Cuatro altos ejecutivos del grupo Vicentin se sentaron ayer en el banquillo de los acusados imputados por los delitos de asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta, por lo que deberían continuar en prisión preventiva hasta el juicio oral. Se trata del ex presidente Daniel Buyatti y el ex director Roberto Gazze, que habían sido detenidos la semana pasada por orden de los fiscales de Delitos Económicos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. También fueron acusados formalmente los ex directivos Omar Scarel y Alberto Macua, quienes se entregaron voluntariamente al día siguiente de los 20 allanamientos que realizó Gendarmería en domicilios de Rosario, Buenos Aires, Reconquista, Avellaneda, Funes y Adrogué.
El planteo de Fiscalía es estos ejecutivos de Vicentin siguieron sacando dinero de manera ilegítima de las empresas vinculadas en perjuicio de la compañía concursada, y por consiguiente los acreedores y víctimas, convirtiéndose en una nueva estafa y por eso también los vuelven a imputar por asociación ilícita y administración fraudulenta. Además como la Sindicatura no controló esa supuesta irregular salida de fondos, también los imputaron.
En la causa también están involucrados otras 15 personas, entre ejecutivos y allegados al grupo agroexportador que protagoniza el mayor default de la historia nacional, 1300 millones de dólares, que lo declaró en 2019 y que desde 2020 se encuentra en concurso preventivo de acreedores.
Los otros involucrados como partícipes de estas maniobras ilícitas son: Alberto, Máximo y Cristian Padoan, Javier Gazze, Martín y Yanina Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Daniel Foschiatti, Fernando Bougain, Carlos Sartor, Diego Boschi, Facundo Persoglia y Miguel Vallaza. Todo comparecieron ante el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy.
La audiencia imputativa comenzó ayer con una hora de retraso por la queja de las defensas de los ex directivos de la cerealera Omar Scarel y Alberto Macua, que pidieron su traslado desde el ORDER de 27 de Febrero al 7800 al Centro de Justicia penal. Es que a ambos se les aplicó el criterio de peligrosidad por lo cual debían comunicarse vía zoom con la sede fiscal, que tuvo inconvenientes. Una hora después del inicio, llegaron a la CJP y comenzó formalmente la lectura de la imputación.
Además los defensores dijeron haber recibido el contenido de la imputación el mismo jueves pasadas las 3 e la mañana, por lo cual no pudieron interiorizar a sus clientes. Por eso los mandaron a llamar.
En otro punto polémico, varios de los abogados de Vicentín pidieron a los jueces que no se ventilaran los montos que cobraron para defender a los imputados, argumentando que en la imputación de los fiscales habría facturas emitidas por ellos.
La queja vino a cuento que la Fiscalía había obtenido un listado de millonarias facturas enviadas por los abogados defensores, como Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca, a sociedades vinculadas de la empresa defaulteada que le despertaron sospechas por el nivel, la razón y la forma de salida de fondos.
En tanto sobre las 18, la audiencia está en cuarto intermedio por 15 minutos. Hasta es momento la imputación apuntaba a ampliar la estructura de la asociación ilícita denunciada en su momento con los directivos que asumieron en Vicentin y empresas vinculadas después del default. Según la fiscalía, sería una fachada que respondía a Buyatti, Gazze, Scarel y Macua para consolidar el poder dentro de la empresa y seguir extrayendo fondos de esa y otras sociedades vinculadas, incluso después del concurso.
La última novedad importante que surgió en el marco de la causa de la cerealera se produjo el sábado pasado cuando dos ex directivos de Vicentin quedaron detenidos tras presentarse en la sede rosarina de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Omar Scarel y Alberto Macua tenían orden de captura por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El viernes anterior, la policía ya había detenido a Daniel Buyatti y a Roberto Gazze, considerados por los fiscales que llevan adelante la acusación, como jefes de una asociación ilícita junto a Macua y Scarel. Las cuatro detenciones se ordenaron en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires.
En la previa a la audiencia Jorge Ilharrescondo, abogado defensor de los empresarios, advirtió sobre irregularidades judiciales y no descartó recurrir a instancias internacionales. El letrado hizo hincapié en las demoras en recibir la imputación concreta contra sus clientes. “Si mis clientes le atribuyen un delito y en base a eso se pide prisión preventiva, lo menos que corresponde un estado de derecho es que nos den los tiempos para adoptar los medios adecuados para ejercer la defensa y replicar los delitos que se atribuyen. Y eso no ha acontecido. Y eso será motivo de críticas muy fuertes".
Por su parte uno delos presentes en la audiencia fue el diputado provincial Carlos del Frade quien recordó "el trabajo de todas y todos los que formamos parte de la Comisión de Seguimiento de la causa Vicentin en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, hoy disuelta. Lo que se está diciendo hoy en los tribunales fue lo anunciado después de muchísimo trabajo desde el seno de esa última instancia estatal que buscaba poner algo de luz sobre lo ocurrido".
Y calificó como "signos cósmicos, que la veintena de imputadas e imputados por haber cometido 44 estafas desde Vicentin empezaron a ser juzgados en la sala 7 del segundo piso del Centro de Justicia Penal, exactamente donde se estrenó el edificio con el juicio provincial que por primera vez condenó a la banda de Los Monos. El entonces fiscal Fernández Bussy es hoy uno de los tres miembros del tribunal de jueces. Desde Los Monos a Vicentin, esta sala expone una parábola que incluye la historia de la ciudad, la provincia y el país en los últimos quince años".
