“En nuestro caso, son tres los distritos y dos receptorías que anunciaron que van a cerrar, siendo Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, que nos sorprende muchísimo porque es edificio propio, con lo cual entendemos que ni siquiera es una cuestión de ahorro de presupuesto bajo ningún punto de vista. No hay ningún ahorro, por el contrario, lo único que se recorta es el servicio a la comunidad en esos lugares”.
Así describe Sebastián Más, secretario general de la Seccional Bahía Blanca de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), la situación que viven cientos de trabajadores y contribuyentes a raíz de la decisión del gobierno nacional de cerrar múltiples oficinas de ARCA (ex AFIP) en la provincia. El impacto no es solo por lo laboral, sino también por las grandes distancias que tendrán que hacer los empleados y vecinos para cumplir con sus trámites impositivos.
El recorte del 27 por ciento en la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) que fue separada de la Aduana, generó una fuerte polémica en todo el territorio bonaerense. Esta medida afectaría al menos 695 puestos de trabajo y forzaría el cierre de oficinas clave en el interior y el conurbano. La fecha límite para que el plan termine de ejecutarse es el 18 de abril. Dentro de este panorama, hasta el momento, los trabajadores no tienen confirmación si serán reubicados en su totalidad o habrá despidos, algo que preocupa de sobremanera al gremio. En simultáneo, la organización gremial, Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), de alcance nacional, recientemente realizó asambleas y analiza llamar a un paro nacional de las actividades si la situación no cambia.
En el sudoeste bonaerense, se cerrarán las oficinas de Carhué, Coronel Pringles y Coronel Suárez, junto a las receptorías de Monte Hermoso y Punta Alta, lo que impacta directamente a 37 trabajadores: 12 en Carhué, 9 en Pringles, 13 en Suárez, 2 en Punta Alta y 1 en Monte Hermoso.
Más explica que los costos operativos son mínimos, especialmente en Carhué, donde el edificio es propio. Además, subrayó que el alquiler y todos los gastos de Coronel Pringles ascienden apenas a 1.800.000 pesos por mes, incluyendo seguridad y limpieza. "La situación es incierta porque, si bien dicen que van a cerrar, no sabemos qué destino tendrán esos trabajadores y todavía no hay una línea clara del organismo para definirlo", agrega.
La situación se profundiza en otras seccionales, como Junín. Allí, Lucía Rodríguez, secretaria general de AEFIP en la región, cuenta que eliminarían 4 distritos y 3 receptorías, en Lincoln, Villegas, Bolívar, Trenque Lauquen, Rojas, Salto y Carlos Casares. "Eso significa que alrededor de 50 personas que todavía no tienen definido dónde van a trabajar en 30 días”, adevierte.
Rodríguez agregó que si el gobierno nacional no revierte la decisión. las distancias que deberán recorrer los trabajadores si son trasladados a nuevas sedes van desde 60 a 200 kilómetros, al igual que los contribuyentes de esa zona. "Todavía no tenemos precisiones; sacaron la disposición, pero no las herramientas para solucionar los casos de la gente que tendría que trasladarse. Ni pautas de reubicación, ni nada de nada", sostiene.
Al mismo tiempo, insiste en cómo la reestructuración no solo afectará a los trabajadores sino también a sus familias, especialmente en pueblos del interior profundo: "Realmente, estamos hablando de situaciones de gravedad y todo un núcleo familiar que estaría afectado si al trabajador lo fuerzan a tener que trasladarse".
La ola de cierres no solo afecta al interior, sino también a zonas densamente pobladas del conurbano bonaerense, donde ya se anunció el cierre de las oficinas de Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. En ciudades medianas y pequeñas del interior, como Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy, las delegaciones dejarán de funcionar y como pasará en las regiones de Junín y Bahía Blanca, los vecinos y trabajadores también deberán recorrer decenas de kilómetros para gestionar sus obligaciones fiscales, tal y como lo cuenta Rodríguez.
En San Nicolás, al menos 35 empleados esperan definiciones sobre su futuro laboral, mientras que en Chivilcoy, el cierre obligará a 30 trabajadores a reubicarse en Mercedes o Junín. En Bolívar, los trámites serán absorbidos por Pehuajó, que además deberá atender casos de otros seis distritos, como Daireaux, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Pellegrini, Trenque Lauquen e Hipólito Yrigoyen.
Desde Navarro, el rechazo también fue contundente. El municipio recordó que la delegación de ARCA había sido inaugurada en septiembre de 2023, apenas unos meses antes de que Javier Milei llegar al poder. Se trata de un edificio que el propio municipio cedió sin costo alguno para el Estado. Ahora, con el cierre, en principio se perdería un acceso directo y cercano a servicios básicos para los vecinos.
El rechazo de un sector radical
El diputado provincial Valentín Miranda (UCR + Cambio Federal) presentó un proyecto de rechazo en la Legislatura bonaerense, cuestionando duramente la decisión del gobierno nacional. "No estamos de acuerdo con la medida y llamamos a la reflexión al Gobierno Nacional, para que evite la situación planteada", afirmó en su pedido.
Miranda también advirtió sobre los sectores más afectados por la medida, destacando el impacto en el sector agropecuario, comercial e industrial, por las trabas que generará en trámites como la gestión del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y cartas de porte, esenciales para la producción y distribución agrícola. También alertó sobre las dificultades que enfrentarán contadores públicos, quienes se ven obligados a realizar trámites presenciales para verificaciones fiscales, certificaciones y otros procesos impositivos.
Como punto central, el diputado aseveró que la medida perjudica a personas que desean iniciar actividades como monotributistas o monotributistas sociales, ya que las oficinas de ARCA son un canal directo y gratuito de orientación. Por último, la decisión afecta a las familias que buscan registrar a empleadas de casas particulares, para quienes las oficinas son clave para resolver trámites y liquidaciones de aportes.
Reuniones sin definiciones y posible judicialización
El sindicato que nuclea a los empleados de ARCA viene realizando asambleas en distintos puntos de la provincia y mantiene una tensa mesa de diálogo con las autoridades nacionales. Sin embargo, según confirmaron desde el gremio, todavía no alcanzaron ningún acuerdo y analizan medidas judiciales para frenar los cierres.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores que, además, arrastran un congelamiento salarial desde febrero de 2024, algo que las seccionales también vienen reclamando sin éxito. "Si bien todas las situaciones salariales están al día, romper con ese congelamiento es algo que venimos reclamando constantemente”, puntualizó Más.
Para los trabajadores de AEFIP, el conjunto de medidas sobre el funcionamiento del organismo es una señal más del ajuste libertario. Una decisión que, lejos de representar un ahorro significativo, como argumentan, aparece como un recorte que impacta directamente en las economías locales, en el acceso a servicios públicos y en las fuentes laborales de muchas familias.
Mientras el reloj corre hacia el 18 de abril, fecha límite impuesta por la disposición 36/2025, los trabajadores, los gremios y los vecinos siguen a la espera de alguna resolución que termine con el panorama de incertidumbre.
