Desde Bariloche 

El gobierno nacional parece dispuesto a repetir la estrategia de sembrar de pistas falsas el camino de la investigación por el asesinato de Rafael Nahuel.

Cuenta con un antecedente cercano y exitoso: el rosario de operaciones gubernamentales-judiciales-periodísticas que convencieron a parte de la ciudadanía que Santiago Maldonado estaba en Entre Ríos, que fue herido por un puestero de Benetton, o que incluso no se encontraba en el lugar donde la Gendarmería cargó contra la comunidad mapuche en Cushamen.

Este miércoles, “un funcionario del Gobierno” instaló a través de Infobae la existencia de un informe oficial que ya “obra en poder del juez” Gustavo Villanueva, en el que seis Albatros dan cuenta sobre la presencia de armas de fuego en manos de integrantes de la comunidad mapuche.

Sin embargo, altas fuentes del juzgado federal de Bariloche que lleva adelante la causa negaron, consultados por este medio, que exista un informe gubernamental en el expediente, y explicaron que aún no fueron citados a declarar los integrantes de Prefectura que actuaron en el desalojo.

El artículo firmado por Martín Dinatale no tiene desperdicio. Asegura por boca de fuentes gubernamentales que, un día después del operativo de Prefectura en el que fue asesinado Rafael, el concejal del Frente para la Victoria (FpV) Ramón Chiocconi, y el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rubén Marigo fueron al lugar para “limpiar” la zona y exculpar así a los mapuches.

Lo que la nota esconde es que esa comitiva que el domingo 26 fue hasta la comunidad fue liderada por el propio juez Villanueva, quien supervisó la atención de las dos personas heridas por parte de Chiocconi, quien se trasladó hasta el lugar en su carácter de médico especializado en rescates en montaña.

Villanueva nada dijo sobre “limpieza de pruebas” por parte de los integrantes del grupo que se trasladó al lugar, avaló la negociación que se entabló con los miembros de la comunidad mapuche y en el expediente judicial no hay una sola palabra que relacione esa incursión con el fondo de la causa.

“El juez Gustavo Villanueva ya tiene en su poder fotos y testimonios que tomaron los prefectos del Grupo Albatros donde se muestran armas, equipos handy, celulares y ropa que usaron los referentes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, el sábado 25 de noviembre cuando murió Nahuel”. No es cierto. Desde el juzgado aclararon que no existe aporte de prueba alguna por parte del Gobierno, y recordaron que el mismo día sábado se secuestró ropa de los uniformados y tomaron muestras que permitirán determinar la existencia de pólvora en las manos de prefectos.

La maniobra pretendió instalar la idea de que la inspección ocular que se realizó el jueves no tenía sentido, debido al tiempo transcurrido; y en cambio tiene valor jurídico el “informe” del Gobierno para contrastar la versión mapuche.

Finalmente la operación gubernamental-periodística da cuenta que desde el Ejecutivo nacional también aseguran que a Nahuel “le pagaban 500 pesos por día para estar resistiendo en Villa Mascardi” y que “la familia del joven muerto aseguró que no tenían más que ver con la causa mapuche”.

Nada menos cierto. Rafael había iniciado hace algunas semanas un proceso de acercamiento a sus orígenes mapuches y había anunciado a los integrantes de la organización Al Margen de cuyos talleres participaba, que iría “al campo” a acompañar a la parte de su familia que integra la recuperación territorial.