La decisión de Patricia Bullrich de prohibir los centros de estudiantes en los espacios universitarios de las cárceles federales ya tiene su primera objeción en la Justicia. La presentó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que se ocupa de defender los derechos de las personas privadas de su libertad, a través de un hábeas corpus en el que pidió que la medida sea declarada inconstitucional por restringir "arbitrariamente" el acceso a la educación de los y las detenidas. Los centros de estudiantes de las cárceles y de diversas facultades de la UBA también salieron a rechazar la decisión de Seguridad al advertir que los cepilares esenciales de las actividades académicas