El expresidente Jair Bolsonaro será juzgado en Brasil por intento de golpe de Estado contra su rival Luiz Inácio Lula da Silva, según una decisión histórica de la Corte Suprema que mina las aspiraciones del líder opositor de volver a la presidencia. Cinco magistrados del tribunal aceptaron este miércoles por unanimidad el pedido de la Fiscalía, que imputó a Bolsonaro, de 70 años, por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, un nostálgico de ese periodo, amaga con sacudir la vida política de los próximos meses. El líder de la oposición brasileña clamó su inocencia y se declaró un "perseguido".
"Un intento de golpe violentísimo"
El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar, consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del exjefe de Estado en los actos citados. Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del expresidente en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descriptos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía.
"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo, una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia. El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción".
Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales "que concuerdan con la materialidad" de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia "amplia y bien elaborada". En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien dijo que "la dictadura mata" y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de "vigilancia constante".
El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien aseguró que la Corte Suprema cuenta con "hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía". Los jueces entendieron que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho sospechosos por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel. Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Objetivo: matar a Lula
El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un "estado de defensa" e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la Fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Junto a Bolsonaro serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la Corte Suprema. "Hay indicios razonables de la Fiscalía que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal", dijo el miércoles el juez De Moraes antes de emitir su voto. La defensa del líder ultraderechista intentó sin éxito apartarlo del caso. El juez, al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener "interés personal" en el caso.
"Quieren impedir que llegue libre a las elecciones"
Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida. "Tienen prisa, mucha prisa", dijo el presidente de Brasil en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces. Bolsonaro dijo que el proceso en su contra "avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão", el proceso contra el entonces presidente Lula por corrupción en su primer mandato, "y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato", el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.
El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral. "Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme", afirmó Bolsonaro, quien más tarde declaró ante los medios de comunicación que ya se esperaba la imputación y dijo que el juez Alexandre de Moraes montó una "historieta" para acusarlo.
El exmandatario ultraderechista, que compareció flanqueado por legisladores aliados, admitió que, tras las elecciones de 2022, discutió con comandantes militares "hipótesis" para declarar el Estado de sitio y de defensa, pero defendió que estos escenarios están previstos en la Constitución. "Discutir dispositivos constitucionales no es crimen", apuntó.
El PT contra los "esbirros golpistas"
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, liderado por Lula, aplaudió la decisión de la Corte Suprema contra Bolsonaro y otros "siete de sus esbirros" por intentar dar un golpe de Estado. "Es un momento único en nuestra historia, el de procesar y juzgar, dentro de la Constitución, a aquellos responsables por atentar contra el Estado democrático de derecho", afirmó en una nota el jefe del PT, el senador Humberto Costa.
El dirigente señaló que Brasil inauguró hoy "un proceso de justicia y reparación" al sentar en el banquillo a Bolsonaro y a otros "siete de sus esbirros golpistas". Su antecesora en el cargo y hoy ministra de Relaciones Institucionales del gobierno de Lula, Gleisi Hoffmann, dijo que el enjuiciamiento del considerado núcleo del complot golpista es "muy significativa" y afirmó que el juicio "transcurrió dentro del Estado democrático de derecho que los imputados intentaron abolir".
