La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este martes rechazar la anulación del acuerdo de delación del teniente coronel Mauro Cid, exedecán del presidente Jair Bolsonaro, durante la primera audiencia del juicio en el que se decidirá si se acepta la denuncia por intento de golpe de Estado. Por su parte, el ultraderechista insistió en su inocencia, mientras que sus abogados negaron que haya participado en los planes para asesinar a su sucesor en la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva. El análisis del caso se reanudará este miércoles, informó la prensa local.
"El colaborador, en presencia de sus abogados, reiteró el carácter voluntario y la regularidad del acuerdo de culpabilidad", indicó el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes.
La defensa de Bolsonaro había solicitado a la Corte Suprema la anulación del principal testimonio del caso, por presuntas irregularidades. Cid prestó testimonio en el marco de un acuerdo de cooperación judicial e implicó tanto al líder ultraderechista como a varios de los miembros de su entorno político en la supuesta conspiración para impedir la investidura de Lula da Silva.
Según el abogado del exmandatario, Celso Sanchez Vilardi, la declaración del exedecán no fue espontánea, como debería haber ocurrido, ya que los investigadores fueron guiándolo en el interrogatorio. El letrado explicó que cuando se realiza una colaboración de este tipo, el delatador cuenta su versión de los hechos y los investigadores buscan las pruebas posteriormente. "En este caso hubo una inversión, fue al revés: el Estado trajo pruebas, y él se adaptó a las pruebas", indicó.
La denuncia
Al principio de la audiencia, De Moraes presentó un informe general del caso en el que citó los delitos atribuidos a los acusados, describió los actos por los que fueron denunciados y relató cómo se llevaron a cabo las etapas del proceso hasta el juicio de este martes. "Todos los acusados, en unidad de propósito y división de tareas, contribuyeron significativamente al proyecto violento de poder de la organización criminal, especialmente al mantenimiento del escenario de inestabilidad social que culminó en los hechos lesivos", afirmó De Moraes.
Bolsonaro y otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía General, acusó al líder ultraderechista y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que Lula salió victorioso y mantenerse en el poder. Según la acusación, la trama desembocó en la invasión violenta por parte de seguidores del exmandatario de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión del actual mandatario.
La palabra de la Fiscalía
El fiscal general, Paulo Gonet, reiteró este martes que Bolsonaro lideró e incentivó acciones ilegales para mantenerse en el poder. "La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia, general (Walter) Braga Netto", afirmó el fiscal al presentar los argumentos de su acusación.
Gonet señaló que hubo una cadena de acontecimientos articulados para que, por medio de la fuerza o amenaza, el entonces presidente Jair Bolsonaro no dejara la Presidencia de la República tras perder las elecciones de 2022. Según el fiscal, la organización documentó todo el plan y durante las investigaciones se encontraron manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el avance de la ruptura del orden democrático.
En un tono fuerte, Gonet explicó la gravedad del caso citando varias pruebas, entre las cuales se encuentran el borrador del plan para llevar a cabo el golpe de Estado y del discurso que sería leído por Bolsonaro luego de derrocar a Lula da Silva. "El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder", insistió.
Insistencia en la inocencia de Bolsonaro
Durante su intervención, la defensa de Bolsonaro pidió que se asigne el caso a un nuevo instructor, insistió en la inocencia del ex jefe de Estado, aseguró que ningún documento lo compromete y negó que haya participado en los planes para asesinar a Lula, así como al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes. "Temo la gravedad de todo lo que ocurrió el 8 de enero, pero no es posible querer atribuir responsabilidad al expresidente de la República, o ubicarlo como líder de una organización criminal, cuando él no apoyó lo que ocurrió, al contrario, se regodeó”, sostuvo Vilardi, además de decir que tuvo un acceso limitado a las pruebas que están en discusión y poco tiempo para analizarlas.
Antes de la audiencia, Bolsonaro habló con la prensa. "Siempre esperamos justicia. Yo estoy bien. Son acusaciones sin fundamento realizadas de forma parcial por la Policía Federal", señaló al arribar al aeropuerto de Brasilia, además de reiterar sus críticas a que el juicio sea realizado por la Sala Primera y no por el pleno del Supremo Tribunal Federal, una solicitud que ya fue negada.
En cuanto a no decir la verdad, hay que recordar que, en 2023, la justicia electoral de Brasil determinó por mayoría inhabilitar a Bolsonaro para postularse a cargos públicos hasta 2030, al declararlo culpable de abusos de poder por difundir mentiras y sospechas infundadas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño ante embajadores de países extranjeros, antes de las elecciones de 2022.
Rechazo a los pedidos de Bolsonaro
El jueves, la Corte Suprema de Brasil rechazó los recursos presentados por el expresidente para apartar a dos de los magistrados encargados de analizar la denuncia por su presunta participación en la intentona golpista. La mayoría de los integrantes del máximo tribunal votaron en línea con el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, y dieron vía libre a que el proceso judicial contra el líder ultraderechista continúe tal como estaba previsto.
La defensa de Bolsonaro trató de impugnar a Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula da Silva, y a Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del mandatario, al considerar que no serían imparciales. Los abogados argumentaron que tanto Dino como Zanin presentaron denuncias en el pasado contra Bolsonaro y que algunos de estos procesos seguían abiertos.
Barroso rechazó los argumentos porque, afirmó, la ley solo prevé la impugnación de un juez cuando tiene que decidir sobre un caso en el que están involucrados familiares o cuando este ha declarado como testigo en el mismo. De los 10 magistrados que votaron los recursos, solo André Mendonça, quien fue propuesto por Bolsonaro para integrar el tribunal, se pronunció a favor de apartar a Dino, si bien no a Zanin.
El Supremo también denegó un tercer recurso de otro de los acusados, Walter Braga Netto, para recusar a De Moraes. Según los abogados del excompañero de fórmula de Bolsonaro en 2022, De Moraes no debería participar en el juicio porque, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía General de la República, este fue uno objetivos de los planes de asesinato como parte del golpe. Sin embargo, Barroso afirmó que esta petición había sido presentada fuera de plazo y que, en cualquier caso, las razones argumentadas por la defensa no eran suficientes para justificar la recusación. Aquí también, Mendonça fue el único magistrado favorable a una recusación de De Moraes.
