La avalancha de reformas que el gobierno ceocrático aspira a desplegar, fluye desde una férrea vocación: afirmar un poder clasista que destruya derechos de las mayorías populares, recomponga ganancias de la minoría que lo concentra y discipline a los trabajadores. El gobierno de Cambiemos no se propone sólo el objetivo de redistribuir ingresos y riquezas a favor de los ricos, sino que también persigue el castigo a un pueblo que mejoró sustantivamente sus condiciones de vida durante una década, progreso que devino del acceso a más derechos y más ciudadanía.
Esta ofensiva se enmarca en un proyecto desarrollado a nivel global y continental por el cual se intenta que la crisis del sistema capitalista mundial, originada fundamentalmente en los países centrales, minimice sus efectos perjudiciales en sus responsables y traslade sus peores consecuencias a los países periféricos. Se pretende una redefinición de la inserción de la Argentina en el mundo, acorde con los intereses de las empresas multinacionales y del capital financiero, y alejada del conjunto de países e instituciones que en los últimos años se han mostrado interesados en la definición de un orden mundial más equilibrado.
Industria del despido
La reforma laboral que el gobierno se propone implementar resulta clave en esta regresión emprendida, está fundada en la cultura empresaria que descansa, como reflexionaba Kalecki, en el aprecio de los dirigentes patronales y rentistas a la disciplina en los lugares de trabajo y la estabilidad política. Su pulsión de clase los previene respecto del pleno empleo duradero, al que ven poco conveniente desde su punto de vista, mientras los tranquiliza que el desempleo forme parte integral del sistema capitalista normal, a la vez que promueven que las inversiones necesarias para mantener e incrementar sus beneficios provengan del estado de confianza empresarial y no del Estado cuya dirección podría recaer en liderazgos populares; hasta preferirían privarse de beneficios si éste fuera el costo del control social y del orden que consagre su supremacía . Ocupando el poder en forma directa a través de sus capataces y envalentonados por un resultado electoral coyuntural, hoy arremeten no sólo contra conquistas de los años de kirchnerismo sino que también pretenden desarticular las de hace siete décadas, cuando gobernaba el primer peronismo.
El proyecto de ley sobre flexibilización laboral ingresado al Senado fue negociado con una cúpula de la CGT en una reunión con el Ministro de Trabajo celebrada en la sede de la Sociedad Rural. Esa cúpula cegetista ha consumado la claudicación de una parte de la dirigencia sindical que se apresta a integrarse institucionalmente a esta fase neoliberal, sin lucha ni resistencia. Así para precarizar el trabajo y desindustrializar al país el proyecto de flexibilización laboral establece una verdadera “industria del despido”. Las modificaciones provocarán una gran desorganización en la vida de las familias trabajadoras. El proyecto significa un gran retroceso del derecho al trabajo y por lo tanto es violatorio del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y de normas de la OIT, que reclaman la progresividad e irregresividad de los derechos sociales. Avasalla la Constitución Nacional que incluyó esos pactos y revela una recurrencia del gobierno de Macri a manejarse fuera del Estado de Derecho.
Es un gobierno que miente, que vela sus objetivos, que oculta la verdad de las reformas que emprende. Manifiesta que estas reformas son para crear empleo, mientras ellas facilitan los despidos y propenden a la extensión de la jornada de trabajo. Afirma que desea crear trabajo de calidad, mientras apunta a reducir el salario y el nivel y calidad de vida de los asalariados, y estimula la rotación laboral que desperdicia la calificación y la experiencia que la estabilidad y antigüedad otorgan.
Apertura financiera y comercial
La ley flexibilizadora se articula con la política monetaria del Banco Central de “Metas de Inflación”, que también omite el respeto del Estado de Derecho y se despliega sin respeto de la ley vigente que dispone objetivos múltiples, entre los que figura taxativamente la promoción del empleo. Contrariamente, la lógica de estabilización de precios de ese régimen impulsa una dirección contraria. La elevadísima tasa de interés de referencia del Banco Central promueve la retracción del crédito que persigue la caída de la inversión, en busca de una reducción del Producto, de la demanda y del consumo, dinámica que tiene como objetivo una reducción del empleo para debilitar el temple de los asalariados en la puja distributiva. Se propende a destruir el mercado interno del proceso reindustrializador con una metodología fáctica y encubridora marginada del orden legal.
