Se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley (PL) 4710/2024, que busca prohibir la distinción entre ascensores de servicio y sociales en todo el territorio nacional. La iniciativa está a la espera de que se designe un/a relator/a en la Comisión de Derechos Humanos, Minorías e Igualdad Racial (CDHMIR).

La propuesta, presentada por el diputado federal Fausto Pinato (PP-SP), plantea modificar un artículo del Código Civil brasileño para impedir que consorcios y edificios de cualquier tipo establezcan diferencias entre el ascensor social y el de servicio.

Según el texto legislativo, la distinción sólo se mantendrá en casos de transporte de cargas. La propuesta también establece que los edificios y consorcios deberán fomentar el uso igualitario de todos los espacios comunes por parte de los usuarios.

Para el autor del proyecto, esta práctica refuerza las desigualdades raciales históricas presentes en la sociedad brasileña. Pinato destaca que Brasil es uno de los pocos países que aún mantiene esta distinción.

“La diferenciación entre los usuarios del ascensor social (normalmente personas blancas) y los usuarios del ascensor de servicio, trabajadores (muchas veces afrodescendientes), refleja prácticas discriminatorias que naturalizan la exclusión y la segregación de espacios. Esta práctica, que es una herencia directa de siglos de esclavitud, debe ser superada de forma definitiva”, señala un fragmento del proyecto de ley.

El diputado sostiene que el uso igualitario de los espacios comunes contribuye a reducir prácticas de discriminación racial y a construir una sociedad más justa.

“Esta medida es más que una reglamentación sobre la convivencia en consorcios; es un paso hacia el cambio de mentalidades y la promoción de la igualdad racial”, destacó el parlamentario en el texto legislativo.

La iniciativa se inspira en otras legislaciones que ya abordaron el tema. En agosto de 2023, la Asamblea Legislativa de Espírito Santo (ALES) prohibió la distinción entre ascensores sociales y de servicio. La ciudad de Río de Janeiro también sancionó una ley similar en mayo del mismo año.

Además de la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto de ley será evaluado por las comisiones de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. En caso de ser aprobado, el texto legislativo deberá ser votado por la Cámara y el Senado para convertirse en ley.

Publicado originalmente en: almapreta.com.br