Mientras se desmorona las versión oficial sobre los “enfrentamientos”, los próximos días serán claves para la investigación por el asesinato de Rafael Nahuel: declarará el operador turístico que vio disparar a los miembros del grupo Albatros; se realizarán las pericias balísticas y sobre la ropa de los prefectos; y se solicitarían las claves para acceder a los teléfonos secuestrados a los uniformados. A dos semanas del asesinato de Rafael Nahuel, ningún elemento permite dar por ciertas las teorías del Gobierno en torno al supuesto “enfrentamiento”, la posesión de armas en manos de la comunidad mapuche, y la presencia de integrantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Los datos que se desprenden del expediente judicial, así como los elementos recogidos durante la inspección ocular del pasado jueves, confirman los dichos de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda, y la bala que le provocó la muerte es de un arma 9 milímetros compatible con las utilizadas por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

El primer dato sobre cómo sucedieron los hechos lo escuchó el Juez Gustavo Villanueva de boca de Lautaro González, quien junto con Fausto Jones Huala llevó el cuerpo de Rafael desde la montaña hacia la ruta, luego que recibiera el balazo. “Nosotros le avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido y ellos se retiraron en el momento. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica”, dijo en su declaración ante el magistrado que lo dejó detenido durante cuatro días.

“Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo, para que no pase lo mismo que con Santiago Maldonado, por lo corrupto que son”, agregó según el testimonio al que accedió PáginaI12.

Y describió la actuación de Prefectura: “No nos dieron tiempo a nada. Nos dieron la voz de alto y después empezó la balacera.”

En ese documento, el propio Villanueva deja en claro que el supuesto “ataque” por parte de los mapuches a los integrantes del grupo Albatros, se dio con “cuchillos y hondas de revoleo”.

Horas después, y mientras velaban a Rafael, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló de “enfrentamiento”, y armas de fuego en poder de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

No hay ningún elemento, testimonio o prueba en el expediente judicial caratulado hasta el momento como “NN sobre muerte dudosa”, que permita abonar la teoría de Bullrich y el Gobierno.

En los próximos días una serie de pericias permitirían confirmar que uno de los 21 prefectos investigados disparó la bala que mató a Rafael y cuál fue. Mientras en el Centro Atómico Bariloche se realizará el análisis sobre las armas secuestradas a los Albatros; expertos del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro llevarán adelante las pericias sobre las decenas de vainas servidas de balas 9 milímetros halladas en el territorio durante la reciente inspección ocular. En paralelo se concretará el estudio sobre el proyectil extraído del cuerpo del joven.

Estos tres estudios son trascendentes para señalar qué armas fueron disparadas, y con cuál de ellas se realizó el tiro mortal.

Al mismo tiempo, el Juez Villanueva ya remitió el oficio correspondiente al Centro Atómico para la realización del barrido electrónico de restos nitrados sobre las muestras tomadas en las cintas de carbono. Este estudio permitirá determinar la presencia de pólvora en las manos de los prefectos, de los dos jóvenes detenidos en el inicio de la investigación -Fausto Jones Huala y Lautaro González-, y del propio Rafael Nahuel.

Mañana, en tanto, declarará Pablo Curlo, el operador turístico que pasaba por la zona de Villa Mascardi cuando se produjo el operativo del grupo Albatros. El hombre aseguró a los medios haber visto a los efectivos del grupo Albatros disparando rodilla en tierra desde la ruta y hacia la montaña. Dijo además que no fue la única persona en observar el hecho, y detalló que se encontraba a unos “50 ó 60 metros” del lugar donde los uniformados “en el medio de la ruta” y con “armas largas” efectuaban disparos hacia la comunidad. “De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’”, detalló. Agregó que pudo ver cómo dos personas bajaron a un muchacho que parecía herido. Se trataría de Fausto Jones Huala y Lautaro González trasladando a Rafael. Tras esa publicación, Curlo fue citado por el magistrado.

Finalmente, sería inminente el pedido del Juez Villanueva a la Policía Federal para que solicite a los integrantes de Prefectura investigados que aporten la clave o patrón para desbloquear los celulares que oportunamente fueron secuestrados por el juzgado.

Del total de 21 uniformados partícipes del operativo en Villa Mascardi, 20 regresaron a la localidad de bonaerense de San Fernando. Uno permanece en Bariloche.

Según fuentes con acceso al expediente, el juez espera que de los teléfonos de los prefectos surja información para la causa, a partir del cruce de llamadas o mensajes.

La querella representada por las abogadas Julieta Wallace y Natalia Araya, en nombre del padre de Rafael, esperan que con todos los datos surgidos de la inspección ocular y las pericias, así como los testimonios recogidos, el Juez Villanueva cite a declarar en los próximos días a los integrantes de Prefectura que participaron de la represión, y acepte cambiar la carátula de la causa a “homicidio agravado”.