El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó a cumplir la promesa que le hizo en febrero pasado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su gira por Centroamérica: recibir a migrantes deportados y de diferentes nacionalidades desde el país norteamericano como parte de la política anti-inmigrante implementada con celeridad por Donald Trump. Así, el pasado domingo, el Gobierno salvadoreño recibió a los primeros deportados. De acuerdo con la información oficial, se trató de 238 miembros de la organización criminal venezolana El Tren de Aragua y otros 23 miembros de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13), pero especialistas en seguridad pública ponen en duda el perfil de estas personas por la crisis democrática y falta de transperencia que vive El Salvador desde que Bukele asumió el poder, en 2019, y por el discurso xenófobo de Trump.

En su visita a El Salvador, Rubio se reunió en privado con Bukele. Tras la reunión, el funcionario estadounidense confirmó que Bukele se había ofrecido en no solo recibir a miembros de estas bandas criminales, sino que también a convictos estadounidenses o con residencia legal en Estados Unidos que hubiesen cometido delitos graves. Días después de esta reunión, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo en una entrevista televisiva que Bukele le había pedido a Rubio la devolución de los líderes pandilleros detenidos en territorio norteamericano.

Aunque este acuerdo de expulsión de migrantes de otras nacionalidades que no fueran la salvadoreña para ser recibidos en El Salvador parecía incierto y horas antes de que se concretara un juez estadounidense había prohibido a Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros -que es del año 1798- para realizarlas, la noche del domingo, Bukele hizo una publicación en X junto a un video en el que se observa la llegada de un grupo de hombres de Estados Unidos. Los hombres son custodiados por fuerzas de seguridad desde su arribo al aeropuerto salvadoreños y luego aparecen siendo rapados de la cabeza dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel destinada para pandilleros que se ha vuelto un símbolo mundial de la estrategia represiva de Bukele y que ha sido visitada por funcionarios y funcionarias internacionales, como la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Ningún periodista salvadoreño ha podido acceder a ella.

Uno de los detenidos que aparece en el video es el líder histórico de la pandilla MS-13, César Humberto López Lario, alias El Greñas de Stoner, acusado de terrorismo en Nueva York. La pandilla a la que pertenece es una de las tres principales en El Salvador y ha sido señalada en investigaciones periodísticas y fiscales de haber negociado con Bukele la reducción de homicidios.

"Seguimos avanzando"

“Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción”, publicó Bukele. En el mismo posteo, el mandatario dijo que por estas detenciones Estados Unidos pagaría “una tarifa muy baja, pero alta” para El Salvador. La agencia AP, que obtuvo detalles del acuerdo firmado entre ambos países, detalló que por cada preso El Salvador recibirá 20 mil dólares anuales. 

Trump publicó el video compartido por Bukele en la red social Truth Social y agradeció a su par por su “comprensión ante la horrible situación que se permitió Estados Unidos por la incompetencia demócrata”.

En los próximos días la lista de deportados que recibe El Salvador podría multiplicarse, ya que la Casa Blanca anunció que este martes revocará el premiso de residencia de más de 500.000 migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo la figura legal de "parole humanitario" durante la gestión de Joe Biden. A las personas que gozan de este beneficio migratorio se les cancelará el permiso de trabajo y cualquier protección contra la deportación. 

Bukele y la mano dura

Durante la primera administración de Trump (2017-2021) desde Honduras, Guatemala y El Salvador partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y estos países del Triángulo Norte de Centroamérica firmaron con el Gobierno estadounidense un acuerdo de “tercer país seguro” que les obligaba a frenar la migración, recibir a sus ciudadanos retornados y ofrecer condiciones dignas de vida para sus habitantes, similar a lo que firmó en julio pasado Panamá con Joe Biden ante la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera entre Panamá y Colombia.

Pero hasta el día de hoy, solo Guantánamo, la base militar estadounidense en territorio cubano en la que están recluidas las personas acusadas de terrorismo, tiene similitudes con lo que está ocurriendo en El Salvador, señala a Página/12 la investigadora salvadoreña especializada en seguridad pública, Jeannette Aguilar.

“La mayor ganancia de Bukele es geopolítica al aparecer en el escenario internacional como aliado incondicional de Trump y ser legitimado por Estados Unidos como referente del modelo securitista a nivel internacional. Con este acuerdo, Trump potencia y amplía el mensaje central del modelo Bukele que, para conseguir seguridad, hay que violar derechos humanos”, opina Aguilar. La especialista también menciona que con este acuerdo Bukele busca “conseguir impunidad” en los casos ventilados en cortes de Estados Unidos que investigan las negociaciones de su gobierno con líderes de la MS-13 para reducir los homicidios.

Bukele se convirtió en presidente en 2019, rompiendo con la tradición bipartidista salvadoreña y en medio de una escalada violencia causada por las pandillas. Construyó su carrera política como alcalde de una localidad cercana a la capital, San Salvador, y luego fue alcalde de la capital bajo la bandera del FMLN, el partido nacido de la guerrilla. Dos años después de ganar la Presidencia, su partido obtuvo la mayoría de diputaciones en el Congreso y esto le permitió maniobrar la cooptación del Estado: sus diputados y diputadas y otros afines destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Fiscal General para imponer a personas cercanas al Gobierno. Y, luego, esta concentración de poder también fue clave para que, partir de 2022, el Gobierno implementara un régimen de excepción que a la fecha suma 85 mil personas detenidas; y, en 2023, le permitió a Bukele la reelección inmediata a pesar de una prohibición constitucional.

Para Enrique Anaya, constitucionalista salvadoreño, el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recibir a personas provenientes de Norteamérica carece de sustento legal, incluso deja en el vacío sobre cuál de los dos países recaerá la responsabilidad ante las denuncias internacionales que estas deportaciones generen. En Caracas, Venezuela, ya hubo una manifestación en donde familiares de deportados desvincularon a sus parientes enviados a El Salvador de El Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una cárcel de este país sudamericano.

El mensaje

Sin embargo, en medio de un contexto en donde hay censura a las voces críticas del discurso oficialista, Anaya señala que las detenciones de los deportados en el CECOT también funcionan como un mensaje para la ciudadanía: “Que la represión en El Salvador va a continuar, que si inclusive se está recibiendo a personas del extranjero, a cualquier salvadoreño lo van a poder meter preso”.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, estima que aún no es posible conocer los efectos que pueda causar el hecho de juntar en una misma cárcel a personas que presuntamente pertenecen a dos organizaciones criminales diferentes. “Supone distintas interrogantes en materia de seguridad”, dice. Mientras que Verónica Reyna, directora de la organización Servicio Social Pasionista, señala que ante la cooptación estatal en El Salvador, la única vía para frenar estas deportaciones son las cortes federales estadounidense.

Página/12 intentó contactar al Gobierno de El Salvador a través de su secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.