Tras la deportación del noruego Petter Titland y la británica Sally Burch, a quienes el gobierno argentino negó el ingreso para que participaran de la Cumbre de la OMC, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre calificó lo ocurrido como “un escándalo que nos cuesta problemas diplomáticos” con Ecuador, país al que se deportó a la periodista, y Noruega, adonde fue enviado el escandinavo.
“Esto que pasó lo seguimos con mucha preocupación, la OMC había dado las acreditaciones en septiembre”, y marcó que “hay una lista negra armada por la AFI” que abarca a 63 personas. Busaniche cargó las tintas con que “la OMC permite el ingreso de grupos que disienten” y el Gobierno las vetó “pese a las recomendaciones de que no lo hiciera” por parte del organismo “que lo consideró improcedente”.
Contó que hubo problemas con grupos de Francia y Brasil, que pudieron entrar “porque intervinieron las embajadas”, pero que la situación “escaló” con las deportaciones Burch y Titland. “Esto es una cadena de desastres, hicieron revisión de redes sociales entre la AFI y el ministerio de Seguridad”, aseguró respecto de “personas que habían sido aprobadas por la OMC, que tiene sus protocolos”.
Busaniche recordó que el jueves, la comisionada de Comercio de la Unión Europea envió una nota al canciller Jorge Faurie “en la que le decía que las ONGs no son un riesgo para la seguridad interna”. Además, dijo que esto no pasó siquiera en la reunión de Qatar “donde no hay una democracia plena”.
¿Cuál es la explicación de lo ocurrido? “La torpeza y la incapacidad de lidiar con el disenso”, según Busaniche, quien aseguró que “grupos críticos de las ONGs dentro de la cumbre han dicho que esto es una medida extrema”. La medida no sólo alcanzó a extranjeros, sino también a grupos locales a los que se les revocó la acreditación, como el Instituto Mundo del Trabajo. “Parece una muestra de lo que puede ser la cumbre del G20 en 2018 en la Argentina”, cerró Busaniche.
