El Partido Solidario sostuvo que las detenciones de ex funcionarios del gobierno anterior y el procesamiento con prisión preventiva y el pedido de desafuero de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner fueron dictadas “sin las mínimas garantías procesales”. “Estamos ante un gobierno que cuando dice aplicar la ley, la trasgrede”, advirtió ese espacio político en un comunicado firmado por su referente, el diputado Carlos Heller.
Desde el Partido Solidario señalaron que el de Mauricio Macri es un gobierno que “cuando habla de libertades públicas atenta contra ellas”. En este sentido instaron a la oposición “confluir en estrategias conjuntas, consecuentes y programáticas” para “ponerle un límite” tanto a la avanzada judicial como a las políticas de ajuste de Cambiemos.
El partido encabezado por Heller acusó al juez federal Claudio Bonadio de ser “el eslabón” de un sector del Poder Judicial que busca “ilegalizar y esterilizar” a la oposición. También sostuvo que la avanzada contra dirigentes y ex funcionarios del kirchnerismo no es fruto del accionar de “un juez solitario” sino parte de un entramado judicial que tiene como objetivo “la arbitrariedad y el revanchismo”.
El comunicado del Partido Solidario, titulado "Cuando ser opositores nos convierte en sospechosos" fue firmado también por el secretario general de esa fuerza política, Juan Carlos Junio, y se suma a la incontable cantidad de pronunciamientos surgidos desde ayer en rechazo de la persecución política y judicial, que tiene como principal objetivo la detención de CFK.
"Se trata de hechos gravísimos que, muy lejos del discurso de la calidad institucional y la división de poderes que el gobierno ensayó durante la campaña electoral, generan el escenario opuesto, con persecuciones, amenazas de encarcelamiento y debilitamiento extremo del Estado de Derecho", remarcó el Partido Solidario.
En este sentido, acusó al gobierno de Macri de “operar con sectores de la justicia para debilitar y atemorizar a la oposición”, con el fin de “disciplinar a la oposición” y de “debilitar la libertad de expresión, con el cierre de medios y el despido masivo de trabajadores de prensa”.