“Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro”, dijo en junio de 2017 el entonces presidente Mauricio Macri. En octubre de ese año, por decreto, reformó la ley de Riesgos del Trabajo mediante la creación de Comisiones Médicas como instancia obligatoria prejudicial que, con el paso del tiempo, también puede considerarse perjudicial. Durante años insistió para que Santa Fe adhiriera a la ley nacional, con el objetivo de bajar la litigiosidad y mejorar el acceso a las prestaciones por parte de los trabajadores. La provincia lo hizo en 2021. Sin embargo, el año pasado la tasa de litigios creció un 21% y está por encima de los años previos a la reforma. Para el ex ministro de Trabajo de la provincia y abogado laboralista, Juan Manuel Pusineri, ninguno de los dos objetivos planteados por la reforma se cumplieron. “Hay un problema irresuelto básicamente con el tema de las enfermedades del trabajo. Porque determinadas enfermedades, que son las más comunes, ni las ART ni las Comisiones Médicas las reconocen como originadas en el trabajo”, explicó en diálogo con Rosario/12. Por ese motivo, el reclamo administrativo deviene judicial.

En ascenso

Tras la presión de Macri, la Legislatura santafesina adhirió en 2021 a la reforma del sistema de riesgos del trabajo, que se puso en marcha en mayo de ese año. Fundamentalmente, el cambio consistió en que, si un trabajador quiere efectuar un reclamo vinculado a un siniestro laboral o a una enfermedad o incapacidad derivada de su tarea, no puede recurrir en forma directa a la justicia sin, previamente, pasar de modo obligatorio por una instancia administrativa denominada Comisiones Médicas.

¿De quién dependen esas comisiones? De las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Su objetivo es dictaminar si la patología o dolencia se deriva de la tarea laboral de un empleado. “Cuando se instalaron las Comisiones Médicas el objetivo era por lado reducir la litigiosidad en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, y que el trabajador pudiera tener una respuesta rápida, eficaz y suficiente en ese ámbito, sin tener que hacer un juicio”, recordó Pusineri.

El abogado laboralista señaló que “las estadísticas muestran que la litigiosidad en el primer tiempo, 2021 y 2022, descendió. Y a partir del año pasado, se vuelve a instalar el tema del aumento de juicios en materia de accidentes y enfermedades”.

De acuerdo a un informe de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, los juicios laborales crecieron en la provincia de Santa Fe un 21,5% en 2024, en relación al año anterior, que ya habían subido con respecto a 2022. En todo el país, la tasa de aumento fue mucho menor: 6,8%.

En 2022, siempre según el informe, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de juicios laborales cayó a 8.544, mientras que en 2020 –antes de la reforma- se habían iniciado 14.657 demandas en el fuero laboral. El año pasado, la cifra trepó a 16.439.

Dolencias

Según Pusineri, el problema se genera con las enfermedades del trabajo y no tanto con los accidentes. Particularmente, con determinado tipo de afecciones como “las dolencias columnarias, las hernias, várices y las de articulaciones”, que “tanto las ART como las Comisiones las califican equivocadamente como inculpables, es decir que no tienen relación con el trabajo o bien que no generan incapacidad”.

En rigor, las rechazan, y de ese modo abren el camino del reclamo judicial, que luego es interpretado como “industria del juicio”, aquella que suele abundar en la narrativa de las entidades patronales y que Macri quería “enfrentar” en 2017, aunque su reforma no dio los resultados esperados.

“Eso no tiene razonabilidad porque en general se explica cuál es el tipo de tarea que hace el trabajador, como impacta en su cuerpo, pero no se atiende”, dijo Pusineri. El ex titular de la cartera laboral santafesina recordó que “hay decreto de 2014 que incluyó hernias, varices y lumbalgias con determinadas características, por ejemplo más de tres años de antigüedad en el empleo, determinados tipo de tareas como estar parados mucho tiempo, como enfermedades del trabajo”. Sin embargo, dijo, existe un rechazo “sistemático” de parte de las Comisiones, que dependen de las ART.

Industrias

Para el especialista, la mayor parte de los reclamos judiciales están ligados a ese tipo de enfermedades que las Comisiones rechazan o certifican con “incapacidad cero”, y menos con otros los siniestros laborales. Y se dan mayormente en la industria y en menor medida en servicios. Santa Fe fue en 2024 la cuarta provincia con mayor tasa de litigiosidad en ese fuero y “el epicentro del problema está en Rosario”, precisó el ex funcionario, quien rechazó la extendida idea de que los empleados tienen cierta compulsión por los estrado judiciales.

“Si partís de la hipótesis que esto sucede, porque los peritos, los abogados o los jueces están en una concertación delictiva o están haciendo un negocio, te vas a equivocar”, sostuvo sobre la denominada “industria del juicio”, que en muchas ocasiones deja afuera los incumplimientos patronales en materia de higiene y seguridad . “¿Cuál es el argumento central para eso? ¿Por qué no hay denuncias penales o en los Colegios profesionales sobre peritos, abogados o magistrados? Eso no se refleja en ningún lado, aunque no digo que marginalmente no pueda haber casos de esto”, abundó.

Para Pusineri, “el fenómeno tiene que ver con que no existe un reconocimiento adecuado de las enfermedades laborales. En cambio, con los accidentes las Comisiones funcionan bien”. Ante el incremento de la litigiosidad, que se expresa en un incremento del costo laboral para las empresas por el aumento de las cápitas de seguros de las ART, el Gobierno de Santa Fe puso en debate la posibilidad de crear un Cuerpo Médico Forense para sumar a las Comisiones Médicas.

 

“Lo que en concreto significa una estructura pública con cargos remunerados para los profesionales y una burocracia para su funcionamiento. Además de intervenir en los casos concretos también aportaría un criterio uniforme que deberán seguir las Comisiones Médicas, máxime teniendo en cuenta que su puesta en funcionamiento se instrumentaría por vía de un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, dijo Pusineri, para descartar la idea: “Descreo que frente a un problema haya que crear más cargos en el Estado, no es razonable porque ya hay estructuras para eso”.