El pacto fiscal fue presentado como una normalización de las cuentas provinciales y una baja integral de impuestos para estimular la actividad económica. Sin embargo, la engorrosa reforma a la que se sometieron los gobernadores implica en algunos casos una suba de la presión impositiva que impactará en los precios finales y erosionará aún más el restringido consumo interno. El caso más llamativo es la actividad comercial, tanto minorista como mayorista, que actualmente tributa por Ingresos Brutos entre 3 y 3,5 por ciento, mientras que la reforma del denominado Consenso Fiscal eleva el techo al 5 por ciento a partir de 2019 y no tiene límites para el año próximo. También se destaca al sector primario e industria, que el año próximo tendrá un límite en 2 por ciento y hoy tributa un 1,5 o están exentos, dependiendo de cada jurisdicción. Esto deja a discreción de los gobernadores la posibilidad de incrementar las alícuotas, como anunció la administración de Santa Fe. El otro impuesto que aumentará es el Inmobiliario por revalúo que, como planea instrumentar Buenos Aires, también tendrá un impacto directo en el bolsillo de las familias. Se trata de un impuesto distorsivo y regresivo que el gobierno de Cambiemos había convenido restringir.

Los puntos centrales del pacto que firmaron la Nación y las provincias –con excepción de San Luis– incluye eliminar tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación del establecimiento, desgravar ingresos de actividades de exportación de bienes y prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país y establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones. En ese paquete se encuentra el Impuesto Inmobiliario, donde las provincias acordaron realizar las valuaciones fiscales de los inmuebles para que converjan a los precios de mercado. Además se establece el Capítulo III un esquema de alícuotas máximas en Ingresos Brutos. Para la industria será de 2 por ciento el año próximo e irá bajando a 1,5 (2019), 1,0 (2020), 0,5 (2021) y exento en 2022. En construcción será 3 el año próximo, 2,5 en 2019 y luego se fija en 2 por ciento, y en hoteles y restaurantes será de 5 y 4,5 para el año próximo y el siguiente y se fija en 4 en adelante. Por último, en comercio mayorista, minorista y reparaciones no habrá tope el año próximo y luego se fija a 5 por ciento. 

Tanto en la actividad industrial como el comercial las alícuotas fijadas como máximos son superiores a los promedios aplicados actualmente. En el caso de la industria, muchas provincias cobran por Ingresos Brutos un 1,5 por ciento y en comercio se ubica entre 3 y 3,5 por ciento. Esto les deja margen a las provincias de aumentar impuestos al menos en los próximos meses. “Como las provincias resignaron recaudación en el reciente pacto fiscal firmado con la Nación, muchas analizan aumentos en los tributos de recaudación propia, especialmente Ingresos Brutos e Inmobiliario”, señalo el presidente de al Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, mediante un comunicado. 

Con el aumento en Ingresos Brutos se incorporarían actividades primaras hoy exentas, como la producción de harina, y se encarecerá la cadena comercial con el consecuente traslado a precios. “Si prosperan las subas de impuestos que se habilitan en el nuevo Consenso Fiscal, se van inevitablemente a resentir el consumo y la actividad económica a partir del año próximo”, opinó Tarrío.

La primera señal de alerta llegó desde Salta, que plantea elevar Ingresos Brutos al comercio desde la actual alícuota del 3,6 al 5 por ciento el año próximo, y lo mismo en otros sectores como la construcción o la industria. 

El gobierno de Miguel Lifschitz envió a la Legislatura un proyecto de ley tributaria que aumenta entre 25 por ciento y 30 por ciento el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, y establece cambios en el impuesto a los Ingresos Brutos. Con el objetivo de armonizar este último impuesto según lo convenido, a las grandes empresas se elevará de 0,5 a 2 por ciento la alícuota a partir de 2018. Las puertas están abiertas para que otras provincias se adecuen al pacto fiscal con margen para incrementar las alícuotas de estos impuestos.

“Otro dato preocupante es lo que sucede con el impuesto inmobiliario ya que el Consenso Fiscal establece que se adoptarán procedimientos y metodologías de valuación uniformes, establecidas por el organismo federal”, señalaron desde CAME. Las provincias asegurarán a la institución acceso a los registros catastrales y locales para que sea quien fije la nueva cotización, y se determine un tope de entre el 0,5 y 2 por ciento del nuevo valor. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hizo punta con este tema y envió a la Legislatura una reforma impositiva que contempla un aumento de hasta 56 por ciento promedio en el impuesto inmobiliario urbano, una suba del 50 por ciento en el rural. Pero establece reducciones para Ingresos Brutos, incluyendo en Comercio. En esta actividad pasaría de 3,5 a 2,5 por ciento para los que facturen a partir de los dos millones de pesos anuales. 

“En estas condiciones, el año próximo encontrará a la población con más impuesto inmobiliario y a las pequeñas y medianas empresas con más presión de Ingresos Brutos. Eso derivará inevitablemente en menos consumo, mayor costo de vida y una menor actividad económica”, agregó el directivo de CAME a través del comunicado. “Ni las pymes ni la población tienen soporte para aguantar una mayor carga tributaria. La única solución de la Argentina es mejorar la competitividad y eso requiere medidas fiscales que acompañen y alienten”, concluyó Tarrío.