Mientras las pequeñas y medianas empresas afrontan la suba de costos financieros y el estrechamiento del mercado interno, las grandes empresas con acceso al mercado internacional pueden tomar en el mismo créditos en divisas a tasas de interés deprimidas.
El Banco Central abandona la orientación del crédito y la promoción del desarrollo. El gobierno se encomienda para ello al mercado y la confianza del mundo de los negocios. Jauretche advertía que el que maneja el crédito dispone de mayor eficacia para manejar la economía del país que el propio gobierno, detenta el poder para estimular determinadas formas de producción y debilitar otras, y puede determinar qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no. Así, el gobierno de derecha abandonando roles del Estado confisca poder ciudadano a manos de las clases dominantes
La política clasista de la Ceocracia desplegó a raudo ritmo durante estos dos años una apertura comercial y financiera inédita y radical. Esa apertura financiera con la mencionada tasa de referencia de inusitado nivel, da lugar al crecimiento explosivo de las ya popularizadas Lebac que atraen y rentabilizan al capital financiero internacional. La entrada del mismo le permite al Banco Central mantener estable el tipo de cambio en el corto plazo que garantiza a los privados que contraen deuda externa las ventajas del acceso a esos préstamos, sabiendo por historia y por poder que cualquier pérdida por crisis cambiaria se habrá de socializar, pagando sus costos la ciudadanía en su conjunto.
La liberalización comercial acaricia el infinito, los exportadores de granos ya no deberán liquidar sus divisas en el mercado argentino, aunque si quieren podrán hacerlo. Nada les está prohibido, pues ahora la renta de la tierra les pertenece y las decisiones sobre sus frutos también. Por eso es que se viene cumpliendo a rajatabla la reducción de las retenciones.
La liberalización comercial expandió también el mundo de las importaciones, las de consumo vienen creciendo enérgicamente destruyendo producción nacional, la pequeña y mediana industria y decenas de miles de puestos de trabajo.
La apertura financiera permite el ingreso irrestricto de capitales y su egreso sin límites. El entusiasmo por las Lebac alimenta el primero, el endeudamiento privado a bajas tasas internacionales también. Pero el gobierno esmerado en su política de estabilización proclama que el financiamiento de un déficit fiscal que el mismo acrecentó sustancialmente con la reducción de impuestos a los poderosos, como la quita de retenciones y la reducción del impuesto a los bienes personales, no debe financiarse con emisión monetaria. Entonces lo hace con endeudamiento externo en divisas, que en la realidad cambia por pesos que es la moneda en la que está constituido ese déficit. Con esa permuta provee de dólares al Banco Central que engrosa sus posibilidades de financiar su egreso sin límites. Es la arquitectura de la fuga de divisas, porque el Banco Central será la contraparte de la permuta que entregará los pesos al Tesoro Nacional y se hará de los dólares para entregarlos a quien decida en libertad y sin “cepos” hacerse de ellos. Esa arquitectura fue la que operó en el desmonte de la política de desendeudamiento de los gobiernos kirchneristas y en el suministro de las divisas que provocó una monumental deuda adquirida en el corto tiempo de gestión del gobierno UCR-PRO. El 75 por ciento de los dólares ingresados y que hoy adeuda la Nación se esfumaron en fuga de capitales, financiamiento de turismo al exterior, remisión de utilidades de las empresas extranjeras y otras salidas improductivas. Muy pocos dólares ingresados bajo el gobierno de Cambiemos han ido a reforzar proyectos que sustituyan importaciones o promuevan exportaciones, mientras el déficit comercial se agranda anticipando el final de una película ya vista.
Crisis
Así el objetivo de la desorganización del trabajo y de los trabajadores se ensambla con la dinámica desindustrializadora, el estímulo a la reprimarización y la pérdida del control estatal sobre las finanzas. Además, la construcción de un proceso de endeudamiento exponencial desembocará en las condicionalidades del FMI para habilitar refinanciaciones con la consecuente pérdida de soberanía que devendrá de esa injerencia. Luego seguirá la posterior hecatombe macroeconómica con las recurrentes condonaciones de obligaciones al empresariado concentrado junto a las garantías que proveerán las ingenierías de repago a los rentistas financieros. Habrá nuevas cargas a los sectores populares como consecuencia de los desquicios de esas crisis tan anunciadas como buscadas y provocadas. Se puso en marcha una política clasista que se dirige a destruir a la Nación.
