El gobierno de Donald Trump publicó este martes en el Registro Federal la finalización del "parole humanitario", un permiso migratorio que permitía la residencia y el acceso a trabajo temporal en Estados Unidos a aproximadamente 532.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La medida, anunciada el viernes por el propio Trump, pone fin al programa implementado por su predecesor, Joe Biden, y deja a los beneficiarios en riesgo de deportación a partir del 24 de abril.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó la terminación de los programas de "parole" para sus beneficiarios así como sus familiares inmediatos en un comunicado expedido el martes. En el mismo se informa que se revocarán todos los permisos de trabajo otorgados bajo el programa, y que el DHS cancelará todas las solicitudes de permiso de viaje vinculadas al "parole".
El DHS justificó la decisión argumentando que "el parole es, por naturaleza, temporal y, por sí sola, no constituye una base para obtener un estatus migratorio ni equivale a una admisión formal" en Estados Unidos. Aunque, de acuerdo al comunicado, los permisos expirarán dentro de un mes, el DHS también advirtió que existe la posibilidad de una "deportación acelerada" para quienes no hayan residido de manera continua en los Estados Unidos.
"Se acabó el parole"
De esta forma, la Casa Blanca oficializó la derogación del beneficio, conocido como CHNV por las siglas de los países que incluía, el cual otorgaba permisos temporales de residencia y trabajo a quienes contaban con un patrocinador. La decisión llega tras una revisión del impacto del CHNV, introducido con la intención de controlar la frontera.
Para la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, el fin del "parole" representa "un regreso a políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos primero". Según McLaughlin, el programa "no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir la inmigración ilegal, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior" de la administración trumpista.
En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Asegurando nuestras fronteras", que establece una política exterior que permite toda acción que apunte a reforzar la seguridad fronteriza. Según el comunicado del DHS, los programas CHNV son "innecesarios para alcanzar los objetivos de seguridad fronteriza" e "insuficientes para abordar los altos niveles de inmigración ilegal".
Además, el gobierno los responsabiliza de haber aumentado el acceso de los migrantes a beneficios federales, afectado el funcionamiento normal de la patrulla fronteriza y agravado los retrasos en el sistema migratorio. Actualmente, más de 75.000 solicitudes de asilo han sido presentadas por beneficiarios del CHNV, sumándose a los 3,6 millones de casos pendientes en el sistema judicial migratorio.
La orden de eliminación del programa ya fue impugnada en tribunales federales. Este lunes, la jueza federal del distrito de Boston, Indira Talwani, celebró una audiencia tras la cual podría emitir una orden de protección temporal para los afectados. Según los abogados representantes de los migrantes, la decisión podría llegar antes del 7 de abril.
"La jueza se comunicó con ambas partes y no adelantó cómo fallará, pero sí mostró preocupación por algunos de los argumentos del gobierno, especialmente sobre el trato a las personas que ingresaron legalmente a través del programa CHNV y otras vías de libertad condicional", señaló Esther Sung, directora legal del Centro de Acción de Justicia para Demandantes.
Críticas
Las organizaciones proinmigrantes no tardaron en criticar la decisión del gobierno de Trump. En declaraciones a la agencia EFE, Todd Schulte, presidente de FWD.us -organización de defensa de la reforma de la justicia penal y de inmigración-, calificó la eliminación del programa como "un enfoque erróneo que desestabilizará vidas, perjudicará a estas comunidades y, en última instancia, a todos los estadounidenses".
Schulte destacó que el uso del parole ha sido una herramienta clave durante siete décadas para ambos partidos y defendió que el programa CHNV "ha sido un éxito rotundo" entre los programas destinados a otorgar permisos. "Deberíamos mejorar vías legales como CHNV, que benefician a Estados Unidos, en lugar de arrojar a cientos de miles de personas al caos", puntualizó Schulte.
"Los estadounidenses han patrocinado a estas personas", afirmó el activista, advirtiendo que la cancelación del beneficio dejará fuera de la fuerza laboral a 240.000 trabajadores con permisos de empleo, incluidos 40.000 en manufactura, 30.000 en ocio y hostelería, 30.000 en construcción y 30.000 en el sector sanitario, según datos de FWD.us.
Por su parte, el gobierno de Venezuela denunció lo que considera una "campaña de criminalización" contra los migrantes, señalando que la ONU estima que más de 7,5 millones de venezolanos han salido del país desde 2014. “Migrar no es un delito, y no descansaremos hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”, afirmó el gobierno venezolano.
Mientras tanto, el gobierno de Trump mantiene en la mira otros programas similares al CHNV, que han permitido la llegada de aproximadamente 270.000 ucranianos y más de 70.000 afganos a Estados Unidos debido a la guerra.
