Tan solo cuatro días después de la marcha del 24 de marzo pasado, Luis Petri tomó la decisión de eliminar los equipos que relevaban y analizaban (ERyA) los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. A los expertos que los integraban los caracterizaron como “vengadores” y los acusaron de hacer “macartismo” contra los militares. Fue el primer mojón en un año que estuvo caracterizado por el afán de la administración de Javier Milei por desmontar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que hacen de Argentina un ejemplo en el mundo. No fue sólo motosierra contra áreas sensibles del Estado; fue parte de un plan de impunidad que denunciaron desde los organismos después de que se conociera el cónclave entre diputados de La Libertad Avanza (LLA) y los represores que están presos en el penal de Ezeiza. Todos estos temas estarán presentes en el documento que el movimiento de derechos humanos leerá el lunes en Plaza de Mayo al concluir la marcha por los 49 años del golpe de Estado.

Para 2010, los juicios por crímenes de lesa humanidad habían empezado a tomar ritmo. El inicio había sido difícil: procesos por pocos casos  y la desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante contra el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Pese a eso, los juicios no se detuvieron y empezaban a tomar envión. En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4 a través del cual desclasificaba la información en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera vinculada a los años del terrorismo de Estado.

Como consecuencia de ese decreto, Nilda Garré creó en el Ministerio de Defensa los ERyA. Meses después, replicaría la experiencia en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich desarmó esa estructura cuando fue ministra de Mauricio Macri. Sin embargo, en Defensa, los ERyA continuaron hasta marzo del año pasado.

La excusa del Gobierno libertario para desarmarlos fue que hacían tareas "parajudiciales". Más de 30 fiscales le reclamaron a Petri que revisara su decisión porque se quedaban sin insumos confiables para los juicios, pero el ministro oficializó el desmantelamiento a través de una resolución que firmó en julio pasado.

“Un buen ejemplo de la utilidad que tenían los distintos equipos estatales es el fallo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 acaba de dictar con los fundamentos por los cuales fue condenado Horacio Luis Ferrari, un alto oficial de la Armada. Ahí, el tribunal pondera al detalle la prueba documental de la acusación y esa prueba, en su enorme mayoría, fue provista por el EyRA de Defensa”, explica el fiscal Félix Crous.

“Este episodio permite dimensionar de qué modo se puede atacar un proceso de memoria, verdad y justicia, sin el dictado de normas de impunidad –como indultos o leyes de amnistía. La velocidad para desmontar este equipo de trabajo nos hace pensar que efectivamente todavía hay información para relevar. Me parece que el Gobierno asume una posición afín a la dictadura y de hostilidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluye Crous, que remarca que los últimos pedidos que hicieron desde la unidad fiscal al Ministerio de Defensa no tuvieron respuesta.

En enero, la Armada inició un proceso para mudar su archivo general. Para la mudanza, tenía previsto destruir documentación –algo que fue advertido por Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA). Lo frenó la jueza de San Martín Alicia Vence. El fiscal Miguel Palazzani, que actúa en las causas de Bahía Blanca y Neuquén, fue uno de los que reclamó que se impidiera la maniobra que estaba por llevar adelante la Marina. “Voy a ser claro: el desmantelamiento de las políticas públicas significa impunidad y responsabilidad internacional del Estado argentino”, afirma Palazzani.

La búsqueda de los nietos

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) se creó en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Su conformación fue ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 que creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y le otorgaba la facultad de acceder a los archivos que tenía el Poder Ejecutivo.

Defensa fue el primer ministerio en retacear información a Conadi. En mayo, fue el turno de Bullrich, que, además, promocionó la decisión. En agosto, Milei firmó el decreto 727 para eliminar la UEI de Conadi. El argumento fue que hacía una tarea que le correspondía al sistema de justicia.

Desde su creación, la UEI de Conadi abordó 6938 casos: resolvió 2468 y tan solo un 25 por ciento debió ser derivado para que lo tramitara el Poder Judicial. “Es claro que la Conadi tiene que seguir con esas tareas y no puede derivar 6000 casos a la justicia. En los últimos meses, la situación se fue agravando. Hay cada vez menos personas empleadas y se incrementó la inestabilidad. El Estado tiene una obligación clara y debe continuar con estas políticas hasta que aparezca el último nieto o la última persona desaparecida”, afirma Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –que, a pesar del desmantelamiento general, en los últimos meses pudo celebrar que encontró a un nieto y a una nieta.

