El 12 de marzo quedará grabado en la memoria colectiva como el día en que el gobierno de Javier Milei decidió que la calle debía ser territorio vedado para los jubilados. Los reprimió por reclamar una vejez más digna, y también a los hinchas de clubes que se acercaron a acompañarlos. Las imágenes de Beatriz Blanco tirada en el suelo con la cabeza cortada, y del fotoperiodista Pablo Grillo desvanecido en un charco de sangre, se convirtieron en postales crudas de un operativo que combinó brutalidad, desprecio por la vida y recursos públicos puestos al servicio de la represión. Según datos oficiales, el despliegue del último miércoles costó 600 millones de pesos. Pero aún no hay información sobre los gastos del operativo anterior, cuando la violencia estatal casi le cuesta la vida a Grillo.
En el Congreso se acumulan pedidos de informes impulsados por casi todas las fuerzas políticas. Diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal exigieron explicaciones sobre el operativo, el uso desmedido de la fuerza y el rol de los organismos de inteligencia en la planificación. Si bien el socialista Esteban Paulón reconoció que estos pedidos deben ser votados para que el Poder Ejecutivo esté obligado a responderlos, remarcó que se trata de una herramienta institucional para amplificar el reclamo y dejar asentada la gravedad de los hechos. El legislador adelantó además que las preguntas sobre la represión serán incluidas en el próximo informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debería presentar en abril ante la Cámara de Diputados.
Desde Unión por la Patria también cuestionaron las trabas que impone el oficialismo en las comisiones, donde cuesta avanzar con cualquier iniciativa que incomode al Gobierno. Por eso, “se está haciendo uso de los emplazamientos”, explicó la diputada Cecilia Moreau. De esta forma, es el pleno quien puede forzar a las comisiones a tratar los temas. La legisladora contó a Página/12 que observó “miércoles tras miércoles, cómo fue creciendo la violencia contra los jubilados, con un despliegue cada vez mayor de agentes y fuerzas de seguridad para no dejarlos dar la vuelta al Congreso”. Moreau no descartó que el tema se cuele en la sesión por los proyectos vinculados al Criptogate, prevista recién para el 9 de abril. Antes, diputados del Pro y el radicalismo estarán de viaje en Madrid.
Pero la preocupación va más allá del uso de la fuerza. También hay pedidos para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) cite a Patricia Bullrich y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert. La solicitud apunta a que ambos den explicaciones sobre el rol de la SIDE en los operativos y, especialmente, sobre las declaraciones de la ministra, que sugirieron la existencia de bases de datos con información política y laboral de Pablo Grillo. Legisladores advirtieron que, de confirmarse, se trataría de una violación grave a la Ley de Inteligencia Nacional y a los principios más elementales del orden democrático.
Quienes intentan seguir el rastro de los gastos y decisiones que rodearon los operativos se enfrentan, además, a un nuevo obstáculo: el decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública. “Desde el año pasado no te dan nada”, se quejó un diputado en diálogo con este diario, y apuntó directamente contra los bloques del PRO y la UCR, que criticaron la medida en los medios pero “no movieron un dedo para frenarla en el recinto”.
Los números de la represión
“Carros hidrantes, motos, autos, colectivos, tropas y oficiales de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina. Postas de goma, gases y aerosoles irritantes; con vallados dispuestos en los alrededores del Congreso y muchos otros recursos, fueron parte del enorme despliegue. El objetivo era claro: menoscabar la simpatía que recoge esta causa en todo el país y de disuadir a miles de personas para que no siguieran llegando a Plaza Congreso” detalla en sus fundamentos el pedido de informes que presentó el Frente de Izquierda Unidad. El inventario sirve como radiografía de la magnitud del operativo que diseñó Patricia Bullrich bajo el visto bueno de Javier Milei.
Según una investigación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), del que forma parte la abogada Myriam Bregman, el Ministerio de Seguridad destinó más de 1.080 millones de pesos a la compra de cartuchos y granadas de gas lacrimógeno. El dato figura en documentación oficial del propio Ministerio, que realizó la compra a Fabricaciones Militares por contratación directa y en dólares.
La orden de compra —identificada con el número 347-0007-OC24— fue tramitada por la Dirección General de Administración. El proceso se inició el 25 de marzo de 2024, a pocos días de que comenzaran los operativos represivos en torno al Congreso, y se cerró el 23 de julio de ese año. En total, se adquirieron 5.875 unidades: 3.895 de ellas son cartuchos de escopeta calibre 38 milímetros, idénticos a los que le fracturaron el cráneo al fotoperiodista Pablo Grillo. El resto, son granadas de mano, también utilizadas en la represión de manifestaciones sociales.
Una fuente recordó a este diario el reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó sobreprecios y falta de controles en compras realizadas por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. “No vaya a ser que la vocación por las compras directas de Bullrich a sus amigos le traiga un dolor de cabeza a Milei” dijo con malicia.
El despliegue del último miércoles costó unos 600 millones de pesos, en una jornada en la que los efectivos no fueron al choque y permanecieron detrás de las vallas. Aun así, el monto equivale a unas 1.700 jubilaciones mínimas. El nuevo operativo, digno de una página de 1984, no solo blindó las inmediaciones del Congreso: también se cercó la Plaza de Mayo, se militarizaron las cabeceras de los ferrocarriles y se montaron controles en rutas y accesos a la ciudad. La estrategia fue amedrentar y desmovilizar. “Bullrich fracasó el 12 de marzo y desató una represión criminal para aplicar el protocolo. Pensaron que las miles de personas que fueron a acompañar a los jubilados no iban a defenderse. Perdieron la calle y reprimieron salvajemente con heridos de gravedad como el fotógrafo Pablo Grillo que lucha por su vida. Por eso modificaron el operativo vallando y militarizando el Congreso” dijo el diputado Nicolás Del Caño.
