Vicentin decidió el cierre de dos de sus plantas en Avellaneda y Ricardone, en una capítulo económico que parece un reflejo a las últimas decisiones judiciales tomadas sobre la agroexportadora, que tiene a cuatro de sus máximos directivos en prisión. Es que la cerealera, que desde hace más de cuatro años se encuentra en concurso preventivo, argumentó que la decisión se debe a la falta de contratos para procesar mercadería, pero el conflicto con sus trabajadores por atrasos salariales ya venía generado tensión en los últimos meses. El sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros aclaró que no tomará medidas de fuerza “hasta que respecto a los trabajadores haya un incumplimiento”, y solicitaron que “todo el personal debe presentarse a trabajar".  “Lo único que nos interesa es el mantenimiento de la fuente de trabajoy  el pago de los salarios”, precisó.

En un comunicado oficial emitido ayer, el directorio explicó que esta medida se debe a "la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad", pero aclaró que espera "poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta". 

Vicentin dijo en el comunicado oficial que “para la conservación de la empresa, en este momento se impone la protección de los activos”, y justificó la decisión como una medida para facilitar un futuro reinicio de actividades. “Continuamos en diálogo permanente con todas las partes interesadas", agregó. Hace más de tres años había presentado una solución con respaldo mayoritario de los acreedores. Esa salida, que era un acuerdo de acreedores, fue rechazada por la propia Corte de Justicia santafesina. 

Fuentes del sector confiaron que la planta de Ricardone tiene girasol acopiado para poder trabajar, mientras que la de Avellaneda tiene contratos firmados. Por eso se entiende desde el sector gremial que es una avanzada para forzar alguna salida con la gente presionando en la calle, como se ha hecho en la historia argentina en numerosas oportunidades. 

En relación a la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y los atrasos salariales,  Daniel Succi, secretario de Aciteros de San Lorenzo dijo: “El lunes deberían pagar los sueldos, por eso vamos a esperar hasta las 12 de la noche de ese día, y el martes veremos qué hacer". 

El gremio hizo público un documento, firmado además por el secretario adjunto, Hugo López, y el secretario gremial, Martín Morales. “La situación es grave”, afirmaron, y aclararon que este adjetivo no les pertenece, “sino que ya ha sido mencionado por la empresa, por los veedores y por la sindicatura”.

En esa línea indicaron que mantuvieron conversaciones con el juez del concurso y con los veedores judiciales, además de haber presentado escritos “en representación de los trabajadores y como parte del comité de acreedores”. Además, confirmaron que “los salarios de febrero han sido abonados”, pero que todavía deben "esperar hasta el día martes para el cumplimiento del pago de los salarios de marzo”.

Por el momento, el sindicato aclaró que no tomarán medidas de fuerza “hasta que respecto a los trabajadores haya un incumplimiento”, y solicitaron que “todo el personal debe presentarse a trabajar”, especialmente “los compañeros que han sido convocados por la empresa”. Finalmente, remarcaron: “Lo único que nos interesa es el mantenimiento de la fuente de trabajo, el mantenimiento de todos los puestos laborales y el pago de los salarios”. Y concluyeron: "Como siempre lo hemos hecho, ante la primera muestra de incumplimiento por parte de la empresa hacia los trabajadores tomaremos las medidas gremiales correspondientes".

Cabe recordar que el lunes 31 de marzo, un tribunal ordenó la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de estafa y asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de la histórica agroexportadora santafesina. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían desviado casi 6.000 millones de pesos de la empresa entre 2019 y 2024 para gastos personales, además de autoasignarse retiros voluntarios por otros 2.000 millones. También se los acusa de utilizar fondos de la compañía para pagar honorarios legales y seguros de caución con el objetivo de evitar la cárcel.