El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregorio, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad la realización “urgente” de señalización del estado de las rutas nacionales 8, 33 y 7 en los tramos que atraviesan el sudoeste santafesino, así como su “bacheo y/o relleno”, para preservar la seguridad de quienes transitan por allí. Se trata de la segunda resolución de la Justicia Federal en el mismo sentido, luego de que a mediados de marzo el diputado Dionisio Scarpín obtuviera una medida similar para la reparación de la ruta nacional 11 en un tramo que atraviesa tres departamentos del norte provincial.

La vía judicial

Ante la ausencia de respuestas oficiales a los planteos del Gobierno de Santa Fe para que Vialidad nacional repare y mantenga las rutas federales que pasan por la provincia, el camino que encontró Unidos para satisfacer esa demanda es el de la vía judicial. Antes agotó la senda administrativa y las reuniones políticas. 

La paralización de la obra pública es uno de ítems presupuestarios de donde el gobierno de Javier Milei ajusta la inversión pública para conseguir el superávit que le permita, entre otras cosas, utilizar esos recursos para el pago de la deuda externa, con desatención de la interna.

El 11 de marzo pasado, la senadora del departamento General López, Di Gregorio, quien reemplaza en el cargo al ministro de Obras Públicas con licencia en el Senado, Lisandro Enrico, interpuso un recurso de amparo en el juzgado federal de Venado Tuerto. 

En el escrito, pidió “el levantamiento y reparación total de la capa asfáltica” de las rutas 8, 33 y 7 en los tramos que pasan por el departamento que representa políticamente, y remarcó que se trata de “deberes constitucionales y legales” de la Dirección Nacional de Vialidad que no puede eludir frente “al estado de peligro que vulnera derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la seguridad personal y el derecho de transitar libremente”.

Finalmente, y luego del descargo del organismo, el juez federal de Venado Tuerto, Cuello Murúa, hizo lugar al planteo y ordenó a Vialidad Nacional que en un plazo “de diez días” inicie las tareas mínimas de mantenimiento como “la urgente señalización del estado de las rutas 8, 33 y 7”. También ordenó realizar los desvíos en caso que corresponda “para evitar accidentes y/o la rotura de los vehículos” que transitan por esas vías y ejecutar “tareas de bacheo y/o relleno”.

Los tramos en los que el juez ordenó la intervención del organismo nacional son en la ruta nacional 8 entre las provinciales 94 y 4S (kilómetros 370 a 346), la 33 entre las localidades de Sancti Spiritu y Firmat y todo el tramo de la ruta 7 que pasa por el departamento General López.

En la resolución, firmada el último viernes y que se conoció ayer, el juez señala que el 24 de marzo (feriado) la Dirección Nacional de Vialidad “compareció ante el Juzgado Federal mediante apoderados”, quienes plantearon el rechazo de la medida cautelar solicitada por la senadora departamental. 

Los abogados indicaron que, si bien Vialidad “no niega el estado de los tramos de las rutas” incluidos en el amparo, ni la responsabilidad del organismo en la conservación de las rutas federales, en cambio cuestionan que “la causa de los siniestros viales sea el estado de la calzada”. Ese mismo 24 de marzo, la senadora radical encontraba, en cambio, una coincidencia con la Casa Rosada. En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, posteó en X su apego a la superada teoría de los dos demonios: “Nunca más memoria selectiva, nunca más verdad a medias, nunca más justicia parcial”.

Para el juez federal de Venado, de acuerdo a la resolución, “queda claro que la demandada tiene un mandato normativo del que deriva el deber de seguridad, es decir garantizar la ausencia de peligro o riesgo”. Además, enfatizó que “tal deber no puede ser relevado o excusarse en razón de disposiciones presupuestarias”.

La senadora dijo en declaraciones a un medio de Venado Tuerto que “es una necesidad urgente y un derecho que tenemos los ciudadanos de transitar con seguridad, especialmente para trabajar y por cuestiones de salud”. En esa línea, agregó que “son derechos que están en la Constitución, es un acto humanitario lo que hizo el juez a partir de este fallo”.

El antecedente

El mismo 11 de marzo en el que Di Gregorio ingresaba su amparo en el juzgado federal de Venado Tuerto, el de Reconquista, a cargo del magistrado Mario Alurralde, fallaba en un planteo similar presentado por el diputado radical Dionisio Scarpín, pero por el estado de la ruta nacional 11 en el norte provincial.

Ese mismo día, el Gobierno nacional notificó a las provincias su decisión de dar por terminados los contratos firmados con empresas viales para el mantenimiento y reparación de todas las rutas nacionales del país. 

El ministro Enrico dijo entonces que la medida significaba “a estocada final para el malísimo estado en el que se encuentran las rutas”.

El punto 1º del fallo de Alurralde resuelve “hacer lugar a la acción de amparo, imponiendo a la Dirección Nacional de Vialidad la obligación de reparar por sí o por terceros la Ruta Nacional N° 11 en el tramo indicado que se corresponde con los límites de los departamentos Vera, San Javier y General Obligado –todos de la provincia de Santa Fe- y que identifican el kilómetro 665 (aproximadamente) -en el extremo sur- y el 931 (aproximadamente) –en el extremo norte- que se corresponde con el ‘paralelo 28 sur’ en este último caso debiendo verificar y controlar bajo su propia cuenta y riesgo el óptimo estado del tramo de la carretera aludida con el fin de garantizar la vida y la seguridad del actor y de los demás usuarios de la misma”.

Por otra parte, el fallo rechazó el pedido de reconstrucción total de la ruta nacional 11 que había planteado Scarpín. Sin embargo, reconoció que las obras en marcha son “urgentes e impostergables”.