Buenaventura padece hoy circunstancias de guerra dramáticas, por las que debemos reconocer que la paz ya no será posible; no ahora, no en las actuales circunstancias, ni con actores que no respetan lo acordado en la mesa y enrarecen la brisa pura que la gente quisiera seguir aspirando. Más de 50 muertes en menos de 90 días constituyen un indicador que pone en jaque cualquier iniciativa de entendimiento que el gobierno esté adelantando con actores delincuenciales.

En el histórico de la violenta arremetida contra la vida, desde 2021 se registran 194 homicidios, con marcada disminución a 111 en 2022, un recuento de 137 en 2023 y una baja a 76 registros dejan cifras demenciales para una ciudad que todavía recuerda sus tiempos de contento y dicha al vaivén del mar.

Tras el asesinato de cinco jóvenes este fin de semana, los niveles de zozobra se han elevado hasta la crispación. Sobrecogida, la gente ni siquiera quiere ir a trabajar, menos aún, salir a la calle a seguir con las tareas de la vida cotidiana, temiendo encerronas en medio de las balas entre bandas criminales que rompieron la palabra empeñada y retornaron a los actos de agresión, en los que las comunidades son las más afectadas.

Aunque las autoridades hagan referencia a “retaliaciones” y acudan a las consabidas explicaciones de “ajustes de cuentas”, que invariablemente “son materia de investigación”, la gente está muriendo en las calles. La evidencia de que se utilizó el espacio de diálogo para reacondicionar fuerzas, anticipar movimientos estratégicos, copar zonas de control posicional, y mejorar la capacidad bélica, resulta más que evidente, al desoír los incesantes clamores de quienes manifiestan estar hartos de tanta violencia.

Por su parte, la sensación de que el estado no es capaz de proveer orden más allá del puerto crece, mientras las balas siguen cegando futuros y cobrando vidas, confinando a la gente en los diferentes barrios. La consternación por el recrudecimiento de las acciones violentas pasa factura a la administración municipal, a la que se acusa de debilidad e inoperancia; mientras persiste el afán de funcionarias y funcionarios por sostener la narrativa de paz en medio de una guerra que no parece encontrar salidas.

Liderazgos jóvenes, los más perseguidos en las actuales circunstancias, se manifiestan en videos en diferentes redes sociales, negándose a vivir con miedo, sometidos a la violencia, incrementando las iniciativas que evidencian el desespero por una situación de inestimable zozobra; por la que incluso se solicita a la Secretaría Distrital de Educación que establezca calendario de clases virtuales, mientras amaina la tempestad. Al mismo tiempo crece el llamado para que los diferentes colectivos e iniciativas desde las organizaciones y territorios actúen unidos, concertando las acciones de resistencia y denuncia en la actual situación.

Queda por verse cómo reaccionará el gobierno nacional en esta circunstancia que, de nuevo, deja mal parada a la inteligencia estatal tanto como cuestiona la capacidad de reacción estratégica e inmediata de las todavía denominadas “fuerzas del orden”. La vicepresidenta, la alcaldesa y diferentes actores políticos y ciudadanos reclaman al presidente que lidere personalmente la toma de decisiones para elevar la seguridad en la ciudad puerto. Sin embargo, queda claro que en sus comunas no se esperan actos de presencia sino acciones y ejecutorias sostenidas que acaben de raíz los problemas de violencia que se acumulan hasta niveles insostenibles.

Es evidente que los problemas de la ciudad no sólo nacen en el puerto, sino que se acrecientan por los negocios multicriminales que surte. El copamiento ilegal de las diferentes actividades mercantiles que propician la participación de carteles, clanes y aliados locales, nacionales y transnacionales, estimulan los altos niveles de desorden en la ciudad, sin que las autoridades civiles, militares y de policía logren descifrar las claves que desbaraten el pandemónium tras el sobresalto diario. El tamaño de lo que ocultan los contenedores que entran al puerto, tanto como lo que mercadea y se mueve entre los esteros, hace bastante improbable que descienda la cada vez más notoria presencia de actores criminales tras los jugosos negocios navieros, legales e ilegales.

Resulta urgente que, en todos los órdenes, las autoridades actúen de consuno. A la gente no le ayuda para nada asistir al espectáculo morboso del peloteo de responsabilidades, sin que se asuma con contundencia el que a las autoridades distritales, departamentales y nacionales les corresponde calmar el avispero, para acometer definitivamente estrategias que distensionen y transformen la conflictividad en la ciudad.

Si bien las treguas, aunque temporales, generan calma y, por lo menos, sacian las expectativas de tranquilidad para que la gente retome las labores del día a día, por ahora todo indica que ni siquiera tales compuertas podrán abrirse, con muertes que tocan las toldas familiares de los implicados en las bandas criminales. Además, el conjunto de acciones homicidas, desapariciones, amenazas y hostigamientos asociados a la diversa aparición de figuras armadas, consolida un escenario en el que habrá que salir del atolladero resulta urgente, si es que algún día resultará posible volver a aspirar la brisa pura de la paz.

*Doctor en Educación. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali. Colombia.

Publicado originalmente en www.diaspora.com.co