Marcelino Pandiani fue presidente del centro universitario de Ezeiza durante ocho años. Este miércoles, en diálogo con la 750, le respondió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras la prohibición de los centros de estudiantes en las cárceles federales. 

Pandiani fue representante de íconos de la movida musical como Leo Mattioli, Dalila o Los Palmeras y actualmente está preso acusado de homicidio, aunque hoy, a poco de salir en libertad, cuenta su experiencia luego de haber estudiado la carrera de Sociología, y a solo dos materias para obtener su licenciatura

“Cualquier persona que pasa por un centro universitario tiene un índice de reincidencia de menos de un 5%, y los que no pasan por ahí, un índice de reincidencia de un 70%”, señaló, en diálogo con la 750.

“Esto quiere decir que la universidad es la verdadera reinserción social o parte de ella”, enfatizó.

“Estudié Sociología porque me interesaban las clases sociales, la diversidad. Me gusta saber cómo actúa una parte de la sociedad y cómo actúa la otra. Esto me enseñó a progresar en mi pena, a convivir con los demás, a ver las cosas en distintas perspectivas, escuchando a los demás y ayudando a los demás, tratando de ser cada día un poco mejor”, contó.

“El centro de estudiantes, por un simple capricho o cambio de políticas públicas, no puede dejar de existir”, lamentó.

Los argumentos del Gobierno

El argumento oficial para prohibir os centros de estudiantes sostiene que los internos que participan de estas agrupaciones "no cumplen con las obligaciones del régimen penitenciario" porque pasan demasiado tiempo en los centros educativos, dejando de lado tareas laborales o de mantenimiento. 

Desde el Ministerio aseguran que esto “tergiversa la finalidad de readaptación social” y afecta la disciplina dentro de los penales.

Pero los propios detenidos y quienes trabajan en la educación en contextos de encierro lo ven diferente: los centros de estudiantes no solo promueven el acceso al estudio, sino que también permiten la organización colectiva y la defensa de derechos básicos, como el acceso a materiales de estudio, tutorías o la posibilidad de rendir exámenes sin trabas administrativas. En muchos casos, han sido espacios clave para evitar el abandono escolar y fomentar la reinserción social real.