Para exigir la declaración de la emergencia nacional en discapacidad y dado al brutal ajuste del gobierno de Javier Milei, este martes se realizará el Acto por la Emergencia en Discapacidad frente al Anexo A de la Cámara de Diputados, organizado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante la jornada se entregará una nota a cada uno de los 257 diputados nacionales para solicitar su apoyo al proyecto de ley. “El Gobierno hizo un ajuste brutal”, dijo a Página/12 el diputado de Unión por la Patria (UxP), Daniel Arroyo, uno de los impulsores de la iniciativa.
La gravedad del ajuste del gobierno de Javier Milei radica en el recorte de pensiones, luego de la realización de las auditorías, y en el vaciamiento de las instituciones prestadoras que necesitan del financiamiento estatal. El proyecto de ley, del cual el diputado Arroyo es firmante, plantea “tomar el valor de las prestaciones antes de la devaluación de diciembre de 2023, actualizarlos por inflación hasta la actualidad descontando los aumentos que ya se dieron, y a partir de ahí establecer un criterio, con un nomenclador adecuado a la realidad de hoy”, según explicó en declaraciones a este diario.
Arroyo resaltó que luego del ajuste de Milei “el monto de las prestaciones quedó totalmente desfasado”, y alertó sobre la magnitud del recorte. “Hubo 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, que hicieron el Certificado Único de Discapacidad, los tratamientos, llenaron todos los papeles, y de ese universo solamente asignaron pensiones a 586 personas. Hicieron un ajuste brutal”, denunció Arroyo y consideró que "si bien hacer una auditoría está bien y es correcto que si alguien accedió a una pensión y no le correspondía se quite esa pensión, la auditoría esta generando un malestar y un maltrato tremendo a las personas con discapacidad, les llegan cartas documentos, mails, mensajes, no se saben a donde tienen que ir y cómo", alertó Arroyo.
Por otra parte, el diputado sostuvo que "el Gobierno cambió el sistema de pensiones y volvió al concepto de pension por invalidez laboral, que es de la década del 40 del siglo pasado" y resaltó “el maltrato y la estigmatización” que la gestión de La Libertad Avanza, con Diego Spagnuolo a la cabeza de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lleva adelante contra las personas con discapacidad.
Por su parte, la integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Dones, aseguró en diálogo con este diario que “las prestaciones, que son para un tipo de colectivo, que son las personas que asisten a escuelas, viven en hogares y van a centros de día, incluyendo el transporte, están en una situación de quiebre”. “Hay muchísimas prestadoras que están cerrando porque desde el año pasado que no reciben fondos”, añadió Dones y consideró que “para este gobierno las personas con discapacidad tienen que desaparecer, ya que es un sistema que considera que no son productivas, y por consiguiente, no tienen derecho a la vida”. Dones remarcó que las prestadoras que están siendo víctimas del ajuste de Milei están amparadas por la Ley 24.901, que crea “el Sistema Unico de Prestaciones Basicas, donde el Estado se compromete a mantener a este tipo de instituciones”. “Ellos, al considerar q no debe haber un Estado presente, automáticamente dejan de ofrecer el apoyo que este tipo de organizaciones necesitan si o si del Estado para subsistir”, sostuvo.
A su vez, el referente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, dijo a Página/12 que confía “en que se pueden conseguir la cantidad de diputados necesarios para obligar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a que tome el tema”. “Lo mas importante es demostrar de que nuestro pais ya tomo una decisión de que nuestra política esté dirigida continuamente mirando a quienes mas dificultades tienen”, dijo y evaluó que “insistir en este proyecto va en contra de la postura del Gobierno, que considera que los problemas de las personas son solamente individuales, y que el Estado no tiene que tener intervencion”.
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