El objetivo de una Argentina para pocos, desnacionalizada y transformada en un espacio de negocios de la globalización se expresa en la reforma tributaria. Este proyecto tiene un claro carácter ofertista, marco teórico en que se apoyaron las políticas de los noventa y concepción clave de las reformas neoliberales que fue constitutiva de la reagonomics en Estados Unidos y de las políticas de Cavallo. El proyecto consagra un hito más en el desarmado de las estructuras tributarias que desplegó el primer peronismo y cuya primer desarticulación profunda se produjo durante el terrorismo de Estado.
En el marco de la reforma fiscal, los cambios impositivos que el gobierno aspira a legalizar se acompañan con las reducciones de gastos y personal en el sector público nacional, que significarán una devaluación de la presencia estatal en la economía y el aumento de la tasa de desempleo que busca engrosar el ejército de reserva que presione el salario a la baja. La misma intencionalidad caracteriza a los proyectos de Ley de “responsabilidad fiscal” y de “consenso fiscal” incluidos en el paquete aprobado por la mayoría del Senado y cuya imposición aceptaron todos los gobiernos provinciales, con excepción del de San Luis. El compromiso arrancado por el gobierno nacional, bajo la extorsión del ahogo financiero a las provincias, significará que el gasto en ese nivel distrital no crecerá más que la inflación, y el empleo público no más que la población. Una regla fiscal que implica acotar el papel del Estado provincial y congelar su capacidad de gastar. Los jefes provinciales además acordaron descapitalizar al Banco Nación en favor del Tesoro Nacional que atendería con esos recursos necesidades provinciales, otra piedra para obstruir la orientación pública del crédito. La continuidad en la reducción de los subsidios económicos a la energía y el transporte, que acentuará la regresividad de la reforma fiscal por los aumentos de tarifas abusivos que conllevan, aportará al descenso del gasto público, cuya reestructuración y caída es el núcleo de la reforma fiscal.
Macri advirtió a los gobernadores sobre la necesidad de que asuman un comportamiento duro en la negociación de las futuras paritarias, comportamiento “testigo” que juegue como señal y “ayude” a negociar a la baja los salarios en el sector privado.
Ajuste
El objetivo de esta reforma fiscal es el ajuste del Estado que se anuncia eufemísticamente como “modernización”, y se dirige más que al ahorro de recursos a la reasignación de los mismos, pues el endeudamiento para financiar el déficit devenga altos intereses que ya ocupan una porción destacada del gasto total y la reforma pone un “cepo” al social, como gustan decir los lingüistas neoliberales. El gasto de inversión se buscará canalizar bajo la figura del PPP (asociación pública privada) cuya regulación legal fue recientemente aprobada por el Congreso, uno de los campos de negocios promovido por el G20 para modelizar globalmente los desarrollos de infraestructura, quitando autonomía a un instrumento vital del desarrollo económico y social.
El déficit, entonces, no será eliminado, ya que se mejora el Resultado Primario por la reducción de gastos, pero se empeora el Resultado Financiero como consecuencia del mayor peso de los intereses de la deuda. Este es un objetivo de la política económica porque constituye parte del dispositivo del endeudamiento para la fuga y éste es un mecanismo clave de la valorización financiera. Más aún porque los rentistas del capital financiero internacional se ubicaron en lugares claves del gobierno neoliberal ceocrático: Sturzeneger y Caputo representan al sector que resulta hegemónico dentro del bloque de poder que expresa la Alianza UCR-PRO y retazos del peronismo conservador. El objetivo es cambiar el destino de las erogaciones públicas. Lo que antes atendía a los sectores populares debe reducirse, para ceder buena parte al capital financiero internacional, mientras se habilita para que éste la fugue al exterior.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 proyecta un déficit creciente de la balanza comercial para el próximo quinquenio, que expresa la intensidad de la apertura que se despliega. La presencia del capital financiero como principal constituyente del poder real que sostiene al gobierno de Macri explica el estímulo de ese desequilibrio, pues es una fuente clave para la realización de negocios con el endeudamiento público para financiarlo. Ese desbalance incluye un crecimiento de las exportaciones y uno más intenso de las importaciones. El primer factor es por la expansión de las actividades primarias. El segundo se explica por la apertura comercial.
