Una característica de los países en desarrollo es la recurrencia de los eventos de crisis del sector externo. Durante estos episodios, cuando la presión cambiaria puede ser contenida se registran caídas de reservas y subas de tasas de interés, y cuando no puede ser contenida hay grandes devaluaciones que terminan en una crisis de balance de pagos. La experiencia argentina, tanto histórica como reciente, da cuenta de numerosos ejemplos de estos episodios.
En esos momentos, es habitual escuchar a los economistas aconsejar disciplina fiscal, reducción del gasto público y del déficit fiscal como mecanismos para solucionar la crisis. Para los analistas éstas son las medidas de política apropiadas que deben adoptarse en esos contextos, a fin de reducir la tasa de interés, “enviar señales de tranquilidad, confianza y responsabilidad” a los mercados financieros, “solidificar las fuentes del crecimiento”, y sentar las bases para eventuales períodos futuros de prosperidad.
El fundamento de estas ideas parte de concebir al gasto público como una aspiradora de recursos privados. La ausencia de disciplina fiscal hace que se reduzcan los fondos disponibles para la inversión privada dando lugar a un efecto que se conoce como desplazamiento o “crowding-out”. Los mecanismos causales usualmente citados tienen dos vertientes: por un lado, se asume que la deuda pública siempre se paga, por lo que los individuos se anticipan a aumentos futuros de impuestos, reduciendo su consumo e inversión en la actualidad. De manera equivalente, un mayor gasto público implica mayores tasas de intereses en el mercado, ya sea por la presión del estado para financiarse o por el costo de esterilizar el déficit que tiene el Banco Central. La visión extrema de este enfoque son las teorías de “austeridad fiscal expansiva”. En este caso, una reducción del déficit fiscal mediante un achicamiento del gasto público no solo no afectaría el crecimiento, sino que al contrario, generaría una mayor actividad económica. Este tipo de teorías ha sido largamente promovido por lo organismos internacionales de crédito durante la década del noventa para fomentar el crecimiento en los países de América Latina, y ha servido además, como fundamento teórico para los planes de austeridad en la Eurozona desde 2010 en adelante.
Sin embargo, la evidencia empírica que respalda estos argumentos es sumamente escasa. En un capítulo del libro recientemente publicado “Debates sobre el tipo de cambio: el eterno retorno de lo mismo” editado por Florencia Medici y publicado por la Universidad Nacional de Moreno estudiamos información trimestral para diecinueve países en desarrollo entre 1993-2013 sobre programas de ajuste fiscal, crisis de balance de pagos y crecimiento. Usando la distinción entre crisis cambiarias que fueron y no fueron recesivas encontramos que del total de 132 eventos clasificados como crisis de balance de pagos, solo 65 resultaron ser crisis cambiarias recesivas. Es decir, que solo la mitad de los eventos identificados como crisis tuvieron impactos negativos relevantes sobre el PBI. Luego de ello, analizamos la cuestión de la política fiscal. Allí observamos que una de las principales características que distinguen las crisis de balance de pagos que fueron y no fueron recesivas es la existencia de una política fiscal expansiva y no contractiva. Aquellos países que pudieron expandir el gasto público luego de una corrida, tuvieron un menor impacto sobre los niveles de actividad.
De modo que teniendo en cuenta la configuración estructural de nuestras economías, se hace preciso revisar las discusiones sobre el rol de la política fiscal luego de que se producen las crisis del sector externo. Actuar sobre las consecuencias de las crisis de balance de pagos debería ser una discusión distinta que la de prevenirlas. Las llamadas “consolidaciones fiscales”, que no son otra cosa que los tradicionales programas de ajuste fiscal en medio de episodios recesivos, deprimen la demanda, el consumo y la capacidad de compra, agravando las crisis de balance de pagos en lugar de solucionarlas.
* Economistas. Centro de Estudios Económicos del Desarrollo-IDAES/UNSAM y Conicet.
