La Cámara de Diputados bonaerense dio sanción definitiva y convirtió en ley una propuesta de Axel Kicillof que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires (RDAM) y contribuye a agilizar el pago de la cuota alimentaria en el territorio bonaerense. Al cierre, se estableció un cuarto intermedio hasta el jueves 3, con la intención de avanzar en negociaciones para definir si se sostendrán o no las PASO en la Provincia.

El texto, que ingresó por el Senado, se unificó con propuestas de la oposición y establece, además, que quienes sean deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos públicos provinciales ni municipales.

La norma aplica modificaciones clave sobre la Ley 13.074 y establece que el Registro que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo principal “registrar, por orden judicial, a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas”.

Según la argumentación del Ejecutivo, las modificaciones propuestas vienen a responder la problemática planteada en un informe elaborado por el Ministerio de Mujeres en 2022, que marca que el incumplimiento de la obligación alimentaria es un problema estructural que profundiza las desigualdades de género

Para que una persona pueda ser registrada en el RDAM, deben cumplirse ciertos requisitos, como haber sido intimada al pago de las cuotas adeudadas y no haber demostrado su cumplimiento. La inscripción se llevará a cabo de manera inmediata por orden judicial y a solicitud de parte, mediante un oficio dirigido al RDAM.

En la misma línea, la cámara baja también dio luz verde a una propuesta del diputado de Unión por la Patria Germán Di Césare que prohíbe el ingreso a casinos y bingos de quienes sean deudores alimentarios. "Se trata nada más de una herramienta más para garantizar el pago de la cuota alimentaria, la debida manutención de los chicos. Esta obligación es legal y moral. Lamentablemente, tanto en nuestro país como en la Provincia de Buenos Aires, son altísimos los índices en los cuales no se cumple con esta obligación", dijo el diputado.

Otro de los puntos clave de la sesión fue la aprobación del proyecto de la diputada Margarita Recalde, que modifica el régimen de licencias y permisos para personal de la administración pública. De volverse ley, los cambios implican que se darán 60 días de licencia que pueden ser tomadas en forma continua o discontinua; y en permisos serían 480 horas anuales para distribuirlas acorde a la necesidad de los tratamientos. A la vez, se habilitan permisos para empleados públicos que tengan a cargo a una persona con discapacidad o problemáticas de la salud mental.

"Estamos reconociendo el derecho a la asistencia de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que están atravesando algún problema de salud mental. Esto ordena una situación que ya se da de hecho”, sostuvo la legisladora de Unión por la Patria.

A la vez, se aprobó el proyecto que declara el estado de Emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en el municipio de Bahía Blanca y que contempla, por ejemplo, eximición de impuestos y tasas, como también la suspensión de los aumentos en los servicios públicos de agua, electricidad y gas, como también ayudas específicas para jubilados.

“El presente proyecto también contempla la solicitud de medidas de alivio fiscal y asistencia por parte del gobierno nacional. Porque si hay algo que esta tragedia deja en claro es que el cambio climático no es una abstracción ni un tema de debate, sino una realidad que ya está afectando nuestras ciudades y comunidades. Desconocerlo o negarse a actuar solo agrava las consecuencias”, dijo la autora del proyecto, la legisladora Maite Alvado.

Asimismo, la cámara dio el visto bueno a una propuesta de la diputada de UCR+Cambio Federal, María Alejandra Lorden, a través del que la Provincia adhiere a la Ley 27.671, que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la "Cuestión de las Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Buenos Aires.

“Memoria, verdad y justicia también caben para este caso. Memoria, porque tenemos que seguir malvinizando para las futuras generaciones; verdad porque tenemos que seguir contando la historia oculta de muchas cosas que sucedieron y encontramos año tras año; y justicia, que es el compromiso inclaudicable de que son nuestras tierras”, señaló la diputada.

En esa línea, agregó que “intentamos adherir a esta ley nacional que habla de una capacitación permanente, periódica para que el 2 de abril no solo sea conmemorado ese día, sino que los 365 días del año se hable de la gesta de Malvinas”.