Reprimarización
La extensión de las actividades primarias explican las reticencias macristas, finalmente desactivadas por la repercusión pública de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a prorrogar la Ley que salvaguarda temporalmente los territorios de los pueblos originarios. Pues la reprimarización con crecimiento de exportaciones requiere la expansión de la frontera sojera que incluye a varios de esos territorios, así como los de muchos campesinos que viven de la agricultura familiar.
Tal vez el lugar protagónico del modelo reprimarizador que impulsa Cambiemos sea la minería en todas sus formas. Allí se apostará al desemboque de una “lluvia” de inversiones, para el despliegue de economías de enclave, sin valor agregado y destinadas a la exportación. Son señales de esto la quita de las retenciones a la minería y los movimientos iniciados para la modificación de la Ley de Glaciares.
Jubilados
Corona el conjunto de proyectos la reforma previsional, que ya tiene media sanción, incluye un cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones que provocará una reasignación de más de 100 mil millones de pesos anuales desde los jubilados, los perceptores de la Asignación Universal por Hijo, los discapacitados y otros beneficiarios del gasto social hacia los acreedores de deuda y los empresarios aliviados de presión tributaria. El atar las jubilaciones a la inflación se articula con los “techos” convenidos en el texto de “responsabilidad fiscal”, con las advertencias respecto de los aumentos en las paritarias, y los despidos y reducciones del sector público nacional. La introducción de la modificación del proyecto en el Senado sólo revela el objetivo gubernamental de reducir el salario real.
El proyecto de reforma previsional incluye modificaciones de las fuentes de financiamiento del sistema que son reemplazadas por otras, pero sin que las nuevas transferencias previstas compensen las sustraídas afectando la solvencia del sistema, que se debilita, además, con el establecimiento del mínimo no imponible al aporte patronal por empleado, incluido en la reforma tributaria. El proyecto también contiene la opción de jubilarse a los 70 años, lo que inicia el camino al aumento obligatorio de la edad para obtener el beneficio. Con la insolvencia que provocarán los cambios introducidos, a poco de andar ni será posible actualizar jubilaciones por la inflación, lo que devela la intención de degradación del sistema de reparto y la reaparición futura y creciente del régimen de ahorros privados como componente del esquema previsional.
No importa que Macri lo niegue, también lo hizo hace poco respecto de cambios en la ley laboral, mientras que a la inversa prometió quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores que hasta hoy permanece incólume. Las modificaciones al régimen jubilatorio implicarán una aguda reducción de los ingresos reales de los jubilados en el presente, caída que se agravará en el futuro, y precarizarán aun más sus condiciones de vida.
Globos
Cada una de las tres reformas pretendidas tiene su globo amarillo: a la laboral le corresponde el festejo de la extensión de la licencia por paternidad, a la fiscal el del impuesto a la renta financiera, insignificante frente a los rendimientos de la tasa de interés y otras retribuciones a la inversión especulativa, y a la previsional el 82 por ciento móvil a la jubilación mínima, que se vuelve abstracto en términos de mejora efectiva del ingreso de los jubilados, pero constituye una muestra de la habilidad en el manejo de la posverdad.
Es totalmente claro que todos los cambios legislativos propuestos no son más que un capítulo que no será el último, y que en pocos meses se buscará profundizarlos con mayores retrocesos en los derechos laborales y de todo tipo. Con lo importante que es el paquete actual es sólo un paso más si no se resiste su implementación.
Macri, Caputo, Sturzenegger, Dujovne, Aranguren, Etchevehere y Quintana impulsan “la liberación de las fuerzas productivas”, desarticulan los controles y regulaciones, suben la tasa de interés, endeudan exponencialmente al país y se disponen a debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores. Transfieren ingresos a los poderosos y renuncian a un proyecto de planificación de la industrialización para subordinarse a la división del trabajo de la globalización. No son la dictadura porque hubo electorados que los colocaron en los timones que les permiten navegar. Pero ¿son su herencia? ¿la continuidad de su ideario?
Por lo pronto, la historia, la justicia y la dignidad obligan a una resistencia enérgica porque este programa económico y social es contra los trabajadores y el pueblo, y devastador de la Nación. Avanzan arrasando con la independencia económica y a cualquier costo.
