A diez días de la represión durante la movilización en defensa de los jubilados y jubiladas, ningún juzgado investiga las responsabilidades por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que recibió en la cabeza el fotoperiodista Pablo Grillo, quien hoy pelea por su vida, ni por el golpe que recibió Beatriz Blanco, de 81 años, de parte de un efectivo que provocó que se desplomara, ni por todos los abusos de las fuerzas de seguridad cometidos en ese operativo. El expediente judicial principal pasó ya por cuatro juzgados y este viernes la jueza María Servini trabó un conflicto de competencia que deberá resolver la Cámara Federal. En su juzgado se presentó la familia de Grillo con un pedido para ser querellante y las evidencias que aportaron a lo largo de estos días organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, peritos, medios y numerosas personas que permitieron que el colectivo Mapa de la Policía hiciera una reconstrucción que identificó quién, cómo y cuándo hirió de gravedad al joven. 

Al Gobierno y al Ministerio de Seguridad, dijo Fabián Grillo --el papá de Pablo-- en la puerta del Hospital Ramos Mejía donde su hijo se encuentra internado, "le vamos a hablar en forma jurídica". "Es el mejor diálogo que podemos tener con esta gente", enfatizó. Fue en una rueda de prensa en la que anunció la presentación de la querella, con el patrocinio legal de los equipos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Entre algunos periodistas le habían preguntado por declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien había dicho que "el diálogo con la familia quedó roto porque el padre acusó a la ministra de ser cómplice, pero eso no implicó que no estemos atrás del tema". 

"Nosotros no cortamos ningún diálogo porque no existió, jamás nos llamaron. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por lo que si alguien cortó el diálogo fueron ellos", explicó Fabián con enojo. La noche en que el fotógrafo estaba hospitalizado y comenzaba a ser sometido a una seguidilla de cirugías, la ministra dijo al canal LN+: "Grillo es un militante kirchnerista y está preso, para darles una idea". "Me da vergüenza la forma en que (Bullrich) fue acomodando la mentira a medida que la realidad se lo desmiente. Es absurdo, burdo, grotesco", sostuvo el papá. 

Recordó con emoción que el día anterior, en el horario de visita Pablo abrió los ojos y le dijo "hola viejo". Explicó que sigue en terapia intensiva porque "la situación es grave", "hay riesgo de vida aún, pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es positivo". El último parte médico dice que escucha y entiende cuando le hablan, ya que asiente con la cabeza y mueve las manos. Tuvo unas líneas de fiebre, cuyo origen está en estudio. Le colocaron una bigotera para facilitarle la respiración ya que estaba agitado. "Estamos expectantes y cansados, pero nos sostiene Pablito", compartió Fabián. 

Una de las abogadas que estaba junto a él, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, enfatizó: "Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial para que se hagan las primeras medidas. Tiene que haber responsabilidad no solo de las persona que desparó sino quienes estaban dando órdenes en el operativo que fue brutal". Explicó que en la presentación judicial están todos los detalles que muestran cómo se llega atribuir el disparo al cabo primero guerrero de la Gendarmería, cuya indagatoria solicitó por homicidio agravado por abuso funcional en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público. 

La presentación judicial solicita también medidas de prueba referidas al disparo contra Grillo pero también para "determinar la responsabilidad de la Sra. Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Miguel Brilloni; el Jefe del Destacamento Móvil 6 de GNA, Comandante Mayor Héctor Ferreira; el Jefe del Comando Región I de la Provincia de Buenos Aires, Comandante General Marcelo Fabián Porra Melconian, y de todas otras aquellas personas que, en virtud de sus deberes y obligaciones funcionales, deban responder por estos hechos". 

"Queremos que se establezca la responsabilidad sobre toda la cadena jerárquica", agregó la abogada Claudia Cesaroni, de la Liga. En diálogo con Página/12 la letrada señaló particular preocupación por las expresiones de Bullrich quien, además de mentir al decir que Pablo estaba detenido, luego hizo "respecto de la trayectoria del cartucho" que lo hirió, "después dijo que mandaba su solidaridad porque evidentemente habrán medido que er a contraproducente ser tan inssensible, y luego dijo que si no agreden a la policía, la policía no reprime, que es como decir que Pablo está entre la vida y la muerte por su propia responsabilidad". "Otra vez ponen la responabilidad sobre las víctimas, sin contar la vergüenza de que a diez días la causa no esté radicada en ningún juzgado todavía", cuestionó. 

