esta alianza es larga. En su afán de protegerse, el Ejecutivo y este bloque parlamentario, al que la oposición llama "alianza mafiosa", han sacado una serie de leyes que debilitan el sistema de justicia y favorecen al crimen organizado, lo que ha jugado a favor del incremento delictivo que golpea al país.
El fujimorismo y sus aliados tuvieron que apoyar la censura al ministro por la presión ciudadana, pero en sus discursos cargaron las culpas por el incremento de la delincuencia a la Fiscalía y al Poder Judicial, relativizando la responsabilidad del ministro censurado. Demandaron la reorganización del sistema de justicia. Esto coincide con la ofensiva del gobierno contra la Fiscalía que investiga a Boluarte. El verdadero interés es tomar el control del sistema de justicia para bloquear las investigaciones fiscales y los procesos judiciales por corrupción a las principales figuras de esta "alianza mafiosa".
Congresistas nostálgicos de la dictadura fujimorista clamaron que la única solución a la delincuencia es imponer la mano dura al estilo Fujimori. Arremetieron contra los defensores de las garantías ciudadanas y los derechos humanos. En esa línea, exigieron que el país abandone el sistema interamericano de derechos humanos. Como una apología a lo absurdo, legisladores de la derecha y ultraderecha que apoya a Boluarte culparon a la izquierda, y a la oposición en su conjunto, por la inseguridad ciudadana y por la incapacidad del gobierno que esa derecha sostiene.
Dos días antes que se vote la censura, se armó un operativo policial para detener una supuesta banda de extorsionadores, con el todavía ministro con presencia protagónica, con lo que Santiváñez esperaba mostrar un "éxito" que pudiera salvarlo. Pero la operación de mejora de imagen le salió mal. Los vecinos de la zona tomaron la calle para insultarlo, mostrando su indignación por su mala gestión. Fue por popularidad y se retiró repudiado frente a las cámaras de televisión.
El triste itinerario de Santiváñez
Santiváñez ha tenido un paso nefasto por el Ministerio del Interior. A su notoria incapacidad se suman una serie de denuncias. Asumió el cargo en mayo de 2024, días después del allanamiento fiscal a la casa de la presidenta Boluarte en el marco de las investigaciones por el "rolexgate" -que estalló cuando se reveló que la presidenta tenía costosos relojes Rolex y joyas que no podía justificar con sus ingresos-, y de la detención del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en una investigación fiscal por corrupción.
En una conversación días después de su nombramiento como ministro con un capitán de la policía, Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", amigo suyo en ese momento, Santiváñez le reveló que la presidenta lo había designado ministro con el encargo de desactivar el equipo policial que apoyaba la investigación fiscal a ella y a su hermano, y para operar en contra de esas investigaciones. Sobre el cumplimiento de ese encargo, dijo: "-Para subir todo vale". En ese diálogo también aseguró que la presidenta protege a su exjefe político Vladimir Cerrón, prófugo por cargos de corrupción.
"Culebra" grabó en secreto esa conversación y entregó el audio a la Fiscalía. Santiváñez ha reconocido esa reunión, pero dice que no es su voz la que se escucha en ese comprometedor diálogo. Niega que sea su voz, pero ha evitado someterse a un peritaje de reconocimiento de voz en la Fiscalía que lo investiga. Sus primeras acciones como ministro, desactivando el equipo policial que investigaba a Boluarte y a su hermano, confirman sus palabras que ahora pretende negar.
Antes de convertirse en ministro, Santiváñez fue un abogado especializado en defender a policías acusados de corrupción y asesinato. La Fiscalía lo investiga por el supuesto pago de sobornos a magistrados para favorecer a sus clientes. Testigos protegidos han declarado a los fiscales sobre esos pagos. Dos días antes de su censura, la Fiscalía allanó la casa del todavía ministro. Fue un segundo allanamiento a su vivienda.
Santiváñez ha respondido denunciando a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por investigarlo. La presidenta y los legisladores de la mayoría parlamentaria lo han respaldado en sus ataques a la Fiscalía. Todos ellos coinciden en el interés por desacreditar y destituir a la fiscal que dirige las investigaciones a la corrupción política. La mayoría parlamentaria ha dejado caer a un ministro que era insostenible, pero sigue jugando en pared con la presidenta Boluarte para avanzar en un proyecto autoritario.