No es solo la Conadi la que está en riesgo. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) funciona con el mismo presupuesto que en 2023. “No tiene una partida acorde a las necesidades”, reclama Villella.

Por la ola de despidos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo (RUVTE) quedó reducido a una mínima expresión. “Hacía un trabajo impresionante al descubrir las identidades de personas que han sido victimizadas así como las de los nietos y las nietas. Lamentablemente, despidieron a la mayoría de sus trabajadores, y eso se nota. Lo mismo pasa con la Conadi o con el Centro Ulloa, que hace un trabajo trascendente porque acompaña a las personas cuando testimonian. En La Plata, por ejemplo, el Ulloa no está haciendo acompañamiento”, detalla la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

El desmantelamiento de la SDH

Desde que Alberto Baños se hizo cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), este organismo perdió a más de la mitad de sus trabajadores. En diciembre de 2023, había 1050 empleados que bajaron a 500 en poco más de un año, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Baños, exjuez, despidió a quince delegados e instaló a la Policía Federal Argentina (PFA) a controlar los ingresos a la SDH, que tiene su sede en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la policía también habría hecho tareas de inteligencia ilegal en las protestas por el desmantelamiento de las políticas públicas.

La última tanda de despidos afectó a abogados que actúan como querellantes en los juicios de lesa humanidad, dejando algunas zonas desguarnecidas. Baños también echó a los peritos que intervenían en los procesos. El despido de la psicóloga Adriana Taboada, por ejemplo, fue celebrado por Justicia y Concordia, la asociación que reúne a los abogados defensores de los imputados por crímenes de lesa humanidad.

En enero, el fiscal Alejandro Alagia le advirtió al Poder Judicial que existía riesgo en el resguardo de la documentación que almacena el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva el material que produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El ANM quedó también muy golpeado con los despidos de personal.

Desde el 2 de enero, Baños dispuso el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En un primer momento, el secretario había dicho que pensaba reabrirlo en febrero o marzo con una nueva programación. No sucedió.

En septiembre, Baños ya había censurado el seminario internacional sobre políticas de la memoria, que se había hecho durante quince años. Cuando Matías Cerezo, uno de los coordinadores que había estado desde el inicio del Conti, le pidió explicaciones, Baños respondió que el lugar era un “antro ideológico”.

–Ustedes que dicen que es un espacio tan democrático: ¿podría invitar a alguien que defienda a (Jorge Rafael) Videla?-- lo provocó Baños a Cerezo.

–No, porque eso sería un delito– le respondió.

Los sitios bajo ataque

El Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) sirve de muestra para entender cómo administra Baños la SDH. Fuerte control y disciplinamiento, presencia policial en el predio y un discurso hostil hacia las organizaciones de derechos humanos que co-gestionan. Así lo resume Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

De la SDH dependen los sitios que funcionan en lo que fueron los centros clandestinos conocidos como Olimpo, Automotores Orletti, Club Atlético, Virrey Cevallos, El Faro (Mar del Plata), RI9 (Corrientes) y La Escuelita (Tucumán).

“Una de las políticas más agredidas ha sido la de los sitios de memoria por los despidos y el desfinanciamiento”, remarca Torras. En los últimos meses, Baños informó que no se podrían hacer actividades que no fueran específicamente autorizadas por él. Fue a la justicia para frenar un recital de Milo J en la exESMA y la presentación de un libro en El Faro.

En enero, Ariel Lijo –el juez que Milei quiere en la Corte Suprema– le encomendó a Baños ocuparse del mantenimiento de los espacios. Le dijo que debería garantizar que pudieran abrirse –sobre todo después de que despidieran a todo el personal de Virrey Cevallos–, hacer investigación y trabajo con la comunidad. La resolución se produjo a partir de una presentación de la legisladora Victoria Montenegro.

“Lo que necesitamos es pensar estrategias que nos permitan estar unidos y no solo enfrentarlos sino también defender con mucha fuerza no sólo los sitios, sino cómo se va a escribir la historia. Ellos no van a parar y nosotros no podemos ceder”, afirma Montenegro.

Los papeles de la SIDE

Por decreto de necesidad y urgencia (DNU), Milei decidió resucitar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) –el mismo nombre que el organismo adoptó en 1976. Durante muchos años se había dicho que en la SIDE no había papeles de aquellos años. Cuando la exfiscal Cristina Caamaño llegó como interventora, se probó que esa afirmación no era cierta. Documentación había, y era necesario relevarla. Para eso, se creó un programa. En 2021, se conformó una mesa con los organismos para discutir qué se haría con esos documentos.

