Seis agentes de la Policía Motorizada quedaron presos tras ser imputados por varios delitos vinculados al armado de causas y cobro de coimas. También fueron acusados, aunque quedaron libres, otro policía de la misma división, una médica de la fuerza y cuatro empleados de la comisaría 10ª que encubrieron apremios ilegales a un detenido en el marco de uno de los procedimientos armados que se investigan en la causa.
La audiencia imputativa por la investigación que llevan adelante los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci comenzó el 18 de marzo y continuó ayer tras un cuarto intermedio. El juez Hernán Postma confirmó la imputación y prisión preventiva para Lucila Aylen Bellizzi, de 21 años; Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años; Rodrigo Tomás Ramírez, de 23 años; Ricardo Font, de 27 años, Marcelo Borovachi, de 26 años y Jesús Soria, de 31 años.
En tanto, la médica policial Mara Romaro y el agente de la Motorizada Oscar Alberto Pérez fueron imputados pero quedaron libres. Al igual que la cúpula de la seccional 10ª: el comisario Mario Humberto Trejo, los subcomisarios Alejandro Marcelo Medini y Amador Pablo Ferrer, y la suboficial Fátima Aldana Bustamante.
La investigación volvió a exponer cómo agentes de la policía provincial utilizan para beneficios propios e ilícitos a las herramientas que otorga la ley de microtráfico. Es que la mayoría de delitos imputados se llevaron a cabo en el marco de procedimientos que permite la norma sancionada a fines de 2023 para habilitar a la policía y la Justicia provincial a ocuparse de causas vinculadas al narcomenudeo.
Los policías de la Motorizada, en este caso, usaron los instrumentos que brinda la ley para falsear procedimientos, obtener información de manera ilícita y privar ilegítimamente de la libertad a un hombre. De esa forma, como consecuencia de un operativo armado, la Fiscalía dejó presas por 17 días a dos personas que luego recuperaron la libertad.
Uno de los delitos atribuidos a los policías de la Brigada Motorizada ocurrió en noviembre de 2024 cuando los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizi interceptaron en la calle a dos personas que llevaban dos armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Los fiscales descubrieron que habían llegado a ese dato por medio del vínculo que los agentes tenían con Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas que también fue imputada.
La mujer les había avisado a los agentes que una de estas personas le había ofrecido venderle armas de fuego. La finalidad del procedimiento fue extorsionar a uno de los aprehendidos, identificado como Rubén "Rana" Gusmaroli, a quien en ese momento dejaron en libertad a cambio de 2 millones de pesos. En los papeles, los policías plasmaron que habían secuestrado solo un arma y que detuvieron nada más que a uno de los involucrados.
Ese trasfondo fue expuesto en una conversación entre el policía Jesús Soria y la transera que le pasaba información. "Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Sabés que le busqué la vuelta. Se pudo arreglar, nos hicimos amiguitos... hay que ver si el loco se pone la 10 con nosotros y si nos tira alguna data", le contó el policía a Álvarez.
Luego de ese operativo los policías continuaron extorsionando a Gusmaroli, a quien amenazaron con dejarlo preso si no entregaba 20 millones de pesos. Con el avance de la investigación, además de los policías estos dos civiles también terminaron detenidos. A la mujer le imputaron cohecho pasivo por brindarle información a la policía de manera ilícita. A Rana, en tanto, le atribuyeron el mismo delito y la portación ilegítima de dos armas de fuego.
Con una modalidad similar, ya en enero de 2025, los agentes Soria, Borovachi, Font, Pérez y Bellizi detuvieron a un hombre de 31 años al que le plantaron cocaína y lo llevaron a una comisaría en la que fue víctima de apremios ilegales. Esta persona, un consumidor frecuente en un punto de venta de drogas de Superi y Cavia, fue detenida y hostigada con el fin de que brindara información sobre un grupo de transeros.
Lo que se asoma detrás de esta maniobra es que querían perjudicar a una banda con la intención de favorecer a otra. En ese marco fue que se dirigieron al punto de venta de drogas, donde se llevaron detenida a Graciela González. Justamente esta mujer es tía de Marcelo "Frentudo" Fernández, recientemente detenido por narcomenudeo. Así fue que el 30 de enero la fiscal Navone imputó a los dos, por lo cual pasaron presos 17 días hasta que fueron liberados por archivo de causa.
Una vez que el hombre fue trasladado a la comisaría 10ª, los agentes introdujeron en el acta declaraciones falsas que supuestamente había hecho el detenido y que comprometían a Frentudo. Allí, además, continuaron golpeándolo y amenazándolo. "Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas", indicó la víctima que le decía el suboficial Dylan Pérez mientras lo golpeaba.
Por este hecho en la audiencia de este martes también fue imputado otro agente de la Motorizada. Al suboficial Oscar Pérez los fiscales le atribuyeron haber ocultado la privación ilegal de la libertad que sus compañeros ejercieron contra el hombre al que le habían plantado la droga. A su vez le reprocharon no haber denunciado las conductas delictivas de los otros policías.
