La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general este jueves 10 de abril, el tercero desde la asunción de Javier Milei como presidente. No habrá subtes, trenes, vuelos ni camiones, entre otros servicios de transporte. Sin embargo, el servicio de colectivos funcionará normalmente.

La medida de fuerza de la CGT se da en el marco de despidos masivos --tanto en el sector público como privado--, una brutal pérdida de poder adquisitivo de los salarios, represión a la protesta social y un nuevo proceso de endeudamiento con el FMI.

¿Por qué van a funcionar los colectivos el 10 de abril?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos de corta y media distancia y ómnibus de larga distancia, mantiene un conflicto salarial. Pero no solo con los empresarios del sector, sino con la Secretaría de Trabajo, que bloquea aumentos salariales superiores al 1% sin importar que haya acuerdo entre los sindicatos y las patronales.

Es por eso que la UTA había anunciado un paro para el 28 de marzo pasado, medida de fuerza que no llegó a concretarse porque desde la cartera de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria. Esa medida impide medidas de fuerza durante un período de 15 días corridos, que no llegarán a cumplirse para el 10 de abril, la fecha dispuesta por la CGT para movilizarse.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que acatará la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo. De este modo, no se sumarán al próximo paro general y el 10 de abril los colectivos funcionarán con normalidad. 

Desde el Gobierno le devolvieron el guiño a la UTA. Este martes la Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la baja de la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros del Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados. El pedido había sido formulado por la propia entidad, alegando razones económicas. La resolución, la 379/2025, ya se publicó en el Boletín Oficial.

Además, como informó Felipe Yapur para este medio, el Gobierno presiona de otras maneras a Roberto Fernández, líder de la UTA a nivel nacional, para que no adhiera al paro: desde multas, hasta quita de la personería gremial y, sobre todo, despidos a los trabajadores agremiados a UTA.

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