Ana María limpia el mundo que la esclaviza

Ana María Jeremías es mujer angoleña pobre, traficada a Portugal por una familia de ese país cuando tenía 9 años, bajo falsas promesas de crianza y educación que se rompieron con trabajo forzoso, maltrato y racialización. En su Angola natal se llamaba Utima, que significa “corazón”, pero en Portugal debió sepultar su identidad con el nombre María -el apodo que se les da a las trabajadoras de casas particulares-, alterar su fecha de nacimiento y trabajar en el servicio doméstico, cuarenta años limpiando casas y acompañando vidas ajenas. Compone uno de los retratos que ganaron el World Press Photo 2025, y su autora, María Abranches, interpreta que la imagen galardonada de ese cuerpo entre penumbras, donde el agotamiento se funde en la pulcritud de una de las viviendas que Ana María limpia, “es el retrato de una mujer con una historia común a innumerables mujeres, cuya contribución silenciosa construyó, dio forma y sostiene el mundo”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021, el año más reciente cubierto por uno de sus estudios internacionales, 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso, y la mayor parte en el sector privado, con un 86% de casos, de los cuales el 63% corresponde a explotación laboral.

“Este retrato pertenece a una serie llamada ´María´, que se centra en dos preguntas planteadas por la historiadora y activista Françoise Vergès: ¿Quién limpia el mundo? y ¿por qué esta obra tiene un perfil racial y de género?”, detalla la fotoperiodista y arquitecta al diario portugués Público, conmovida por la imagen de la mujer exhausta en ese sillón. “Esa fotografía es especialmente fuerte para mí porque, salvo algunos momentos de su trayecto en transporte público, de su casa al trabajo, de las afueras al centro de la ciudad, fue la única vez que la vi detenerse unos segundos, tal era su agotamiento. Acababa de ayudar a una anciana que había cuidado durante muchos años a levantarse después de una caída.”

Esclavitud feminizada

Lxs trabajadorxs migrantes son actorxs centrales de esa franja laboral, pero también quienes experimentan "un mayor desequilibrio entre su trabajo y su vida personal". El “Monitor de Empleo del trabajo doméstico y de cuidados a domicilio” (PHS, por su sigla en inglés), la mayor encuesta producida en Europa sobre el sector, indica que “el 38.2% de los trabajadores migrantes del sector de PHS dijeron que el trabajo no les permite un buen balance entre su vida laboral y personal, en comparación con el 27.5% de los trabajadores no migrantes que afirmaron lo mismo”. La inmigración laboral a Portugal inició a fines de 1960, con trabajadorxs provenientes de antiguas colonias africanas: los hombres encontraban trabajo en la construcción y las mujeres en tareas domésticas. Hoy, el 98,3% de lxs trabajadorxs domésticxs son mujeres. Al extremo marginal de la cuerda, traficantes de personas explotan en Portugal a víctimas nacionales y extranjeras; facilitan el ingreso de mujeres y niñxs solicitantes de asilo, muchxs de ellxs procedentes de África, como Ana María.

Su fotografía "busca contar la historia poco reconocida de la vida y el trabajo de las mujeres racializadas en Portugal, donde la estructura social todavía está fuertemente marcada por su pasado colonial”, remarca Abrenches. El Indice Global de Esclavitud confirma que más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de "esclavitud moderna”. En el camino, parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que Javier Milei detesta, es “la erradicación del trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas“.

El trabajo doméstico remunerado es una fuente vital de empleo para cerca de 100 millones de personas a nivel mundial, “ya que a menudo está oculto y no registrado”, señala un informe de Unicef que lo define como “un trabajo altamente feminizado, con las mujeres representando el 70,2% de los trabajadores domésticos”.

Del Africa y la Angola de Ana María, al Sur Global que conforma la Argentina, no hay diferencias extremas en la porción que toca de esos 100 millones: mientras que en el primero el trabajo doméstico representa el 1,4% del empleo total y el 4,9% del total de empleadxs remuneradxs, entre el 4% y el 10% de lxs trabajadorxs se dedican a esta forma de empleo en el Sur de América. De las cifras se recortan las vidas de mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que son captadas por explotadores con engaños y amenazas, aprovechando la asimetría de poder y las situaciones de pobreza extrema. En miles de casos ejercen actos de violencia sexual que son silenciados con encierro, violencia física y psicológica, además de secuestrarles la documentación, de jornadas inhumanas de trabajo pesado y mala alimentación.

A fines de 2024, la Justicia Federal de Córdoba condenó a 10 años de prisión a Javier Albarenga por la explotación laboral de dos hermanas que captó en Formosa, una de ellas menor de edad, para esclavizarlas en un tambo cerca de la localidad de Ucacha, en el departamento de Juárez Celman. La condena por el delito de "trata de personas agravada por violencia sexual y abuso de situación de vulnerabilidad en perjuicio de dos víctimas”, no alcanzó a su padre, Celestino Albarenga, el otro imputado y arrendador del tambo, que fue separado del proceso por incapacidad.

Hasta lograr escaparse, las jóvenes soportaron durante meses jornadas de casi 20 horas diarias y realizaban todo el trabajo de explotación tambera, “que incluía la colocación de boyeros y varillas en caminatas de extensas superficies, la alimentación de terneros con una sola mamadera, el acarreo de maíz para alimentar a otros animales, ordeñar las vacas, encerrar al ganado y recoger animales muertos”, precisa el sitio fiscales.gob.ar.

El fiscal de la causa, Carlos Gonella, reveló que las hermanas eran sometidas a constantes malos tratos. “Realizaban sus actividades sin descanso, casi sin alimentos y viviendo en una casa precaria ubicada en el predio, donde dormían en el piso con escaso abrigo, sin tener la posibilidad de adquirir comida y elementos de higiene personal, ni de poder comunicarse libremente con su familia”, subraya el informe. “Tampoco podían salir del lugar ya que, según relataron, eran encerradas bajo llave para que el dueño del campo y otras personas que frecuentaban el lugar no pudieran verlas.”

No hace mucho que Ana María logró acceder finalmente y por lo menos a una vivienda propia en el país donde fue sometida a trabajo infantil forzoso y el futuro le quedó atado al empleo en casas particulares. Otros soles brillaban en la Argentina, antes de la irrupción de Javier Milei a la Presidencia, cuando funcionaba el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata, explotación de personas y lavado de activos. O el Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que promovía la autonomía de las víctimas de ese delito con una prestación económica específica, en articulación con el Registro de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas (Redavit), una plataforma virtual para la carga y sistematización de los datos de la asistencia brindada a las víctimas. 

Hasta que fue degradado a Secretaría, el Ministerio de Trabajo desarrolló el Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Afectadas/os por los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación desplegaba el Programa Acompañar, con asistencia integral a mujeres y personas lgbtiq+, mediante el fortalecimiento psicosocial y el apoyo económico para construir nuevos proyectos de vida sin violencias de género. Eran pilares de las políticas públicas contra la trata de personas de los que, a un año del nuevo gobierno, ya no queda nada.