La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño mostró su preocupación por la decisión del Gobierno de Javier Milei de calificar como delito de Lesa Humanidad el asesinato del militar Humberto Viola y su hija, ocurrido en 1974 a manos del PRT-ERP, dijo que “no huele bien lo que están haciendo” y advirtió que se abre las puertas a un proceso que puede llevar al país a situaciones peligrosas, al tiempo que desarmó las mentiras del anuncio oficial de la desclasificación de los archivos de la SIDE sobre la dictadura.
La decisión de considerar el asesinato de Viola y su hija como delito de Lesa Humanidad fue anunciada oficialmente por el Gobierno el 24 de marzo, en el marco del aniversario 49 del golpe de Estado Cívico-Militar, lo que desató múltiples críticas de los organismos de derechos humanos que observan con preocupación la mirada negacionista con la que la administración libertaria busca reescribir la historia sobre la dictadura.
“No huele bien lo que están haciendo”, advirtió con preocupación Caamaño, en declaraciones a la AM 750, donde consideró que calificar de crimen de lesa humanidad al caso Viola “es abrir una puerta que puede llevarnos a situaciones muy peligrosas”, y explicó que ese tipo de delitos son aquellos cometidos desde el Estado contra el pueblo. “El atentado a la familia Viola fue otra cosa: no estamos hablando de gente que perteneciera al Estado, era una banda que podés llamarla como quieras. Terroristas, militantes extremos o subversivos, pero no reúnen los requisitos para considerar que sea un delito de Lesa Humanidad”, agregó.
Por el caso, además, la familia Viola ya tuvo la reparación de la Justicia, con condenados a prisión perpetua por el doble crimen. El asunto volvió a ser debatido recién en 2016, cuando la familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea considerado un crimen de lesa. Ya con Horacio Pietragalla Corti como secretario de Derechos Humanos, se rechazó considerarlo como crimen de lesa, debido a que ya había sentencias de tribunales argentinos que esclarecieron los hechos y condenaron a los culpables, que cumplieron las penas. Recién 26 años después de que la condena quedara firme, y muchos años después de que los acusados quedaron en libertad, la familia acudió a la CIDH.
Críticas a la desclasificación de los archivos de la dictadura
Caamaño además salió al cruce de la decisión del Gobierno – también anunciada el 24 de marzo – de desclasificar los archivos de la SIDE durante la última dictadura, una medida que ya había sido adoptada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. “Mientras yo estuve a cargo de la AFI se terminó por orden del entonces presidente Fernández de desclasificar todos los archivos de la Agencia”, enfatizó la exfiscal federal y actual rectora de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo.
“Creemos que quieren hacer un anuncio como cuando se inaugura una escuela dos veces. Hubo un acto el 10 de diciembre de 2020, del que participaron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en la exEsma en la secretaría de Derechos Humanos, donde les entregamos a todos los organismos y a las Madres de Plaza de Mayo las carpetas con toda la información que habíamos encontrado. Puede haber más, pero es información que ya está desclasificada. Por hábeas data, la gente pedía y si había algo se entregaba”, detalló Caamaño.
Además, dijo que no hay nombres concretos, sino que se trata de fichas de inteligencia que dan cuenta de los seguimientos a personas. “Los partes decían cómo eran los movimientos de personas. Era información que se utilizaba en el plan de exterminio, armaban rutinas de las personas”, enfatizó Caamaño.
Rossi también lanzó duras críticas
El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, hoy SIDE) Agustín Rossi puso en tela de juicio la supuesta desclasificación de archivos de la dictadura anunciada por el Gobierno y pidió que se haga "un inventario previo" de cualquier documentación de esa época que sea trasladada en el marco de esa iniciativa. "Hay que estar muy atentos a todo lo que pueda llegar a suceder. "No hay una intencionalidad de transparencia", dijo en diálogo con AM 750.
Rossi consideró que es necesario "un inventario previo al traslado" de los archivos que están en la SIDE al Archivo General de la Nación" hecho por organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección de esos documentos.
Además, señaló que "no hay una intencionalidad de transparencia" por parte del Gobierno, que busca clasificar como crímenes de lesa humanidad las acciones de los grupos guerrilleros durante la década de los '70, a pesar de que va en contra de lo que establecen la justicia nacional e internacional.
El también exdiputado nacional ratificó lo que este diario ya explicó: en 2010, a través de un decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desclasificaron "todos los documentos y archivos que involucraran a las Fuerzas Armadas en cuestiones de la dictadura militar".
Esto determinó la creación de la Dirección de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Defensa, que tenía como tarea clasificar esos archivos. "La documentación era requerida fundamentalmente por familiares de aquellos que habían sufrido (el terrorismo de Estado), por organismos de derechos humanos y por la Justicia", detalló Rossi y agregó que esto permitió que se encontrara información "muy valiosa a la hora de llevar adelante juicios por la memoria, la verdad y la justicia".
