El jardín de los negocios en la región Rosario no gana para sustos. Luego de que el ex jefe regional de Afip, Carlos Vaudagna, prendiera el ventilador como arrepentido de los delitos que confesó y se agarrara del mantel, ayer hubo un vendaval de allanamientos que culminaron con la detención de dos altos ejecutivos de la cerealera Vicentin como partícipes de una asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. Fueron unos veinte domicilios y oficinas allanados entre Rosario, Reconquista y Avellaneda (el feudo de Vicentin), Funes y la localidad bonaerense de Adrogué. Y los detenidos de cuello blanco son dos que otrora eran reputados apellidos en el ámbito agroexportador y con influencia fuerte en la Bolsa de Comercio de Rosario: Daniel Buyatti, quien presidió el directorio de la empresa que defaultearon en 2019, y Roberto Gazze, un poderoso gerente en los mejores tiempos de la compañía que transita su quinto año en concurso de acreedores y pendula entre un destino de quiebra o un probable salvataje según defina la Justicia. (Esta nota también se puede leer en la edición nacional)

Los allanamientos corrieron por cuenta de Gendarmería Nacional, a las órdenes de los fiscales de la Oficina de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. La pesquisa comenzó en 2020, en paralelo con el concurso de acreedores. Es la pata penal del gran pagadiós de la historia económica local, el default de Vicentin cuyos directores declararon en diciembre de 2019 bajo el eufemismo de "stress financiero".

Mientras Gazze y Buyatti quedaron en prisión preventiva para comparecer en audiencia imputativa la semana próxima en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los fiscales también libraron órdenes de captura para otros dos miembros del directorio, Omar Scarel y Alberto Macua, que al cierre de esta edición no habían sido localizados.

Fuentes cercanas a la pesquisa señalaron que la declaración de arrepentido de Vaudagna contribuyó a apurar estos allanamientos, aunque son investigaciones penales distintas y no tienen relación directa. O casi. Es que entre los nombres que el ex funcionario de Afip reveló como parte de un entramado de extorsiones y tráfico de influencias, se contaba Scarel y gente del ambiente agroexportador vinculada a Vicentin. 

 Fiscal Sebastián Narvaja. XCrédito: Andrés Macera
 
 

 

Narvaja y Moreno resolvieron caerles a estos por comprobar que continuaban manejando dineros que entraban a la empresa, pese a ya no integrar el directorio. En contexto, Vicentin acaba de superar esta semana un paro total del gremio aceitero por las dificultades que presentó para abonar los sueldos de febrero. Y semanas atrás, la Corte Suprema de Santa Fe le rechazó la propuesta de pago para salir del concurso de acreedores, y habilitó el escenario para un salvataje que podría salirse del control de las tres empresas que tienen interés con adquirir Vicentin: se trata de Viterra (ex Glencore), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge.

Gazze y Buyatti ya vienen de haber sido procesados con todo el directorio, en el marco de la causa penal. Fue en mayo de 2023, cuando resultaron imputados doce directores y los tres síndicos del concurso. Para lograr su libertad provisional, los ejecutivos pagaron una fianza de 10 millones de dólares en efectivo. Ayer volvieron a caer. Un enjambre de gendarmes alborotó la tranquilidad de Reconquista y su vecina Avellaneda. 

Estos ejecutivos, según la acusación fiscal, sostuvieron una imagen del grupo Vicentin en los papeles que en la realidad ya no era tal porque el proceso de vaciamiento había comenzado. Y todo para continuar desde 2017 en adelante acopiando granos y tomando créditos de distintos bancos para supuestamente financiar exportaciones.

La acusación se montó sobre 44 casos de estafa que alcanzan a varios bancos internacionales y también locales. Y una estela de acopios cerealeros de pueblo, proveedores, productores... 

La empresa alegó en el momento de anunciar su default que el problema fue un "estrés financiero" propiciado por el contexto económico del país. La fiscalía cree poder demostrar que no, que hubo un plan ilegal para tomar activos, acrecentar el endeudamiento y vaciar el grueso del patrimonio hasta convertir al mayor grupo agroexportador argentino en una cáscara vacía. 

En ese devenir se fue consumando el gran default que superó los 1300 millones de dólares a diciembre de 2019. "Fue una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a productores agropecuarios, acopios y bancos", resumieron los fiscales. De ese desfalco, destacó el fraude al Banco Nación por créditos que ascendieron a 791 millones de dólares, concedidos por su presidente de entonces, el funcionario macrista Javier González Fraga, pese a que ya los balances mentían la situación de la que fue la tercera mayor agroexportadora del país.

La acusación sigue firme, y con Buyatti y Gazze como presuntos cabecillas de la asociación ilícita. En el inicio del proceso, Narvaja y Moreno hicieron sus correspondientes pedidos de condena a prisión para cada uno, a saber: Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Y por afuera del directorio, reclamaron sentencia de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.

"Aquello fue un default inexplicable entonces, cuando ninguna cerealera tenía problema pero Vicentin de golpe apareció en default. Adonde está la plata, fue la pregunta y todavía no se sabe. Apareció una cantidad de empresas off shore radicadas en paraísos fiscales, transferencias de dinero entre unas y otras y así fugaron el dinero, y el trabajo de miles de productores. Tomaron camiones con cereal hasta la noche anterior en la que anunciaron el default. Tomaron préstamos del BNA otorgados de manera oscura por el gobierno de Macri, y quedó un pasivo de 500 millones de dólares que es de los argentinos, créditos que se podrían haber dado a las pymes", rememoró ayer Rubén Giustiniani uno de los que integró la comisión de seguimiento del caso Vicentin que se formó en la Cámara de Diputados provincial.