Un informe oficial reveló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destinó más de $78 millones para equipar a las fuerzas de seguridad con armamento y materiales destinados a la represión de las protestas. La cifra, solicitada a través de un pedido de acceso a la información pública por la diputada Natalia Zaracho, incluye gastos en cartuchos, granadas de gas y aerosoles de gas pimienta. La revelación llega en medio de una escalada de violencia por parte de las fuerzas federales durante las manifestaciones de jubilados que reclamaban por sus derechos frente al Congreso.
El pasado miércoles 12 de marzo, cientos de jubilados se movilizaron en busca de respuestas ante la crisis económica que los afecta, y fueron recibidos por un desmesurado despliegue de fuerzas de seguridad.
Los efectivos, comandados por Bullrich, utilizaron gas pimienta, cartuchos de gas lacrimógeno y hasta granadas de mano, causando heridas a varios manifestantes, entre ellos al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió lesiones graves. Incluso, en una manifestación anterior, una niña de 10 años había resultado afectada por el gas pimienta que un efectivo policial descargó en su cara.
Miércoles a miércoles, las fuerzas de seguridad aumentaron la brutalidad del operativo, mientras el Gobierno de Javier Milei anunciaba un magro aumento del 2.4% en las jubilaciones y pensiones, con un bono extraordinario de $70 mil que sigue congelado desde marzo del año pasado.
Granadas sí, aumento jubilatorio, no
El informe oficial detalla con precisión los gastos destinados a la represión de las protestas, revelando que el Ministerio de Seguridad Nacional adquirió una amplia gama de insumos para "sofocar las manifestaciones".
Entre los materiales adquiridos se encuentran cartuchos de gas de 38.1 mm (tanto CN como CS), granadas de mano con gas CS, proyectiles de gas lacrimógeno de 40 mm, y aerosoles de gas pimienta M9-OC.
Además, se incluyeron cartuchos de estruendo, granadas de disuasión química, y perdigones de goma, que fueron distribuidos entre las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval. El desembolso total por estos insumos alcanza la impactante suma de $78 millones, una cifra que refleja el énfasis en la represión como respuesta ante el descontento social.
Mientras tanto, las necesidades de los jubilados, que desde hace meses vienen reclamando por una mejora en sus haberes, siguen sin respuesta. El Gobierno de Javier Milei aprobó un aumento del 2.4% para las pensiones y jubilaciones, una cifra que resulta insuficiente frente a la inflación y al creciente costo de vida.
La disparidad entre el gasto millonario en armamento represivo y la escasa atención a las demandas sociales pone de manifiesto las prioridades del Gobierno: más recursos para enfrentar el malestar popular con violencia, pero inexistentes respuestas a la crisis.
