Las primeras declaraciones de Rubén Weder, luego de asumir como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, movieron el avispero. El funcionario consideró que el máximo tribunal “debe aggiornarse en algunos temas técnicos” y adelantó que la futura reforma constitucional definirá aspectos en cuánto al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. “Si bien dependen del Poder Judicial, no hay una relación, sino que parece depender del Poder Ejecutivo”, deslizó. Las declaraciones no cayeron del todo bien en la Fiscalía General, que respondió por medio de un comunicado, reafirmando su posicionamiento como un órgano extrapoder. “Las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”, advirtieron.
Este miércoles Weder juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina, tras la renuncia de María Angélica Gastaldi. El nuevo cortesano viene de ser fiscal de Estado en el gobierno de Omar Perotti y su designación forma parte del acuerdo entre el espacio del exgobernador y la alianza Unidos. De esta manera, se completó la renovación del tribunal impulsada por el gobierno provincial, con la asunción de Margarita Zabalza (referenciada en el Partido Socialista) y Jorge Baclini (vinculado al gobernador Maximiliano Pullaro), a mediados de marzo. Esos cambios se dieron para reemplazar a Mario Netri por un lado, y para ocupar la silla extra que se sumó ante la decisión de ampliar la Corte a siete miembros.
En ese marco, luego de la asunción, Weder habló en rueda de prensa y dejó una serie de definiciones que generaron ruido en el ecosistema judicial de la provincia. El funcionario fue consultado sobre el perfil que debía adoptar el máximo tribunal a partir de su nueva composición y adelantó que, más allá de la adaptación “técnica” a los tiempos que corren, la reforma constitucional que se avecina también traería definiciones.
“Yo creo que la Corte debe aggiornarse en algunos temas técnicos, pero hay cosas para definir que creo que quedan en manos de la Constitución. Qué se hace con el Ministerio Público de la Acusación, y de la Defensa, si van a estar adentro del Poder Judicial o van a estar afuera, porque son cuestiones de manejo distinto. Si bien dependen del Poder Judicial, no hay una relación, sino que parece depender del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que eso hay que definir”, expresó. Y agregó: “La Constitución va a tener un gran trabajo con los constituyentes para estas cosas”.
Los dichos motivaron una rápida respuesta por parte de la Fiscalía General, que publicó un comunicado en sus redes sociales. “Las declaraciones públicas del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Rubén Luis Weder, en las que hizo referencia a la ubicación institucional de este Ministerio Público de la Acusación, imponen la obligación institucional de reafirmar públicamente la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que rigen el desempeño del MPA”, señalaron.
En el escrito, las autoridades del MPA también remarcaron que “las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”. Y señalaron que el desafío del organismo es “dar respuestas institucionales a la altura de la realidad social atravesada por violencias altamente lesivas”, lo que requiere de un trabajo mancomunado con otras agencias del Estado, vinculadas a la seguridad pública “sin que ello pueda entenderse como un menoscabo a su autonomía o independencia”.
“Es oportuno reiterar, en miras a la inminente reforma constitucional, el posicionamiento institucional en relación a que el MPA sea un órgano extrapoder, en línea con la Constitución Nacional que ubica al Ministerio Público como un órgano independiente del resto de los poderes del Estado”, sentencia el comunicado.
En el contacto con los medios, Weder también fue consultado sobre las declaraciones de Pullaro, respecto a que en la nueva Constitución “no habrá un solo concepto garantista”. Sin embargo, el nuevo funcionario buscó restarle importancia a esas definiciones: “Es muy difícil retroceder estando los tratados internacionales de derechos humanos”.
Por último, ponderó la decisión de ampliar la corte a siete miembros: “Siempre fue un inconveniente que la Corte tenga número par. Cuando charlaba con otros relatores de Corte en algunas reuniones, no entendían que un órgano colegiado funcione con un tribunal par”.
