Cualquier excusa es buena para el Gobierno de Javier Milei a la hora de avanzar contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, se negó a recibir a los trabajadores del espacio de memoria y derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ante el silencio oficial, se declararon en paro porque peligra el cobro de sus sueldos.

Todo el predio de la exESMA es administrado por un ente tripartito, integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y el directorio de organismos de derechos humanos. Este ente se ocupa de las tareas comunes del espacio: la promoción, las visitas guiadas, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento y la preservación.

Son cerca de 180 personas las que trabajan en el ente. No entran en esa cuenta los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos –que tiene su sede en la exESMA– o los del museo del sitio ESMA, entre otros.

Estos 180 trabajadores no saben si van a cobrar sus sueldos porque el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, anunció una auditoría el miércoles pasado, dos días después de la movilización multitudinaria a Plaza de Mayo. Según la nota que firmó el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, la auditoría comenzaría este martes y abarcaría los ejercicios de 2023 y 2024. El problema no es la auditoría, sino que Cúneo Libarona decidió suspender por 60 días la transferencia de fondos al ente –que únicamente tiene 267.603,15 pesos en sus cuentas y, por lo tanto, no va a poder pagar los salarios de marzo si no se revierte la situación.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había declarado un cese de tareas durante el fin de semana, tal como informó este diario. Este lunes, después de una asamblea, sus afiliados resolvieron ir al paro y mantener guardias mínimas para garantizar que el espacio siga funcionando.

Los trabajadores intentaron entrevistarse con Baños, pero él les dijo que no podría recibirlos. En paralelo, se convocó a una reunión del órgano ejecutivo para el martes a las 14. Todo indica que Baños asistiría, y allí habrá que ver si recibe a los empleados o responde a los requerimientos del directorio de organismos de derechos humanos.

Desde ATE enviaron una carta documento al ente para que éste informe en un plazo de 24 horas la situación en la que se encuentra. Es crucial lo que suceda este martes. “Lo que se está evaluando con la estructura del sindicato es presentar un amparo para proteger los salarios de las compañeras y de los compañeros. No descartamos incluso presentarnos ante el fuero penal”, dijo a Página/12 Diego de los Santos, referente de la Junta Interna del Ente de la exESMA e integrante de ATE Nacional.

Si el Gobierno no da marcha atrás, todo indica que el tema terminará judicializándose. Hay mucha preocupación en los organismos de derechos humanos porque esta maniobra podría significar la parálisis del espacio de memoria.

En enero pasado, el juez federal Ariel Lijo, que instruye la megacausa ESMA, le encomendó a Baños tomar una serie de medidas para garantizar que los sitios de memoria sigan en funcionamiento. Lijo le enumeró las tareas que debería llevar a cabo para que el secretario de Derechos Humanos no las obviara: desde asegurarse de que hubiera trabajadores para mantener los espacios abiertos hasta limpiar las canaletas para que no se inunden.

Baños está más ocupado en despedir y en cerrar. El 25 de marzo, Cúneo Libarona se jactó en la red social X de la cantidad de personas que echó. “Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44 por ciento del personal recibido. También eliminamos el 39 por ciento de los cargos jerárquicos”, escribió el ministro.

No es la primera vez que Cúneo Libarona recurre a una auditoría para frenar una política. El año pasado, salió a instalar que había detectado que existía una banda que estafaba al Estado nacional y que, por eso, iba a auditar todas las reparaciones que se habían pagado o debían pagarse a las víctimas de la dictadura. En realidad, la banda había sido detectada y denunciada diez años antes por organismos de derechos humanos. La gestión de Horacio Pietragalla Corti había apuntalado la denuncia y presentado a la Secretaría de Derechos Humanos como querellante.

La tensión fue in crescendo en los últimos meses en la exESMA. A los despidos de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se sumó el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Baños ordenó retirar una gigantografía del momento en el que Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación. Su reposición --en la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S-- enardeció al secretario. La presencia de la Policía Federal Argentina (PFA) –controlando las listas de los trabajadores autorizados a ingresar a sus puestos laborales– se convirtió en una constante en el predio en el que funcionó un campo de concentración en el que estuvieron cautivos 5000 hombres y mujeres.