“No queremos que cuando pidamos caminos, agua y luz para poder vivir un poco mejor, nos manden bala”. La frase de Pablo Solís, referente de la Comunidad indígena La Puntana, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, es parte de un audio que viralizó con la intención de visibilizar los reclamos históricos de caminos en la zona.

Solís mostró un video filmado el domingo último, cuando hicieron un corte en la ruta provincial 54. Miembros de la Infantería llegaron con armas largas y chalecos antibalas para persuadir a los manifestantes para que despejaran la ruta.

Ayer los integrantes de las comunidades indígenas de la zona afectadas ahora además por la crecida del río Pilcomayo insistieron en su reclamo. El más urgente es el de cambiar el tendido eléctrico actual, que fue muy golpeado por los desbordes del río y con una infraestructura débil. “Corre cualquier viento y se sale del sistema”, comentaron otros pobladores de la zona a Salta/12.

En este caso, el reclamo principal fue que el nuevo tendido de la red eléctrica se conecte con la red principal en La Curvita Nueva, ubicada muy cerca de la ruta 54, y desde ahí siga al norte hasta Hito 1, el último paraje argentino antes de pasar a D’Orbigny, en Bolivia. El tendido actual, que se inicia por Santa María (más cerca de Santa Victoria Este, quedó afectado por las crecidas.

“Ahora tienen un pedido y estuve en reunión con Edesa y Obras Públicas”, dijo a este diario el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia. Aseguró que la reunión se hizo el 20 de marzo pasado en el Campamento de El Rosado, ubicado sobre la ruta 54 en la jurisdicción de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín.

Saravia reconoció que si hubiera otra crecida del Pilcomayo, la línea estaría comprometida. Pero para hacer un cambio se debe realizar el análisis de factibilidad y también la posibilidad de contar con fondos, dado que las obras que con otros gobiernos distintos al de Javier Milei se presupuestaban con fondos nacionales ahora están paralizadas, recordó.

“Pero no es que no tengan luz”, sostuvo Saravia al afirmar que el servicio de energía se está brindando en la zona. Recordó que si en el momento de los desbordes se cortó la energía fue con el fin de evitar electrocuciones. Sin embargo, los pobladores de la zona estuvieron unos 12 días sin luz y, por lo tanto, sin agua potable, dado que no funcionaban las bombas para extraerla de los pozos.

Por otro lado, las comunidades que protestan pidieron a los responsables de las donaciones que se hagan entregas en La Puntana e Hito 1, donde, dijeron, “muchas familias necesitan plásticos para techar las casitas precarias; tinacos, y bidones para almacenar agua”.

Un camino que no se hizo

En 2021, cuando se hizo pública la muerte de niños y niñas indígenas por causas evitables, entre otras muchas observaciones se señaló la falta de transitabilidad de los caminos.

A fines de ese año la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), Marisa Graham, presentó un recurso de amparo ante la Justicia salteña para que los habitantes de esa zona del norte salteño cuenten con caminos y agua apta para consumo humano.

La respuesta de la provincia fue un decreto por el cual se constituyó una Mesa Interministerial para Abordar el Estado de Emergencia Sociosanitaria que atraviesan los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

A tres años de aquella conformación y muchos más del mismo reclamo, entre los pedidos de las comunidades que se manifestaron ayer se encontraba la necesidad de que “se arregle el camino desde la ruta hasta Hito 1, ya que está en pésimas condiciones”, y también la “provisión de medicamentos en el centro de Salud de La Puntana”.

“Hoy nos sentimos en una zona inhóspita en donde comienza la Argentina. Tenemos un camino que cuando llueve un poco nos deja aislados para llegar a las ciudades. Y pasa año tras año. Pasó siempre y nunca pudimos conseguir que arreglen nuestro camino para que podamos transitar”, reclamó Solís.

Recordó que hubo y aún hay ocasiones en las que necesitan "sacar un paciente" y no pueden, por las malas condiciones de los caminos. "Muchas de las muertes las vivimos en carne propia y nunca pasó nada porque ellos (los representantes del Estado), se cubren con la Policía diciendo que no pudo salvar esa vida porque no se logró entrar a salvar al paciente”, sostuvo. 

Un bolsón cada 5 meses

Ayer la provincia informó de la entrega de 5 mil bolsones a las comunidades afectadas por la crecida del Pilcomayo en Santa Victoria Este, y dio por terminado el operativo de asistencia en la inundación. 

Por otro lado, ayer también las comunidades de Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá, o Estación Morillo, en el norte del departamento Rivadavia) cortaron la ruta nacional 81 pidiendo la entrega de módulos focalizados. Estos son los bolsones reforzados que se entregan a familias en las que hay integrantes con riesgo de bajo peso.

En una nota enviada al ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, el 3 de abril pasado, las comunidades Chañar 2, La Cortada, Primavera, Cacique Catán, La Represa y 50 Hectáreas, le pedían la entrega de esta ayuda que, según la nota, no recibían hace unos 7 meses.

Allí advirtieron que de no tener respuestas, iban a cortar la ruta este lunes, lo que finalmente sucedió.

“Cada tres meses nos dan un módulo”, dijo a Salta/12 una de las manifestantes. Sostuvo que las demoras los hacen sospechar que “esos bolsones se pierden”.

Desde el municipio rivadaviense se afirmó que las comunidades conocían el cronograma de entrega durante los próximos días y se especuló con que la protesta es parte de una “movida política” acorde a los tiempos electorales que culminarán en las legislativas del 11 de mayo.

Sin embargo, fuentes oficiales recordaron que esta ayuda también fue suspendida por el gobierno nacional cuando ingresó Sandra Petovello al Ministerio de Capital Humano.

Desde que asumió Javier Milei en la presidencia hasta el 20 de diciembre pasado la posibilidad de entrega quedó en manos de la provincia. En esa fecha se firmó un convenio por el desembolso “por única vez” de un poco más de 2.700 millones de pesos para la compra de los módulos. 

En principio, esto explicaría la demora de la entrega de los focalizados. Pues la última vez que los repartieron en la zona donde se hicieron los reclamos este lunes fue el 11 de noviembre del año pasado. Este dato surge de los partes oficiales del gobierno de la provincia respecto de la entrega de mercadería.