El laberinto de las denuncias

A raíz de la represión en la movilización del 12 de marzo último, donde participaron hinchas de fútbol y organizaciones varias en apoyo a los jubilados/as, hubo por lo menos ocho denuncias presentadas en Comodoro Py que apuntaban a todas las fuerzas federales seguridad, también a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a Bullrich e incluso contra el ministro de seguridad porteño, Horacio Giménez y el jefe de gobierno Jorge Macri. Fueron presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria, la Red Federal por los Derechos Humanos, la diputada del FIT Vanina Biasi, el abogado Gregorio Dalbón, entre otros. La Cámara Federal sorteó las causas por separado. En el fuero penal ordinario se había abierto un expediente con una presentación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), se sumó la de Beatriz Blanco, la jubilada golpeada por un policía, que perdió el conocimiento al caer y se depertó en el hospital, con un traumatismo encefalocraneano. También se presentó el CELS. 

En la calesita judicial, el juzgado criminal y correccional 30 (que antes se había disputado la causa con el 8) mandó la denuncia de Procuvin con el resto de las presentaciones al juzgado de Servini. Ella se las devolvió, y el juzgado las rebotó de nuevo. La jueza mandó entonces el expediente a la Cámara Federal. Por sorteo le tocó a ella misma. Analizó las causas repartidas en los tribunales de Retiro, y consideró que se la tenía que enviar al juzgado federal 12, actualmente subrogado por Ariel Lijo. Está en su despacho desde el martes y la volvió a mandar a la oficina de Servini el jueves. 

La magistrada, finalmente, firmó una resolución donde explica que el expediente que está en el juzgado de su colega es el que tiene origen más remoto y que provenía de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, del juzgado 14, por la intervención de la policía porteña. Ese caso, sostuvo, se dispusieron algunas mínimas medidas como que declare el personal del SAME que atendió a Grillo, que ese remita su historia clínica, cámaras y más testigos. El mismo texto reconoce que no se hizo todo, pero igual considera que es la pesquisa más avanzada, y que ese es el criteiro que ella cree que debe prevalecer. Trabó de ese modo un conflicto de competencia, y este viernes envió su resolución a la Cámara Federal para que allí se decida quién investiga. 

Claves de la querella 

La presentación de la familia de Grillo, con el CELS y la Liga, recuerda que en lo que va de 2025 hubo cinco movilizaciones de jubilados y jubiladas en las que Bullrich desplegó "operativos completamente desproporcionados y compuestos por una gran cantidad de efectivos sin ningún tipo de preparación ni capacitación para el manejo de multitudes" de las fuerzas federales. En todas hubo una "una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, que produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, adultos mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, palos y tonfas". Las personas atacadas no afectaban las vías de circulación, ni tenían conductas agresivas o peligrosa para los policías ni para terceros.

El miércoles 12 de marzo la represión policial escaló, hubo 114 detenidos, un centenar de heridos y los trabajadores/as de prensa fueron reprimidos. Hubo gases otra vez, balas de goma, carros hidrantes, golpes y provocaciones de los agentes, además de personal civil entremezclado, dice la denuncia. La protesta contaba con la convocatoria de hinchas de fútbol, entre otros. La ofensiva de los agentes no buscaban identificar a nadie ejerciendo violencia sino atacar a los manifestantes y trabajadores de prensa, para evitar sus registros. Ahí estaba Pablo Grillo: "se posicionó sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, se agachó y se dispuso a tomar una foto de la escena que se le presentaba en esa calle, a unos cien metros de una hilera de gendarmes que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina. A las 17.18 horas recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo". Ingresó al hospital con una fractura encefalocraneana y pérdida de masa encefálica.

La secuencia de la agresión a Grillo quedó registrada por múltiples cámaras claves para esclarecer lo ocurrido. La reconstrucción del Mapa de la Policía permitió observar que la munición fue disparada en un ángulo horizontal por el cabo Guerrero de Gendarmería, que tenía un uniforme más claro que el resto. "El disparo de este tipo de armas menos letales en ángulo horizontal, en dirección a personas y, en particular, a la cara o cabeza puede generar lesiones severas o hasta la muerte", advierte la denuncia. El modo en que se ejecutó va contra todos los protocolos y en el caso específico del gas lacrimógeno contra las disposiciones de Naciones Unidas. El disparo hacia Grillo tuvo una "trayectoria directa y a alta velocidad hasta impactar en la zona frontal de la cabeza", aunque Bullrich dijo (falsamente) que no fue a la cabeza y que se hizo según el protocolo en forma oblicua, a lo que luego sumó que estaban analizando “si rebotó una o dos veces y atravesó un cartel que estaba tirado en el piso con fuego”. El gendarme disparó a sabiendas de que ponía en riesgo la vida de la persona a quien apuntaba.

"Desde el inicio de su gestión --remarca la presentación-- las decisiones de la cartera ministerial a cargo de la Sra. Patricia Bullrich han estado permanentemente dirigidas a facilitar, respaldar, legitimar y justificar un accionar arbitrario, abusivo y violento de las fuerzas de seguridad. A su vez, rechaza cualquier mecanismo de control o prevención de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, y, una vez ocurridos se niega a asumir la responsabilidad institucional que le cabe, dedicando todos sus esfuerzos a estigmatizar y culpabilizar a las víctimas por ello".