La periodista británica, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), viajó a la Argentina para participar de las actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, no pudo ingresar al país: fue demorada en Ezeiza y deportada a Ecuador. Se convirtió en la segunda persona deportada por la alianza gobernante.

"Hubo una lista de organizaciones inscritas para participar en organizaciones ciudadanas. Yo estaba en una de ellas. Nos avisaron unos días antes que Argentina nos negaba la acreditación. Nos dijeron que tal vez tendría problemas para ingresar al país. Cuando llegué vi que tenían mi nombre registrado en la computadora, tomaron un pretexto y me deportaron", contó Burch en el programa A los Botes de FutuRock.

"No hablé con quienes tomaron la decisión. El pretexto oficial fue que yo era turista. La única explicación que encuentro es que no les hayan gustado las cosas que yo escribo: posiciones críticas en temas de derechos de la comunicación”, advirtió. 

Burch contó que “hubo un trámite de hábeas corpus para que no me subieran al avión”. “Ahora me han dicho que puedo entrar al país, pero no tengo constancia escrita. De todos modos, no puedo volver. Sí voy a hacer gestiones para asegurarme de que me quiten la prohibición. El gobierno ecuatoriano me apoyó, pero no logró impedir que me deportaran", reveló.

Uno de los temas más abordados por la periodista británica es la necesidad de introducir en la agenda de la OMC un debate sobre las regulaciones del comercio electrónico, al que considera “muy inconveniente” para los países en desarrollo y al que el presidente Mauricio Macri alienta con acuerdos como los celebrados con el gigante Amazon y con la decisión de modificar la ley de Protección de Datos Personales, que habilitaría un traspaso masivo de datos para promover la venta por Internet. “Básicamente lo que defiende son los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales", denunció Burch, quien aclaró que no tienen “nada en contra del comercio electrónico”, pero que, sin embargo, la OMC “hay un grupo de trabajo que discute esto desde hace años, pero no puede tomar decisiones”. 

“El problema es que se está proponiendo desde EEUU, Europa y Japón que no se le pueden exigir a las empresas transferencias tecnológicas. Eso afecta nuestro desarrollo, pero también el empleo: hay que capacitar una mano de obra local. Están exigiendo flujos de datos sin ningún tipo de traba. Ningún país podría pedir que los datos transfronterizos queden dentro de su país", amplió.