A través de un comunicado oficial difundido por las redes sociales, el Gobierno celebró este 25 de marzo el "Día del Niño por Nacer", y llamó a defender “la vida humana desde su concepción”. Se trata de la segunda provocación antiabortista del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza. Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelven a poner sobre la mesa su triple lema: "Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, y Aborto legal para no morir".
La fecha fue instaurada el 8 de diciembre de 1998 por un decreto presidencial del entonces mandatario nacional Carlos Saúl Ménem, luego de una visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. La elección del 25 de marzo por entonces para conmemorar a los fetos no fue azarosa: es el día en que el catolicismo conmemora la Anunciación del Nacimiento de Jesús, exactamente nueve meses antes de la Navidad.
“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción, y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte”, puntualiza la comunicación del gobierno Milei.
En 1998, cuando Menem buscó acercarse a la Iglesia mediante este gesto, no existía la Ley N° 27.610 que garantiza el acceso público y gratuito a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en Argentina desde 2021, tras largos años de importantes luchas y debates. Tampoco regía el mismo derecho para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), estipulado en el artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal, por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L” de 2012.
En sintonía con este anuncio, las paredes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron empapeladas con una foto de un bebé dormido y un mensaje conmemorativo de esta fecha: "Los niños no se matan", dice. En las redes sociales no tardaron en aparecer las reacciones negativas ante esta avanzada de discursos antiderechos contra mujeres y personas gestantes.
Si bien la idea de impulsar la derogación del Ley 27.610, que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sobrevuela en el ideal libertario, desde el Gobierno saben que no cuentan con los consensos necesarios para avanzar en ese terreno.
A fines del año pasado, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue consultado por la idea de dos o tres diputados libertarios que querían intentar derogar o cambiar la ley IVE en 2025. Al respecto, el sobrino del expresidente declaró que él era “pañuelo celeste de acá a la China” y consignó que aunque no creía que el oficialismo tuviera los votos necesarios en Diputados para derogar o modificar la Ley 27.610, era una idea que “personalmente” le gustaba.
Mujeres en alerta: ¿Cómo se sostienen hoy las leyes para el acceso al aborto?
"La situación actual de las personas que quieren acceder a la IVE es nuestro país es heterogénea, debido a características dispares de cada región o provincia", asegura a Página|12 la socióloga e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito seccional CABA, Viviana Norman, quien resalta que estas cualidades hacen difícil poder garantizar "si se respeta o no la Ley 27.610".
No osbtante, la activista feminista reconoce la preocupación del colectivo por "la reaparición de posicionamientos adversos a estos derechos logrados por parte de sectores que se sienten identificados con la avanzada conservadora de esta gestión de gobierno".
"Nosotras nunca guardamos nuestros pañuelos, y seguimos firmes con nuestro triple lema: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, y Aborto legal para no morir", aseveró Norman.
Y agregó: "Somos conscientes de que una Ley por sí sola no garantiza el ejercicio del derecho ni la plena implementación de la IVE, y mucho menos con un gobierno conservador que, además, expresa su desprecio y ataque a las mujeres y las personas LGTBIQ cada vez que tiene oportunidad".
En tanto, recordó, ante la presunta preocupación del Gobierno por "el niño por nacer", la existencia de la Ley 27.611, conocida como Ley de los 1000 días", la cual creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral, una suma de dinero que se paga una vez al año por cada niño o niña menor de 3 años de edad.
Desfinanciamiento estatal para el acceso al aborto legal y seguro
A partir de la aprobación de la Ley 27.610 de acceso a la IVE en diciembre del 2020, y su promulgación en enero de 2021, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a un aborto libre, seguro y gratuito en todo el país y en todo el sistema de salud. Pueden hacerlo de manera voluntaria, sin necesidad de dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación inclusive. El único requisito es firmar un consentimiento informado que queda en la historia clínica.
En tanto, a partir de las 15 semanas, estas personas tienen derecho a abortar por causales, es decir, si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud integral (física, psicológica o social), o si fue producto de una violación (lo que se entiende como ILE). En el último caso, se firma una declaración jurada que queda también guardada en la historia clínica de la paciente. No es necesario hacer una denuncia en la comisaría, ni deben solicitar la misma.
No obstante, los organismos feministas que llevan adelante una campaña para garantizar el aborto denunciaron la salud integral de miles de mujeres, niñas y adolescentes se encuentra en un importante riesgo, a raíz de las políticas de desfinanciamiento y de la eliminación de programas sanitarios de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
En el último Día de Acción Verde del 19 de febrero, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció que el gobierno de Milei "está incumpliendo" la Ley 27.610 y la Ley 25.673 de "Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable".
"Este incumplimiento es una política sistemática que lleva adelante a través del desfinanciamiento y de la suspensión de la compra y distribución tanto de métodos anticonceptivos como de medicación para realizar los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita", aseveraron en un comunicado.
"Denunciamos un desabastecimiento alarmante en todo el país para la garantía de los derechos sexuales reproductivos y (no) reproductivos", criticaron. Además de puntualizar en "la falta de medicación", añadieron que hay muchos otros obstáculos acelerados por la gestión libertaria:
- Escacez de información sobre cómo acceder a un aborto y a dónde recurrir.
- No funciona la línea 0800 222 3444 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación.
- Hay dificultades en el acceso a la primera consulta, demoras en los turnos, falta de turnos para ecografías, maltratos y preguntas invasivas, e indicaciones incorrectas de cómo utilizar la medicación.
"Todas estas prácticas son vulneraciones de derechos que, además, estigmatizan y provocan temor a quienes deciden interrumpir un embarazo", criticaron, y añadieron: "Milei y sus aliades nos empujan nuevamente al aborto clandestino e inseguro. Ya lo dijimos una y mil veces: ¡al aborto clandestino no volvemos nunca más!".
