En la noche del domingo 8 de diciembre de 2024, cuatro niños afroecuatorianos, Ismael Arroyo de 15 años, Josué Arroyo de 14, Nehemías Arboleda de 15, y Steven Medina de 11, fueron detenidos por militares de la Fuerza Aérea al regresar de jugar un partido de fútbol en un barrio de Guayaquil. Dieciséis días después, sus cuerpos aparecieron mutilados y calcinados en un terreno cercano a una base militar.
El Estado ha sostenido una narrativa que estigmatiza a las víctimas y encubre las responsabilidades institucionales en el crimen. Recién cuando se hizo público el video de una cámara de seguridad donde quedaba registrada la detención de los niños a manos de los militares, la justicia reconoció que se trató de una desaparición forzada.
En ocasión del conversatorio Internacional “Racismo institucional: El caso de los cuatro de Guayaquil”, que se desarrolló en Espacio Malcolm, Negrx entrevistó al abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastías, quien representa a las familias de los 4 de Guayaquil.
¿Cómo llegó la CDH a representar a las familias de Ismael, Josué, Nehemías y Steven?
Un diario de poca circulación en Guayaquil sacó el título “Personas vestidas de militares se llevaron a 4 niños”. Ahí dijimos, tenemos que acompañar el proceso, e intentamos comunicarnos por todas las vías con las familias, pero sin éxito por un tiempito. Un día tocaron el timbre y eran las familias de los 4 niños. “Los estábamos buscando les dijimos”.
Para ese momento la investigación estaba caratulada como secuestro. Eso fue lo primero que no nos cuadró. Cómo iba a estar catalogada como secuestro si estaban involucrados militares. Por eso activamos dos cosas urgentes, por un lado un habeas corpus, y por otro una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada. Eso fue un jueves, el sábado siguiente se hizo mediático el caso y el domingo Naciones Unidas se pronunció y se movió todo. Se puso fecha al habeas corpus, hablamos con la fiscalía y se retipificó el caso como desaparición forzada. Se pasó a otro fiscal y éste ordenó allanamientos del lugar.
¿Qué elementos permitieron que se reconociera legalmente la desaparición forzada?
La desaparición forzada es la detención e incomunicación de una persona por parte de agentes del Estado. No es que el cuerpo no debe aparecer nunca, sino que el solo hecho de que lo detuvieran y lo dejaran incomunicado ya configuró el delito. Ellos negaron tenerlos. Luego dijeron que sí, pero que los habían liberado, entonces el gobierno dijo que no era desaparición forzada, pero así no funcionan las cosas. Por eso ganamos el habeas corpus y el Ministro de Seguridad tuvo que pedir disculpas públicas. En el caso de los 4 de Guayaquil ya en el tercer día tenían conocimiento de que había un video que involucraba militares, pero la fiscal no hizo nada.
El caso ocurrió en el contexto del Plan Fénix, que autoriza la intervención militar en barrios populares. ¿Cómo ves el vínculo entre este tipo de políticas de seguridad y el racismo estructural en Ecuador?
El Plan Fénix es un discurso mediático. Las políticas públicas tienen objetivos, metas, indicadores, seguimiento, pero en Ecuador tenemos esta “política de seguridad" que es la única política “pública” que es secreta. Si es secreta y confidencial entonces no es una política pública, es solo un discurso. Y es racismo estructural porque no es una violencia contra todo el mundo. Es una violencia estatal en barrios empobrecidos y las detenciones son motivadas por estereotipos concretos: personas afrodescendientes, personas empobrecidas, personas campesinas. Y siempre se usa la tortura para lograr declaraciones de autoculpabilidad.
¿En qué estado está hoy la causa? ¿Pudieron avanzar sobre las responsabilidades dentro de la cadena de mando militar o todo recae sobre los autores materiales?
Hay dos hechos distintos: la desaparición y luego la muerte. Por supuesto están asociadas, pero son dos conductas distintas que afectan distintos tipos de derechos. La justicia dictó prisión preventiva para 16 detenidos. Puede que haya distintos niveles de responsabilidad entre ellos pero eso todavía no lo sabemos.
El informe del médico legista salió hace una semana y ahí confirmamos algunas cosas, la primera es que los quemaron para quemar evidencias. Lo segundo es que había restos de trayectos de bala en algunas estructuras óseas, lo tercero es que no se va a poder descubrir nada más. Esto es así porque el estado de los cuerpos era de putrefacción y carbonización importante. De ahí muy poco se puede sacar, pero la primera impresión es que eso no es lo que hacen las bandas del crimen organizado, a ellos no les interesa encubrir sus muertes, al contrario, las muestran orgullosos.
Vale la pena señalar que los militares son responsables de la muerte aunque no hayan apretado el gatillo, porque ellos los abandonaron en un lugar donde sabían que iban a morir. Por eso, hayan disparado o no, son responsables de las muertes.
Si no se logra responsabilizar a los militares y al Estado por la muerte de los chicos en Ecuador, lo intentaremos internacionalmente. Aquí hubo un intento directo de matar a 4 niños racializados.
El próximo domingo hay elecciones en Ecuador. ¿Cómo influye esto en la política de seguridad?
Las medidas punitivas, lamentablemente, están muy legitimadas en el Ecuador. La consulta popular que lanzó Noboa para facilitar la movilización de fuerzas armadas ganó con 75%. El problema de la securitización es que cada vez escala más y no tiene fin. Más violencia estatal, más violencia de las bandas criminales y más violencia estatal, en un espiral.
Luisa González [candidata del correísmo], va a tener que enfrentarse a una presión mediática enorme. Luisa, por ejemplo, propone gestores de paz, una medida correcta que ya funcionó. Pero los medios están en una campaña de desinformación tremenda y dicen que la candidata quiere armar grupos paramilitares. Ese es su reto, si gana.
Niños racializados que son vistos como sospechosos por defecto, barrios populares que se transforman en zonas de guerra y fuerzas armadas que actúan con total impunidad: los 4 de Guayaquil no son un caso aislado sino un crimen de Estado en el marco de la violencia sistemática que pesa sobre los cuerpos negros y empobrecidos de Ecuador y de toda América Latina. Según explica Fernando Bastías, en el último año se registraron 40 casos de desaparición forzada en su organización y sospechan que existen muchos casos más, en el contexto de excepción en que gobierna Daniel Noboa, que habilita la intervención militar en barrios populares bajo la figura del “conflicto armado interno”, como parte del Plan Fénix. Este domingo Ecuador puede elegir abandonar este proceso, o ratificarlo en las urnas.