La mesa se descontinuó. Ante una consulta del CELS, Memoria Abierta y Abuelas, la SIDE mileísta contestó que había decidido disolverla porque la tarea estaba completada. La información nunca se hizo accesible ni se entregaron los inventarios de lo que se había encontrado.

“La mayor parte de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ha sido afectada de manera regresiva. Todo en el marco de un discurso que tiende a desactivar los consensos mínimos que se habían construido en rechazo al autoritarismo y al terrorismo de Estado. Esa narrativa parecería plantear que las fuerzas, por ejemplo, han sido humilladas por las políticas de derechos humanos”, señala Torras.

El plan de impunidad

Después de la represión del 12 de marzo, Milei volvió a pronunciar una frase que ya había dicho: “Los buenos son los de azul”. Es su forma de respaldar a los uniformados. En otras oportunidades también llamó a la “reconciliación” con las fuerzas. Su ministro de Defensa, Petri, dijo que desde el 10 de diciembre de 2023 se habla de “memoria completa” en la Argentina, adoptando una expresión que salió de la jefatura del Ejército hacia finales de los años ‘90 para contrarrestar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos.

En julio, quedó al descubierto que había una red de diputados, abogados defensores, un cura y hasta un exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal operando para lograr que los represores volvieran a sus casas. Fue después de que se conoció la visita al penal de Ezeiza.

“Es un gobierno que vino a destruir el Estado desde adentro. Está desarmando distintas áreas de protección y promoción de derechos. Es evidente que este gobierno hizo también un pacto con el partido militar, como quedó en evidencia con la visita a los genocidas. Eso se vio plasmado en distintos proyectos, pero tuvieron que retroceder ante el amplio rechazo social. No han podido avanzar como quisieran”, sostiene Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital.

“No nos olvidamos que fueron a visitar a los genocidas. Entre ellos, a Alfredo Astiz, responsable del asesinato de mi madre. La democracia no pudo dar respuesta. El Congreso lamentablemente no le pudo poner un límite. Así, se fue banalizando todo. Pero creo que el 24 vamos a ver la unidad de todos los sectores que se han visto afectados por las políticas de este gobierno. Me parece que el pueblo ha empezado a caminar y se hace difícil detenerlo. El miedo se contagia, y la valentía también”, dice Mabel Careaga. “Es tiempo de ser valientes”, remarca.

Los juicios

“En el juzgado seguimos trabajando en las distintas líneas de investigación pendientes. No advertimos cambios en cuanto al rol de la fiscalía, ni en los tribunales superiores que revisan nuestra actuación”, dice el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación sobre los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército –la pesquisa más grande sobre los delitos perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. “Lo que sí es de lamentar es el cambio en las políticas relacionadas con los sitios de memoria. Desde el juzgado estamos exigiendo que sean preservados, ya que siguen siendo prueba judicial para los juicios pendientes”, completa.

Desde que comenzaron los juicios, 1197 personas han sido condenadas. Hay 615 detenidos. De ellos, 498 están en sus casas. La justicia busca a 33 prófugos. Sus caras no pueden verse en la web del Ministerio de Seguridad porque Bullrich dio de baja las recompensas que se pagaban a quienes aportaran información para dar con su paradero.

Hay mucho por delante. Catorce procesos están en marcha. Hay 63 causas que están elevadas a juicio –como las que apuntan a la responsabilidad empresarial en los casos de Ledesma y del ingenio La Fronterita. Hay 258 expedientes en instrucción. “Es importante que se visibilice que ninguna política pública puede poner en riesgo el juzgamiento en tiempo y forma de los crímenes contra la humanidad”, dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

“Los juicios siguen su curso. Hay lentitud y la comisión interpoderes (que depende de la Corte Suprema) sigue sin reunirse”, remarca el abogado querellante Pablo Llonto.

“Las defecciones cometidas por la magistratura en el marco del genocidio dictatorial constituyen un ejemplo paroxístico del abuso de poder. En tanto, la actualidad reclama una respuesta eficaz de parte de otra generación de jueces llamados a cautelar sin más dilaciones sitios y archivos documentales”, apunta el juez Alejandro Slokar, que preside la comisión de la Cámara de Casación encargada del tema. “El mandato internacional de derechos humanos es categórico y es el Poder Judicial quien debe hacerlo exequible”.