Con el cambio del Gobierno nacional se modificaron las prioridades de los distintos organismos públicos. Desde principios de 2016 la prioridad del Banco Central es la desinflación, es decir, reducir la tasa de inflación. Hasta ahora, no le fue muy bien. En 2016 la inflación superó el 40 por ciento y, en el mejor de los casos, este año logrará volver una tasa de inflación del 23 por ciento, similar a la de la “pesada herencia” de 2015.
Una de las claves para reducir la inflación, sin duda, es lograr que el precio del dólar se estabilice. En particular porque las variaciones del dólar afectan tanto a los bienes que se exporta (y se consume) como a los que se importa. Así, si el dólar aumenta, sube tanto la comida como los precios de los bienes industriales. En otros términos, un dólar estable es condición necesaria pero no suficiente para que se estabilicen los precios.
La experiencia más elocuente fue en la década del 90. El Gobierno de entonces fijó directamente el precio del dólar y estableció por ley que el dólar valdría un peso de manera permanente y, tal decisión, le permitió reducir drásticamente la tasa de inflación. Sin embargo, el actual Banco Central pretende estabilizar los precios, en un contexto de mercado de cambios libre y fluctuante, es decir en un contexto donde el precio del dólar lo fija el “mercado”, en lugar que, por ley, como en la década del 90 o el BCRA en el período 2002/2015.
En un mercado de cambios sin regulaciones, el precio del dólar depende de la oferta y la demanda. ¿Puede, en dicho contexto el BCRA estabilizar el tipo de cambio? Sin duda, sí. Tiene, por lo menos, tres instrumentos y cada uno tiene a su vez costos asociados desde el punto de vista fiscal.
Una primera estrategia es lograr que haya una sobreoferta crónica de dólares en el mercado. La manera de lograrlo es del siguiente modo: como el Gobierno tiene un déficit total por el equivalente de 35.000 millones de dólares, lo resuelve tomando deuda en el exterior. Parte de esos dólares se usan para pagar los intereses de la deuda pública que son en dólares y, el resto, los vende en el mercado de cambios para lograr pesos que, a su vez, son los que necesita el Estado para enfrentar el aludido déficit. En otros términos, el endeudamiento externo resuelve dos problemas: el financiamiento del déficit fiscal y la demanda de dólares, de esa manera la sobreoferta de dólares logra que el precio sea relativamente estable.
Por supuesto, algún día habrá que pagar la nueva deuda externa, al principio sólo serán los intereses, luego el capital. Sólo por intereses, el costo de la nueva deuda es más o menos 2200 millones de dólares por año (40.000 millones de pesos anuales). Pero hay otro costo potencial. Las dos experiencias de masivo endeudamiento externo y con un mercado de cambios “libre” terminaron igual, en 1982 y en 2001 con la cesación de pagos externo y el colapso de la economía.
Una segunda estrategia es algo más sutil y vinculada a la codicia de los que tienen pesos excedentes. Los que tienen dinero tienen la posibilidad de comprar dólares o prestarlo a una tasa de interés en pesos. Si compran dólares, el precio sube. La clave, para que el dólar no suba, es ofrecerles una alta tasa de interés en pesos, tal que no compren dólares y/o que vendan en el mercado los que tienen. Esto es lo que hace el BCRA con las Lebac: les paga a los ahorristas 28,75 por ciento anual para evitar que usen ese dinero para comprar dólares. Como cualquier estrategia tiene costo. Hoy el BCRA tiene una deuda con el mercado financiero de 1.151.000 millones de pesos. Esto significa un gasto mensual (técnicamente es cuasifiscal) de 27.600 millones de pesos, que, anualizado, alcanza los 331.000 millones de pesos y, por supuesto, algún día tendrá que pagar el capital.
Hay una tercera estrategia y que apunta a darle certeza al tenedor de pesos acerca del precio futuro del dólar. Para ello el BCRA puede vender contratos de dólar futuro a dichos tenedores de pesos, de modo tal que están seguros de que, si se quedan con los pesos, al final podrán convertirlos a dólar al pecio fijado en el contrato. Esta estrategia es la que se usó a fines de 2015 para evitar que el dólar paralelo suba demasiado, ante el cambio de gobierno y, por ende, arrastre a los precios al consumidor. Por supuesto, también tiene costo, fueron unos 50.000 millones de pesos en total.
A la luz de las tres alternativas, la más barata, comparativamente, es la última, es decir, vender contratos de futuros a los que demandan dólares en el mercado: 50.000 millones de pesos son mucho menos que 331.000 millones anuales o el masivo endeudamiento externo. No obstante, fue demonizada y judicializada. El argumento político fue impecable desde el punto de vista del marketing. Se condenaba al BCRA de entonces por “vender dólares baratos que no tenía” y cuyo costo fueron 50.000 millones de pesos en total.
De la misma manera se puede demonizar las dos primeras y que son las que está usando el actual Gobierno nacional. En el primer caso, el del masivo endeudamiento, el argumento es simple: dos veces se usó en el pasado y las dos veces terminó con cesación de pagos externa y colapsando a la economía. Al gobierno nacional habría que acusarlo de no leer la historia reciente argentina.
La estrategia de las Lebac también merece un análisis particular. El BCRA es el que imprime el dinero. El costo de impresión de los billetes es insignificante al lado del valor en el mercado del dinero. De modo que, si quiere pesos, tan sólo lo tiene que imprimir (es lo que viene haciendo desde principios de 2016, por un total de 300.000 millones de pesos). En lugar de eso, primero lo emite y luego lo toma prestado y paga un costo enorme. En tan sólo dos meses el costo iguala al total del pagado por la estrategia del dólar futuro. Así, está “tomando pesos prestados muy caros cuando los puede fabricar gratis”. Además, si el déficit fiscal lo financia con deuda externa, ¿para qué el BCRA toma tanto dinero prestado?
Por último, los bancos “aman” a las autoridades del BCRA, principalmente porque los bancos reciben depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente, por los cuales no pagan intereses y se lo prestan al BCRA a las tasas de Lebac. Además, ¿si el BCRA quiere “sacar” pesos del mercado, porque no simplemente dispone el aumento de los encajes bancarios? Está entre sus facultades y no tiene costo alguno para el Estado. Sin duda, sería como tomar prestado pesos, pero sin pagar intereses.
Por todas estas cuestiones vinculadas a la “Política Monetaria”, algún abogado, en algún momento, podría presentar una demanda contra las actuales autoridades del Banco Central, de la misma manera que se hizo contra las anteriores autoridades. Pero la tradición política argentina indica que las decisiones políticas no son judiciables. Suponiendo que se condene a las autoridades del BCRA del 2015 por el gasto ocasionado por el dólar futuro de 50.000 millones de pesos, abre la puerta para que, en los próximos años se impute y condene a las actuales autoridades del BCRA por pagar intereses usurarios por 331.000 millones de pesos anuales (hasta ahora), para lograr pesos que puede crear o emitir gratis o, simplemente, por no saber leer los libros de historia económica argentina
* Universidad Nacional Arturo Jauretche.